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Fujimorismo aprueba proyecto de muerte para pueblos en aislamiento

La bancada fujimorista de Fuerza Popular, con el respaldo del Partido Aprista, aprobó el Proyecto de Ley 1123 que promueve la carretera en zona de frontera y mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali y que provocaría el inminente etnocidio de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial (PIACI).

Así lo denunció la congresista Tania Pariona Tarqui, quién detalló que según la información oficial del Ministerio de Cultura afectaría las reservas indígenas Muruhuana, Isconahua, Mashco Piro y la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti.

Se trata del Proyecto de Ley 1123/2016-CR, que “declara de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali”, del congresista fujimorista Glider Ushñahua.

Detalló que el citado proyecto no cuenta con opinión del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y beneficiará directamente a los taladores ilegales, al narcotráfico y no a los pueblos indígenas como se pretende justificar.

Tania Pariona indica que existe una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 2007 para garantizar la vida y la integridad de los PIACI, así como tomar medidas para evitar daños irreparables resultantes de actividades de terceros en su territorio.

Cabe destacar que en una reunión de trabajo en el Congreso de la República, representantes indígenas de Madre de Dios y Ucayali expresaron su preocupación por la posible construcción de vías terrestres que afectarían no solo áreas naturales protegidas de ambas regiones, sino también a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIACI).

Tanto Elizardo Cáuper, de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali (Orau), como Emilio Montes de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia del Purús (Feconapu), hicieron un llamado a las autoridades para frenar la promoción de vías que se realizan a través del Congreso, gobiernos regionales y locales.

Fuente: Servindi – Servicios de Comunicación Intercultural

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