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El Sur peruano y el ensayo de las estrategias de represión

Por Raphael Hoetmer*

Investigador, candidato al doctorado en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmo de Rotterdam

Hace algunos años advertimos[1] que el actual modelo minero tendría dos opciones de cara al futuro: Aumentar significativamente sus estándares ambientales y de derechos humanos  o imponer la actividad extractiva con cada vez mayor autoritarismo. El primer camino, implicaría políticas publicas rigurosas de ordenamiento territorial, de regulación y fiscalización ambiental, y de consulta previa libre e informada entre otros, para definir donde puede darse la actividad extractiva bajo qué condiciones, y donde se priorizan otros planes de vida y de economía.

Carrera hacia el fondo

Con los sucesivos paquetazos ambientales los gobiernos de Humala y PPK, por lo contrario, han apostado por –lo que Carlos Monge ha llamado- una carrera hacia el fondo, en lo cual bajar los estándares ambientales y de derechos buscan atraer nuevas inversiones mineras, a pesar de que investigaciones rigurosas evidencian que el nivel de inversiones extractivas en el Perú no depende de sus estándares (que ya son más bajos que en otros países), sino de las dinámicas del mercado global.

Estándares más bajas implican mayor posibilidad de vulneraciones de derechos de las poblaciones afectadas por las actividades extractivas, que a su vez, crean condiciones para la conflictividad social (y en este sentido, finalmente, perjudican a las empresas mineras mismas).

En consecuencia, se hace más necesario innovar en las estrategias de controlar la conflictividad, la crítica y oposición a las actividades extractivas, con particular énfasis en los territorios donde estas actividades se desarrollan.

En la actualidad, el –mal llamado- corredor minero del Sur Andino se ha vuelto la principal zona de ensayo e implementación de las estrategias corporativas y estatales frente a la conflictividad. En esta zona, que va desde Cotabambas hasta Espinar, hay una alta concentración de megaproyectos mineros (en explotación y en proyección) y de una infraestructura para viabilizarlos, que exige control del territorio y lo que Francisco Durand llama “la captura del Estado”, a través de distintas estrategias de legitimación del extractivismo, de cooptación y reorganización de las sociedades locales y las instituciones gubernamentales, y de represión, criminalización y eliminación de las críticas y disidencias frente a la actividad minera.

Tendencias autoritarias

En los últimos tres años se ha hecho muy visible el lado autoritario de esta imposición del extractivismo, que ha incluido detenciones arbitrarias, hostigamiento y estigmatización de defensores del territorio, vigilancia y control social ejercido por las empresas de seguridad y la policía, convenios entre la policía y las empresas mineras, la judicialización de la protesta, la represión de la protesta social que resulta en lesiones graves y muertos, y la militarización del territorio. Y todo esto en un territorio donde la población no se opone a la actividad minera como tal.

A ello, se ha sumado el último año la declaración de sucesivas estados de emergencia de carácter preventivo, de tal modo que ya sean sistemáticos y podrían volverse permanentes. Yo estaba justo antes y después de la declaración del Estado de Emergencia en Mara, donde podría escuchar las preocupaciones lógicas (y legitimas) de la población sobre la carretera que diariamente es usado por cientos de camiones que transporten los minerales e insumos de Las Bambas.

A las comunidades lxs preocupa la falta de consulta y de compensación adecuada, la contaminación por el polvo, e inclusive la imposibilidad de realizar clases en un colegio que se encuentra de lado de la carretera por el ruido y el polvo.

Tras varias solicitudes de atención las comunidades decidieron bloquear la carretera, impidiendo el paso al transporte minero (si hubo un desvío para movilidades más chicas). No hubo violencia

En este contexto el Estado de Emergencia tiene un objetivo claro: garantizar el tránsito de los transportes mineros. Se justifica con un lenguaje de derechos empresariales, y la necesidad de seguridad, priorizando estas sobre los impactos en la población, callando sus críticas y demandas, y postergando soluciones a problemáticas reales y atendibles. Y todo ello, en un territorio donde la presencia del ejército se articula con secuelas y traumas de la época de la violencia política que fue fuerte en Cotabambas y Chumbivilcas. Se impone un clima de miedo, angustia y frustración, que al fin de cuentas puede alimentar futuros conflictos.

Territorios de excepción

El caso del corredor minero del Sur andino evidencia una tendencia preocupante (que aún se puede corregir o parar). Podemos estar ante la constitución de un territorio con una estado de excepción de facto, donde la fuerza pública tiene como objetivo principal el control del territorio para hacer garantizar las inversiones y derechos empresariales. Los convenios entre policía y empresas, las declaraciones de estados de emergencia que permitan la militarización del territorio, y otras medidas, sugieren la subordinación del Estado y su rol de garante de derechos a la defensa del modelo extractivista. De esta forma, de facto, las empresas se vuelven fuentes de soberanía en los territorios locales, y se constituye sociedades locales con altísimas niveles de vigilancia y de control social.

Llama la atención que estas prácticas autoritarias suceden en un territorio, donde la gente no se opone a la actividad minera, pero si reclaman respeto a sus derechos, territorios y salud. Este estado de excepción impide procesos adecuados de canalización de la conflictividad por medios institucionales.

En consecuencia, los temas de fondo (agua, salud, contaminación medioambiental, etc.) debajo de los conflictos no son atendidos o discutidos, ni pueden ser respondidos con políticas públicas o medidas de reparación, compensación, etc. En este sentido, el abuso de la fuerza busca determinar los términos del debate público y político en torno del territorio. Otra consecuencia de esto es que dificulta o imposibilita que los conflictos resultan en el aumento de los estándares ambientales y de derechos que exigen las instancias del Estado.

[1] Ver la introducción en Raphael Hoetmer, Miguel Castro, Mar Daza, José De Echave y Clara Ruiz, Minería y movimientos sociales en el Peru. Instrumentos y propuesta para la defensa de la vida, el agua y los territorios (Lima 2013). Accesible en: http://democraciaglobal.org/producto/mineria-movimientos-sociales-peru-instrumentos-propuestas-la-defensa-la-vida-agua-territorio/.

Fotos: El Comercio.

Publicado en la Edición Especial Derechos Sin Fronteras – “2017: Balance y Perspectivas de los Derechos Humanos”.

* Broederlijk Delen (BD)