Claudia Farfán Valer
Un paso atrás en la lucha contra el feminicidio, violencia familiar y de género.
El nuevo Congreso de la República se inauguró con una oposición apabullante: 72 congresistas de la bancada fujimorista. Aun así, a finales de septiembre del año pasado, el Ejecutivo logró que el Congreso le delegase facultades para legislar en materias de feminicidio y violencia de género, entre otros.
Como resultado, el 6 de enero se publicó el Decreto Legislativo 1323, el cual modificaba ciertos artículos del Código Penal con el propósito de “fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género”.
Entre las modificaciones realizadas por el DL, se distinguen 3 líneas de acción:
Los Agravantes del Feminicidio |
La Sanción de la Violencia |
Sobre los Delitos |
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La primera corresponde a los agravantes del feminicidio, que cuando ocurren en contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder o discriminación, conllevan a una pena privativa de libertad no menor de quince años. Además, están los agravantes que conllevarían a una pena privativa de libertad no menor de veinticinco años; entre ellos, está el sometimiento de la víctima con fines de trata de personas u otro tipo de explotación.
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La segunda línea corresponde a la sanción de la violencia. Según el Decreto, además de las lesiones graves, aquellas catalogadas como “leves” también serían condenadas con privación de libertad por no menos de dos años ni más de cinco. Es más, el Decreto comprende, dentro de las lesiones, al daño y la afectación psicológica, con lo cual su pena sería también la privación de la libertad.
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Finalmente, el Decreto detalla explícitamente que los móviles de intolerancia y discriminación son también agravantes del delito, e incluye dentro de sus motivaciones el sexo, la orientación sexual y la identidad de género, entre otros. |
Estas modificaciones parecían recoger los reclamos y las consignas de las recientes marchas nacionales. Habían pasado tan solo 4 meses desde la marcha “Ni Una Menos”, seguramente la más multitudinaria y diversa de los últimos años. Estaban también las marchas que reclamaban derechos de la población LGTBI, el reconocimiento de los crímenes de odio y la equidad de género. El Decreto promulgado respondía, después de todo, a una larga lucha para visibilizar y combatir la violencia de género. Era la primera vez que se incluía la “orientación sexual” y la “identidad de género” como motivos sancionables de discriminación, lo cual fue un gran avance para la comunidad LGTBI y sus familias.
No obstante, vino el retroceso. Pasada la medianoche del 5 de mayo, y sin que haya sido un tema presente en la agenda de debate, el Decreto Legislativo 1323 fue parcialmente derogado por el pleno del Congreso.
¿Qué fue sacado del decreto? Pues todo aquello que tenga que ver con “identidad de género” u “orientación sexual”. ¿El argumento? Que dichas modificaciones al Código Penal no se encontraban dentro de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo: una explicación obviamente falsa.
El resultado de la votación fue de 66 votos a favor y 29 en contra. La bancada fujimorista, en alianza con el APRA y Acción Popular, logró, una vez más, tapar el sol con un dedo.
La historia se repitió. Meses atrás esa misma bancada, con las mismas alianzas, había puesto sobre la mesa todos sus esfuerzos y recursos para sacar el enfoque de género del currículo nacional. Los debates en el pleno reprodujeron los estereotipos más burdos, y las preguntas bordearon con lo absurdo.
Esto nos recuerda la defensa cínica de las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante el gobierno fujimorista. Ahora mismo se realizan juicios en provincias como Anta y Paucartambo, con mujeres prácticamente analfabetas que fueron esterilizadas sin consentimiento alguno y que ahora continúan lidiando con problemas de salud y el estigma social.
Es innegable que nuestra sociedad es machista hasta el tuétano y que la herencia de una sociedad conservadora sigue sobre nuestros hombros. Pero que nuestra clase política reproduzca también el machismo y la homofobia, es indefendible. De nuestros representantes debemos exigir una visión más ambiciosa del país, y demandarles la construcción de políticas públicas que reconozcan a cabalidad nuestra diversidad y las deudas históricas que mantenemos con las poblaciones minoritarias.
En este supuesto ideal, dicha clase política hubiese sido la primera en reconocer la necesidad de pensar a largo plazo. “Apostar por el cambio a través de la educación” debe dejar de ser un cliché discursivo, para pisar tierra a través de la inserción de enfoques como el de género, por ejemplo. Y, aunque dichas reformas no tendrán una consecuencia inmediata, si no que nos costará más de una generación ver su efecto en la reducción de los feminicidios, violaciones o crímenes de odio, es necesario asumir la responsabilidad de iniciarlas.
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