Mujer: prioridades, no demagogia

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Por: Liz Meléndez – CMP Flora Tristán

La violencia sexual es una de las principales tragedias que vive el país. Durante el 2017 se reportaron cerca de 15,000 atentados contra la libertad sexual, según la Policía Nacional, y más de 3,125 violaciones sexuales, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer; la mayoría de las víctimas fueron niñas y adolescentes.

¿Existe auténtica voluntad política de enfrentar el problema y realmente las autoridades comprenden las dimensiones de este?

Aunque en los últimos años se ha incrementado la indignación social; en la práctica, las autoridades no responden como deberían. Que la pena de muerte vuelva al debate como una posible solución no hace más que reafirmarnos que no se ha comprendido la dimensión, causas y consecuencias de la violencia sexual.

Más allá de las discusiones jurídicas sobre la viabilidad de esta medida o el impulso (hasta cierto punto comprensible) de la ciudadanía que concuerda con ella; hay que pensar si es la solución o simplemente una propuesta demagógica que está lejos de reflejar una real preocupación por la prevalencia de la violencia.

Las violaciones sexuales no son casos aislados, tampoco producto de una enfermedad ni de una libido irrefrenable de los abusadores; son crímenes de poder y deben ser abordados como tales.

Cuesta reconocerlo, pero no vamos a superar la situación de la noche a la mañana; por lo que las medidas que se implementen desde el Estado deben ser pensadas tanto en el plano de lo inmediato como en los cambios a mediano y largo plazo.

Comparto en lo inmediato que se debe reformar la legislación, incrementando –por ejemplo– la dureza para sancionar las violaciones sexuales. Por principio, un crimen de esta naturaleza, calificado como una forma de tortura, no puede prescribir. Plantear la imprescriptibilidad de las violaciones sexuales es un imperativo para combatir la impunidad.

Otro aspecto fundamental es la aprobación de presupuestos adecuados para enfrentar la violencia de género. Aunque en los últimos años se ha incrementado el presupuesto del Ministerio de la Mujer, es insuficiente. A la fecha, este sector representa el 0.4% del presupuesto nacional. Garantizar presupuestos a todas las instancias encargadas de la prevención, atención y sanción debe ser una prioridad.

Invertir en formación, infraestructura, recursos humanos y materiales es urgente en el país. Es esto lo que deberían plantear las autoridades, priorizar el problema en el presupuesto del Estado.

Invertir en lo inmediato, pero también en aquellas medidas orientadas a transformar las lógicas socioculturales que sostienen la violencia. Es decir, invertir en educación para la igualdad con la finalidad de erradicar esos sentidos de propiedad y sometimiento que se ciernen sobre las mujeres y que sustentan la naturalización de la violencia.

Las autoridades son las llamadas a dar respuestas sostenibles, plantear medidas –recicladas una y otra vez– que no contribuirán a resolver el problema de fondo es una irresponsabilidad.

AÑO 2017: En Cusco se han registrado 04 feminicidios y 10 tentativas de asesinatos contra la mujer.

CASOS ATENDIDOS A PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CEM:

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