CUESTIÓN DE ESTADO / Retrato de un país convaleciente

La intención de esta columna es orientar reflexiones hacia el Bicentenario de la Independencia Peruana. Para tal propósito, examinaremos nuestra situación pasada y presente comprendiendo -más allá del diagnóstico en el mensaje presidencial-, la enfermedad política que aqueja al Estado.

Nuestro camino al Bicentenario evidencia una independencia inconclusa. Neocoloniaje, dependencia económica, corrupción generalizada e injusticia social son aristas concretas que retratan nuestro país en pocas palabras. Así PPK considere que: “En casi 200 años el Perú se transformó y logro metas impensadas…”, agregó que los avances son innegables, pero se necesita más, mucho más, recordándome aquella prescripción de pesadilla donde diseccionan al paciente en vida sin inmutarse ante su “Estado”. En la misma indolencia, diremos que el Perú al 2021 asume la Constitución Política de 1993 fraguada con el sello fujimorista. El marco legal que permitió el saqueo indiscriminado y la política criminal para nuestros recursos naturales, sonríe en los escaños del congreso de la república donde la mayoría congresal es una supuesta “fuerza popular” primogénita de la corrupción y la dictadura. Los brazos y piernas de este cuerpo legal son los hombres lobbie que facturan y relacionan complejas redes de contrataciones y cohecho aprovechando la rapacidad y opacidad del sector público. Montesinos, Orellana, Belaunde, Oropesa y demás flores, nos muestran el jardín de las delicias que es el Estado peruano para todos aquellos -que incluso desde la invasión española-, llegan al gobierno derivados del rubro de la aventura.

Cuando el flamante mandatario nos dice: «Mi deber es que en el Bicentenario podamos cumplir los sueños de los héroes de nuestra patria. No al enfrentamiento, a la división. Sí a la paz…», yo me pregunto si será posible en un país con injusticia social, conflictos ambientales, convivencia con el narcotráfico, desnutrición crónica, desempleo y violencia extrema suavizada bajo el término de inseguridad; tal terrorismo del siglo XXI, para quien la clase política hace énfasis discursivo y demagógico, tiene profundas raíces en el desempleo, la educación, la salud y las más frágiles poblaciones vulneradas en sus derechos. Del TPP no se dijo nada aunque más allá de los barrios urbano-marginales, “sin agua y sin luz”, viven invisibles a los ojos del Estado miles de peruanos en el Ande y la Amazonía. Su nación probablemente sea el olvido, cuando desde el primer mensaje presidencial sólo escuchamos alegorías y parabienes de un Perú idealizado desde los establecimientos del poder.

Un ejemplo concreto, nos los remite la provincia de La Convención. En una visión etnohistórica podemos reconocer en esta región gracias a los Incas de Vilcabamba, los últimos días del Tawantinsuyo y los primeros del Virreinato del Perú. Posteriormente, diferentes olas migratorias fueron tras los recursos de una provincia que al presente exige su departamentalización. Ante ello diremos que no es malo ni bueno, pero sí el síntoma de un sector multicultural de peruanos donde su experiencia de integración al Estado siempre fue marginal. Después de su creación en 1857, por la Asamblea Constituyente de Huancayo (a la cual debe su nombre), la provincia no tiene corpus administrativo hasta 1918 cuando la villa de Santa Ana asciende a la ciudad de Quillabamba. En el Siglo XX, presenciaremos las correrías del caucho, el sistema gamonal (de 300 años), su erradicación gracias a los Sindicatos Campesinos, la defensa de la hoja de coca y la extracción de hidrocarburos. Al siglo XXI, se debate en la extracción y preservación de sus recursos pero sin herramientas y desamparados por la Nación a la cual le brindan tanto. No hay agua potable (es tratada), la electrificación es inestable, el hospital de tercera categoría, el agro se encuentra en abandono y sin ningún apoyo desde el Estado.[1] Para cereza en el pastel del saqueo, la economía delictiva radica en sus puertas porque a 5 horas se encuentra el VRAEM que es motivo de otro artículo. En conclusión, se deben multiplicar alternativas políticas, económicas y sociales desde las necesidades de la ciudadanía que las reclama. El mensaje presidencial, una vez más diagnostica a un Perú convaleciente donde sobran las palabras.

¡Nota aparte!

La última de Humala: Silvana Buscaglia, quien agredió a un policía y quiso atropellar a dos más recibió el indulto presidencial. Giselle Rosales Bustinza, una estudiante del Callao acusada de golpear a un policía, sigue presa, a pesar de que fue condenada por el mismo delito y por mucho menos de lo que hizo la señora Buscaglia. Esa es la diferencia entre un ciudadano de “primera clase” y uno “de segunda”, o entre un blanco y un cholo en el Perú.

[1] Pronunciamiento y Plataforma de Lucha de la Federación  Provincial de Campesinos de la Provincia de La Convención y Lares, con fecha 22 de junio del 2016.