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Por el respeto de la institucionalidad democrática y la lucha contra la corrupción.

Ciudadanos y ciudadanas indignadas del sur andino peruano, por la grave situación política que viene atravesando nuestro país, queremos emitir el siguiente pronunciamiento a la opinión pública regional y nacional:

Primero: Vivimos en un Estado Constitucional y las decisiones que se tomen deberán hacerse respetando los procedimientos y los derechos humanos de las personas implicadas en graves acusaciones de corrupción. Podemos discrepar políticamente de Pedro Pablo Kuczynski, pero si se le acusa de algo grave, mínimamente se debe garantizar un proceso con las debidas garantías constitucionales, de acuerdo a las reglas establecidas y no por encima de ellas. Una de estas garantías es el derecho a la defensa y a ser investigado y sancionado por autoridades imparciales y no por aquellas que tienen otros intereses, que no son los intereses del País.

Segundo: Exigimos que las instituciones públicas como el Ministerio Publico, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, entre otras, sean más eficaces y rápidas para investigar, juzgar y sancionar, según sea el caso, a ex y actuales funcionarios inmersos en actos de corrupción. Incluido el actual Presidente. No es posible, que estos procesos tengan que durar tanto tiempo y que sean selectivos solo con algunas personas. Aunque reconocemos la labor de la Fiscalía, necesitamos que sean más eficaces en las investigaciones en contra de Keiko y Alan Garcia.

Tercero: El País, no puede caminar de acuerdo a lo que se le ocurra a un grupo político, es decir, casi a la deriva. Creemos que el partido Fujimorista Fuerza Popular, tal como lo ha demostrado hasta ahora, representa el autoritarismo, la matonería, y el cinismo, que solo vela por sus intereses partidarios y no de los ciudadanos y ciudadanas del Perú.

Cuarto: Fuerza Popular conjuntamente con el APRA ha establecido una alianza para dejar en la impunidad sus múltiples denuncias por corrupción y otros delitos que se les investiga. No es posible, tanta coincidencia, en el momento que avanzan las investigaciones en contra de Keiko Fujimori por actos de corrupción y lavado de activos, como integrantes de una banda criminal, se quieran traer abajo a miembros del Tribunal Constitucional, queriendo vacarlos, por el hecho de haber resuelto un caso que tiene que ver con unos de los peores crímenes que sucedió en nuestro País, conocido como el caso El Frontón. Eso es amedrentamiento y ponerse por encima de la Ley.

Los ciudadanos y ciudadanas de este lado del País, estamos muy indignados con la actual situación, donde la mayor responsabilidad política, recae sobre Fuerza Popular y el APRA. Es hora de terminar con esto. Por ello hacemos un llamado a la ciudadanía en general a movilizarse para defender los derechos ganados hasta ahora, así como nuestra precaria institucionalidad democrática y el sistema de justicia luego de la dictadura fujimorista de los 90. No permitamos que nos arrebaten el país.