Alberto Fujimori todavía debe responder por sus delitos

La Sala Penal Nacional (SPN) realizará el próximo 26 de enero audiencia de control de acusación para decidir qué pasará con el juicio en curso contra Alberto Fujimori por la ejecución de seis personas en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) solicitó que la SPN se pronuncie sobre si procede o no el derecho de gracia que el indultado Fujimori recibió en la víspera de la última Navidad. Gloria Cano, directora de Aprodeh, espera que se remita su pedido a la Fiscalía para que opine, emita un dictamen y la sala resuelva.
La situación del indultado expresidente está en manos de los jueces del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, Miluska Cano (presidenta), y de los vocales Omar Pimentel y Otto Verapinto, quienes deberán decidir si aplican el derecho de gracia a Fujimori y lo eximen del proceso por la matanza de Pativilca en enero de 1992; o si, por el contrario, rechazan ese beneficio y ordenan que sea procesado. La fiscalía ha solicitado para Fujimori por este caso 25 años de cárcel. El pedido incluye que el autócrata afronte el juicio bajo detención, aunque si se revoca la gracia, el dictamen podría incluir un mandato de comparecencia como el arresto domiciliario.
El abogado y exprocurador César Azabache ya advirtió que el derecho de gracia a Fujimori no se puede aplicar al caso Pativilca, porque el plazo de instrucción comenzó en junio de 2017, es decir, no llega a los 24 meses que señala la Constitución para que la medida otorgada proceda.
En este punto coinciden Cano —que además sostiene que la gracia aparta de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos— y el exfiscal Avelino Guillén, quien subrayó que el beneficio de PPK a Fujimori ha vulnerado lo establecido en el artículo 118 e inciso 21 de la Constitución sobre los plazos señalados.