ACCIÓN URGENTE
El derecho a la justicia de miles de mujeres – en su mayoría campesinas, indígenas y quechua hablantes – que fueron esterilizadas contra su voluntad está en riesgo, tras vencerse plazo legal sin que las autoridades presenten una denuncia contra las personas responsables.
El 4 de julio venció el plazo solicitado por la fiscalía para presentar una acusación en contra de las personas responsables de 2,074 casos de esterilización forzada de mujeres ocurridas en Perú a finales de la década de los noventa.
El 10 de mayo de 2015, la fiscalía reabrió la investigación por estos casos que había sido inicialmente cerrada en enero del 2014. La fiscalía solicitó la extensión del plazo de la investigación en Agosto de 2015 y una vez más en Febrero de 2016 para poder seguir investigando las denuncias presentadas. No obstante, la fiscalía falló en su responsabilidad al no presentar las acusaciones en contra de las personas responsables el 4 de julio dentro del plazo establecido, lo que representa un grave riesgo en el derecho a la justicia de todas las víctimas.
El Estado peruano se ha comprometido a realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales correspondientes contra toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares.
Sin embargo, dieciocho años después de las primeras denuncias, las víctimas de esta grave violación de derechos humanos siguen esperando justicia.
Amnistia nternacional está impulsando un LLAMAMIENTO para pedir a la fiscalía la presentación inmediata de acusaciones que permitan garantizar la verdad, justicia y reparaciones para las víctimas y sus familias.
Recordando a las autoridades su obligación de sancionar legalmente a toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares.
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