ESPINAR: cien años de historia y 25 años más de minería

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Por: Sociólogo José Antonio Lapa Romero*

A propósito del nuevo proyecto minero Coroccohuayco

Espinar a 100 años de su fundación, ha estado (y esta) atravesado en parte de su trayectoria histórica por conflictos, diálogos, acuerdos incumplidos, personas afectadas a su salud, contaminación ambiental, personas criminalizadas; la provincia es el vivo ejemplo del poder hegemónico minero, de la fragmentación y rearticulación de las organizaciones sociales, de la resistencia y lucha permanente, y recientemente de acciones coercitivas por parte de Glencore de querer imponer su nuevo proyecto minero. Veamos que viene pasando en Espinar.

I. MINERÍA, CONFLICTO Y DERECHOS HUMANOS

En el Perú el capitalismo rentista, privilegiado y desregulado se expresa y recrea en el caso de la empresa Glencore con su proyecto minero Antapaccay que viene explotando cobre en Espinar, la provincia cusqueña en sus más de 30 años de convivencia minera ha mantenido una relación de permanente tensión, disputa y también diálogo; dinámicas que se han evidenciado en los conflictos de 1991, 2003, 2005 y 2012.

Así, por ejemplo, los orígenes económicos como el incremento del aporte de utilidades, contratación de mano de obra y servicios y aspectos ambientales como la mortandad del ganado de los agricultores, contaminación de pastos, etc. fueron las agendas que articularon a las organizaciones sociales y políticas en el conflicto del 2012, disputando el poder dominante de la empresa minera; empresa que muestra con claridad su “compromiso” con las prácticas “éticas” y “responsabilidad empresarial” al revés en el mensaje de su director en ese entonces de Xstrata Charles Sartain quien en una comunicación a José Marún dice “deberíamos tomar un acercamiento directo, proactivo y fuerte para enfrentar estos hijos de puta»¹.

En el 2012 también se pudo apreciar el uso del aparato coercitivo y legal del Estado a favor de los intereses empresariales, generó, por un lado, fragmentación social, miedo en los líderes y dirigentes, criminalización de la protesta y la apertura de un proceso de diálogo. Por otro lado el conflicto mostró la violación de derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a vivir en un ambiente saludable y equilibrado.

En el año 2010 se hizo el estudio en sangre y orina, mostrando que de las 506 personas muestreadas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera el 100% se encuentran con niveles biológicos detectables de arsénico, cadmio, mercurio y plomo en el cuerpo; mientras que el 2013 el estudio se hizo en estudio en orina de 180 personas, en el marco de los acuerdos de la mesa de dialogo, evidenciando la presencia de arsénico (100%), cadmio (90%), plomo (100%), manganeso (70%), mercurio (88%) y talio (100%)².

Post conflicto e implementación de los acuerdos no se han resuelto los orígenes del conflicto en Espinar, y la empresa y el Estado muestran un profundo desprecio, discriminación e inacción sobre los derechos afectados del pueblo de Espinar.

II. COROCCOHAYCO: ENTRE LA IMPOSICIÓN, LEGITIMACIÓN DEL ESTADO Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

En Espinar, Tintaya se encuentra en cierre, Antapaccay en operación³ y Coroccohuayco en elaboración de su Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado-MEIA⁴. Proyecto que ha venido a tomar el nombre extenso de “Proyecto Minero Antapaccay Expanción Tintaya – integración Coroccohuayco”, cuya extensión del nombre además tiene que ver con los beneficios tributarios que tiene (y tendría) el proyecto al formar parte de Antapaccay.

Según datos disponibles, es un proyecto minero a cielo abierto que tiene reservas de 290 millones de toneladas de una ley de cobre de 1.03%, y que implicará una capacidad de producción de 100 000 mil toneladas al año, un área efectiva de mina de 172 ha (de concesión de 10,665 ha)⁵ y una vida promedio de más de 25 años⁶.

¿Quo vadis Coroccohuayco? Glencore en octubre a iniciado el proceso de realización de talleres informativos en el marco de la elaboración del MEIA del Proyecto Minero Antapaccay Expanción Tintaya – integración Coroccohuayco, que en síntesis significa que bajo el nuevo marco de competencias y normativa en el Perú el EIA detallado del proyecto Coroccohuayco que hasta el 2014 había formulado la empresa minera, ahora se ha convertido en una modificación del EIA del proyecto minero Antapaccay-Expansión Tintaya, conocido en la jerga ambiental como un MEIA, por lo que pasaría a estar bajo evaluación y certificación ambiental por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

Este procedimiento administrativo que siguen las inversiones en el Perú, no tendría mayor novedad si es que detrás no se vinieran produciendo acciones que muestran el uso y abuso del poder minero y la violación de derechos fundamentales de las comunidades.

En efecto, tal como manifiesta un representante de la comunidad Huini Coroccohuayco, “La empresa minera se había comprometido a realizar la línea base ambiental y social, pero hasta la fecha no ha realizado ningún recojo de información, cuando nos llegó Cartas Múltiples informándonos que el día 25 de octubre se realizaría la reunión informativa, nosotros respondimos según la decisión de la asamblea que tenía que suspenderse esta actividad. Todas estas cartas de respuesta fueron enviadas al correo del SENACE y comunicadas telefónicamente, a pesar de esta comunicación el día 24 de octubre por la noche, más o menos entre las 6 a 7 PM nos llega una carta Múltiple N° 025 – 2017 – SENACE-J/DCA fedatada por un Notario Público, donde se ratificaba la realización de la reunión informativa para el día siguiente”⁷.

El abuso de poder de la minera contradice el código de conducta de Glencore que afirma que “apoyamos y respetamos los derechos humanos de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Defendemos la dignidad, las libertades fundamentales y los derechos humanos de nuestros empleados, contratistas y comunidades donde vivimos y trabajamos, así como de otras personas afectadas por nuestras actividades”⁸– y además que ante cualquier inversión la participación de las comunidades no se reduce ni termina con los talleres informativos sino con algo fundamental y que las comunidades tiene que exigir, el derecho a la consulta, porque con este proyecto minero no solo están en juego 25 años más de minería en Espinar sino la afectación ambiental, económica y a los derechos humanos –y la aún pendiente resolución de los derechos violentados- y el desarrollo de la provincia que aún les es esquivo a la mayoría de la población espinarense.

* Integrante de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras

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