Por Rocio Ruth Huamanquispe Quintana
Memoria para no volver a repetir la historia, memoria para dignificar a nuestros hermanos
Es quizá el compromiso moral con mi prójimo, el que me convoca o llama a escribir sobre los acontecimientos acaecidos en las dos últimas décadas del siglo pasado, en nuestro país, me refiero; al conflicto armado interno, guerra interna o violencia política; la misma, que dejó al menos 70.000 peruanos y peruanas muertos y más de 15 000 desaparecidos durante estos años. El 75% de víctimas tenían como lengua materna el Quechua. Fueron también perseguidas minorías religiosas, sexuales y étnicas; desaparecieron alrededor de 32 comunidades ashánincas.
El equipo de investigadores de la CVR registró 2200 lugares de entierros (fosas comunes). Siendo Ayacucho, Huancavelica, y mi natal Apurímac, las regiones más afectadas durante este periodo; sin embargo, no fueron las únicas regiones golpeadas.
Este conflicto azotó con dureza, principalmente a peruanos y peruanas, que en palabras de Salomón Lerner Febres eran insignificantes para el Estado peruano. La desigualdad, la exclusión, discriminación y la pobreza fueron rasgos comunes en las víctimas que fueron muy bien aprovechados por los grupos subversivos.
La denominada guerra popular o insurrección armada de Sendero Luminoso, se inició el 17 de mayo de 1980 en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho; con la quema de ánforas y material electoral de las elecciones generales de ese mismo año. A pesar de la magnitud de estos hechos no recibió mucho interés por la prensa peruana o central. Solo a partir de 1982, el gobierno de entonces declaró en permanente estado de emergencia la región de Ayacucho, luego las otras regiones; es ahí cuando las FF. AA., asumen el control de la lucha subversiva realizando una represión indiscriminada, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos.
En 1983 Sendero Luminoso mata a 69 campesinos en Lucanamarca. Para inicios de 1984 surge el MRTA, en octubre de este año se da una masacre en comunidades campesinas de Vacachacra, y Hatumpampa (La Convención- Cusco). En las elecciones generales de 1985, el Perú escogió a Alan García como presidente, durante su gobierno, la lucha antisubversiva cambió de sentido y la represión comenzó a ser selectiva.
En agosto de este año el Ejército ejecutó a 69 campesinos en Accomarca (Ayacucho) bajo una supuesta formación de una base terrorista. En junio de 1986, luego de haber recolectado a mujeres y varones presuntos terroristas, se ordena la matanza en los penales de Lurigancho, el Frontón y la prisión de mujeres Santa Bárbara; esta es una de las más graves matanzas atribuibles al Estado peruano, murieron alrededor de 300 personas; sin embargo no encontraron responsabilidad en el presidente de entonces. En 1989 Sendero Luminoso mata en el Cusco al estudiante de Derecho, Walter Huayllani (UNSAAC).
En la Década de 1990 y luego de que el Perú atravesará por una grave crisis económica a consecuencia de una deficiente administración estatal, los peruanos apoyaron la aparición improvisada en la política de un extranjero; quien prometía no solo mejorar la economía del país sino además combatir con el terrorismo, promesas sin duda falaces y bien alejadas del contexto real debido a las graves violaciones a los derechos humanos de millares peruanos y peruanas, siendo las matanzas en la Cantuta y Barrios Altos las que más indignación generan, no puedo dejar de mencionar la afectación hacia las mujeres por las esterilizaciones forzadas.
Hoy luego de 37 años de estos terribles acontecimientos y 14 años de la dación del Informe de la CVR, quiero hablar por los silenciados, advirtiendo además a mis contemporáneos que el olvido no es la mejor forma de construir un país, la ejecución, y desaparición de estos peruanos y peruanas no deben quedar impunes.
Es ahora cuando el país debe guiar su destino por las sendas de la justicia; es responsabilidad de nosotros exigir que las leyes se cumplan. En consecuencia PPK no debe ceder a los chantajes y manipulación del fujimorismo. Ahora cuando se habla de un indulto; Fujimori debe estar en prisión hasta el año 2032 si su estado de salud no es grave.
Es obligación del actual presidente reducir las brechas de desigualdad, mejorar el acceso en los servicios públicos básicos, priorizando la atención de los sectores históricamente olvidados.
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