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Manejo centralizado de las inversiones

¿Qué nos trae el presupuesto público 2018?

El Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año 2018. El monto total presupuestado asciende a S/ 157 160 millones (S/ 10 971 millones más que el año anterior), lo que implica un crecimiento nominal del 10.3% (Ver cuadro 1).

Esto resulta significativo considerando que los ingresos fiscales vienen reduciéndose por varios años, mostrando hace muy poco leves señales de recuperación. Asimismo, este incremento ha ocurrido sin modificar en lo fundamental la tendencia a la reconcentración de recursos en el Gobierno Nacional; la misma que, como se muestra en el cuadro 2, inicia en las postrimerías del gobierno de Ollanta Humala (2015). Así, mientras el 2014 el Gobierno Nacional concentraba el 70% del presupuesto público, el 2016 su participación alcanza un 75% para luego consolidarse en un 74%.

Aún a pesar de esta reconcentración, si atendemos al cuadro 1 podemos ver que los gobiernos locales tienen presupuestados S/ 887 millones más que el 2017, lo que representa una variación positiva del 5.9%. En el mismo sentido, los gobiernos regionales recibirían S/ 2829 millones adicionales, lo que implica un crecimiento de 13% respecto al 2017. Los gobiernos regionales tienen el mayor incremento, mientras que las municipalidades van a la zaga.

<<El gobierno central concentrará el 77% de las inversiones>>

Si descomponemos el presupuesto según tipo de gasto, para el 2018 es posible identificar una asignación a gastos de capital (inversiones) mayor en S/. 6493 millones, lo que implica 18.6% más que el 2017. Esto se explica principalmente por los mayores recursos destinados a la denominada Reconstrucción con Cambios y la infraestructura de los Juegos Panamericanos 2019. En el caso de los gastos corrientes, éstos crecen en S/. 8250 millones (8.7%). En general, es posible hablar también de una tendencia creciente en la participación del gasto corriente en el presupuesto, que pasa de 63% del total asignado el 2014 a 66% el 2018.

Si revisamos cómo se distribuye el presupuesto según tipo de gasto y nivel de gobierno, vemos que lo que más se ha recentralizado es el manejo de las inversiones. El Gobierno Nacional ha venido centralizando una proporción creciente de las inversiones, alcanzando un importante 77% para el 2018 y dejando 12% y 10% para los gobiernos locales y regionales, respectivamente.

Esta tendencia para el 2018 se explica en buena medida debido a que las inversiones a ejecutarse en el marco de la Reconstrucción con Cambios se harán principalmente desde los ministerios y la propia Autoridad para la Reconstrucción. Asimismo, según lo que establece el Plan para la Reconstrucción, las municipalidades y los gobiernos regionales deben haber ejecutado al menos el 75% de su presupuesto de inversiones para poder llevar a cabo dichos proyectos. De acuerdo al mismo documento, solo 339 de un total de 876 municipalidades afectadas cumplen dicho requisito; en el caso de los gobiernos regionales, solo 8 de 13 lo cumplen. En otras palabras, la reconstrucción con cambios será hecha por el gobierno nacional, acentuando la tendencia a la recentralización.

Siguen apostando por las Asociaciones Publico Privadas (APP)
La privatización del gasto público mediante

Junto con la recentralización del presupuesto viene, desde hace varios años, lo que llamamos la privatización del gasto público mediante las Asociaciones Publico Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI). Este gobierno ha decidido pisar el acelerador de este proceso con la reconstrucción del norte. Según el Marco Macroeconómico Multianual 2018–2021, Proinversión maneja una cartera de APP (adjudicadas y por adjudicar para el 2017) de USD 2054 millones que contemplan aportes del Estado Peruano. En el caso de las OxI para el próximo año 2018 se han propuesto superar los S/ 1400 millones anuales hasta llegar a los S/ 2000 millones hacia el 2020.

Un problema de fondo que enfrenta el Estado es su débil capacidad de ejecución del gasto de inversiones y las inversiones mediante APP han sufrido un duro golpe por los hechos de corrupción descubiertos. A cuatro meses de finalizar el año solo se ha logrado ejecutar el 34% de las inversiones programadas para este año, ello porque hasta el mes de julio en lugar de mejorar las inversiones públicas seguían disminuyendo. Por ello, el gobierno se ha propuesto que entre agosto y diciembre las inversiones crezcan al menos en 20% (¡!). Suponiendo que llegaran al 75% de avance quedaría un saldo de 10,000 millones para ejecutar el próximo año, y si consideramos un avance del 86% para el presupuesto total, quedaría un saldo de S/ 24 000 millones.

<<Los gobiernos regionales recibirían S/ 2829 milliones adicionales, lo que implica un crecimiento de 13% respecto al 2017. Los gobiernos regionales tienen el mayor increcimiento, mientras que las municipalidades van a la zaga>>

Esto nos lleva a constatar que el presupuesto disponible para el 2018 será en realidad de alrededor de S/ 180,000 millones. ¿Estará el gobierno, manejado por una tecnocracia que hasta ahora ha mostrado poca eficacia, en condiciones de acometer este desafío? ¿Es posible lograr mejoras en la inversión pública descentralizada, especialmente en el norte del país, manejando todo desde Lima y apoyándose más en el sector privado y dejando a un segundo plano a las municipalidades y gobiernos regionales? Y ¿Estará la Contraloría de la Republica y sus mecanismos de control preparados para evitar que la corrupción de los agentes públicos y privados no siga medrando en contra del bien común?

En suma, este proyecto mantiene la tendencia centralista de los últimos años, y muestra una preocupante concentración de las inversiones en el gobierno nacional, dándole además mayor espacio a la participación privada.

Solo como dato final, recordemos que regularmente los niveles subnacionales gastan con mayor velocidad su presupuesto de inversiones en comparación al nivel nacional, dado que los primeros ven multiplicado su presupuesto a lo largo del año en más de tres veces, mientras que las entidades del Gobierno Nacional no lo ven variar “hacia arriba”. Este es un dato no menor que no debería ser pasado por alto, si es que nuestra urgencia a corto plazo es dotar de infraestructura al país.

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