César Bazán Seminario
Abogado especialista en DD.HH.

 
 

Hay cosas que a las peruanas y peruanos nos parecen normales, que se repiten cotidianamente y no llaman nuestra atención. Tal es el caso de la tergiversación de la función policial. Según la constitución y la ley de la policía nacional, la policía existe para garantizar el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana, además de dar protección y ayuda a las personas, entre otros. Todo eso respetando los derechos de la gente.

Cuando se trata de empresas mineras, la lógica parece ser diferente. Bajo la justificación de que el Perú es un país minero, la policía suele confundir su rol y termina al servicio de la empresa, en desmedro del servicio al ciudadano. Es impresionante y escandaloso ver cómo la policía le hizo seguimiento a los extranjeros que mostraron su documental sobre la contaminación de la empresa ‘HudBay’ en diferentes partes del mundo, a la vez que es patético el comunicado de respaldo a la actuación policial emitido por el Ministerio del Interior. El documental (que se encuentra en el internet, bajo el título ‘El Fraude de Flin Flon’) merece ser visto y debatido. En una lógica liberal y de derechos humanos, salvo excepciones extremas, no se persigue ni sanciona a los mensajeros, ni se buscan excusas ni formalidades para justificar esa agresión.

Uno de los principales hitos de la tergiversación de la función policial son los contratos que firma la institución con las empresas.

En el 2013 IDEHPUC reveló que solo la División Nacional de Operaciones Especiales de la policía, también conocida como DIROES tenía convenios con 22 centros mineros en 10 regiones del país y destinaba a alrededor de 500 efectivos policiales para estas tareas.

Dicho sea de paso, entre los beneficiarios estaba Conga, cuyo caso fue conocido a nivel mundial por el uso excesivo de la fuerza policial.

El 17 de marzo de ese mismo año, se habría firmado una adenda para renovar el “Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran HudBay Perú SAC – “Proyecto Constancia” y la Policía Nacional del Perú – (región policial sur oriente)” (sic). La renovación es ya una práctica habitual en los convenios. En las clausulas de ese acuerdo comercial se estipuló, entre otros, la manera sobre cómo la policía brindaría servicios de protección, vigilancia, seguridad y custodia de las instalaciones y del área de influencia del proyecto. Si esto no es la privatización del servicio policial, ¿entonces qué es?. Evidentemente, el servicio policial no fue gratuito. Se pactó una retribución en especies y en dinero. Además del transporte, la comida, equipos de comunicación, vestimenta, reparación de armamento, etc., los oficiales recibirían S/. 110 diarios y los suboficiales S/. 100. En esas condiciones, ¿a quién creen que defenderá el policía en uno de los tantos casos de conflictos sociales contra mineras?, ¿cómo reaccionará un suboficial cuando su jefe, asalariado de la mina, le exija desalojar una carretera tomada por manifestantes? La respuesta es obvia y pone en tela de juicio la tarea constitucional y legal de la institución policial.

Ahora bien, esta tergiversación tiene base legal. Las normas vigentes autorizan que los policías puedan convertirse en policías mineros y privatizar su servicio público. Sin embargo, como es muy escandaloso aceptar eso. Los convenios entre las mineras y la policía suelen ser escondidos y, en clara vulneración al derecho de acceso a la información pública, el Ministerio del Interior y la Policía se han negado varias veces a mostrar los documentos.

Además de las decenas de civiles muertos (165 según la Defensoría del Pueblo entre 2006 y 2011) y los miles de heridos y sus familiares, la propia institución policial es también víctima de esta perversa tergiversación. Me explico. La policía debe su legitimidad formal a las normas legales y su legitimidad social a la manera cómo actúa frente a la población. Si su actuación frente a la población es la de vulnerar derechos de los manifestantes, perseguir cineastas, cuando no sembrar pruebas e incriminar injustamente, está inclinando la balanza a favor de una de las partes del conflicto, la empresa minera –que además suele ser la más poderosa de la relación. El policía se convierte, entonces, no en un defensor de la legalidad, sino llanamente en un policía minero. Ser así puede ser rentable económicamente para un efectivo, pero es deshonroso en términos policiales.