Los conflictos mineros que marcaron el año 2015

A continuación les presentamos un fragmento del informe anual «CONFLICTOS MINEROS EN AMÉRICA LATINA: EXTRACCIÓN, SAQUEO Y AGRESIÓN – Estado de situación en 2015», este es un material producido  por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en donde se reportan los principales acontecimientos políticos y conflictos socioambientales de un número importante de países de América Latina, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.

Perú: escenarios presentes y futuros

Desde hace un tiempo, en el Perú hemos venimos trabajando una tipología de conflictos que busca entender y explicar la diversidad de situaciones que se presentan en las distintas regiones del país.

Por un lado, consideramos que hay un tipo de conflictos que claramente se pueden calificar como de resistencia y rechazo a los proyectos mineros. En ellos predominan posiciones irreductibles, de oposición a los emprendimientos mineros, que son percibidos localmente como una amenaza a los territorios y que generan una marcada polarización y donde los procesos de diálogo no prosperan. Además, se producen por lo general intervenciones tardías de las autoridades y las relaciones entre los actores se interrumpen por plazos indeterminados. ¿Algunos ejemplos? Tambogrande, Cerro Quilish, Río Blanco, Santa Ana, Conga y Tía María, entre otros.

Por otro lado, hay conflictos que pueden entenderse como de coexistencia con la minería. Con estallidos sociales o sin ellos, el conflicto no gira en torno al dilema de si la minería va o no va. En términos generales, las poblaciones no manifiestan oposición a los proyectos. Sin embargo, expresan un conjunto de demandas económicas, sociales, ambientales, de salud y culturales. Ejemplos: Espinar, Ancash en la zona de influencia de proyectos como Antamina y Lagunas Norte; la sierra central del país en regiones como Junín y Pasco; y los casos más recientes de las provincias de Chumbivilcas en Cusco (Constancia) y Cotabambas en Apurímac (Las Bambas).

Los casos más resaltantes a lo largo del año 2015 han sido una muestra representativa de estos diferentes tipos de conflicto. Tía María, en Arequipa, representa claramente a los conflictos de resistencia y rechazo: la población se opone al proyecto, que es percibido como una clara amenaza a su forma de vida, visión de desarrollo, actividad económica predominante (la agricultura). En este informe daremos cuenta en detalle de este caso y cómo esta perspectiva se expresó en el debate, sobre todo en los momentos de mayor tensión y movilización.

OCMA 02En la otra orilla, el conflicto que estalló en la zona de influencia de Las Bambas en Apurímac representa el típico escenario en el que la población no rechaza el proyecto minero, sino que comienza a cuestionar temas básicos, como el acceso a información adecuada y oportuna sobre las continuas modificaciones del proyecto, la ausencia de mecanismos de consulta y participación ciudadana y el sinceramiento sobre los supuestos impactos económicos y ambientales en la zona.

Lo cierto es que en ambos casos hay constantes que se repiten: una clara afectación de derechos de poblaciones enteras; un Estado central que sigue careciendo de estrategias que le permitan intervenir de manera preventiva y eficaz ante la amenaza de los estallidos sociales, y que despliega limitadas capacidades de articulación multisectorial. Y por el lado de las empresas mineras, falta de transparencia, incapacidad para construir relaciones horizontales y hasta comportamientos que contravienen sus tan publicitados y tan poco aplicados códigos de ética.

Del lado de los actores sociales, pese a los procesos de movilización y las luchas de resistencia y defensa de derechos que surgen en diferentes regiones del país, en la actualidad es notoria la debilidad estructural de sus organizaciones y la ausencia de estrategias claras, sea en escenarios de resistencia o de coexistencia. En algunos casos, dejan espacio libre para que se posicionen dirigentes que no representan los legítimos intereses de la población y terminan negociando en función de objetivos personales. El manto de corrupción que cubrió al conflicto por el proyecto Tía María no debe dejar de mencionarse y sin duda es un síntoma que debe ser adecuadamente evaluado.

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–          La información de la Defensoría del Pueblo confirma la nueva geografía del conflicto en el Perú: la región macro sur concentra el mayor número de casos (36%), la macro norte ocupa el segundo lugar (27%), y la macro centro (21%) y oriente (9%) aparecen con menor ocurrencia de conflictos. Apurímac, Ancash, Puno y Cusco encabezan la lista.

–          Sea cual sea el tipo de conflicto (resistencia-rechazo o convivencia), la polarización y la alta intensidad se han mantenido constantes en varias zonas. Este año se vivieron situaciones de extrema tensión en conflictos como Tía María, Las Bambas y la zona sur de Ayacucho, provincia de Lucanas, con movilizaciones y enfrentamientos que incrementaron el inadmisible saldo de muertos y heridos por conflictos mineros, como también las estadísticas de pobladores criminalizados.

–          Los conflictos siguen evolucionando y complejizándose. Un dato que preocupa es el asesinato de alcaldes en varias regiones, situación que hace recordar en parte lo vivido en la década de 1980. Este año fueron asesinados Alberto Roque Cconislla, alcalde distrital de Maras (Cotabambas, Apurímac); Ronald Núñez Valdez, alcalde provincial de Paruro (Cusco); y Francisco Ariza Espinoza, alcalde provincial de Samanco (Ancash), entre otros. Al margen de si son zonas de influencia minera o no, este tipo de situaciones son una tendencia que debería preocupar.

–          Finalmente, cabe preguntarse por la influencia del próximo escenario de elecciones generales en la conflictividad minera del país. Todo indica que en medio de la intensidad del debate político varias demandas de poblaciones en zonas de influencia minera van a seguir su cauce y en algunos casos es probable que varios conflictos tiendan a electoralizarse. Los actores buscarán canalizar sus expectativas no solo en el campo de la movilización y la demanda social, sino también en el escenario electoral.