Hay un Estado ausente para atender el derecho de los afectados

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Por Magali Zevallos

La actividad minera se ha expandido en la última década por diversas regiones del país, su producción se incrementó en 60.6%, según el índice del Producto Bruto Interno (PBI). Este crecimiento económico y las millonarias utilidades de las empresas hacen contraste con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones que viven en las zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas, por ejemplo estas poblaciones no cuentan con servicios básicos, como: agua y desagüe; y pese a la exposición crítica de metales, no tienen atención médica especializada ni tratamiento alguno. Hay un Estado ausente para atender un derecho fundamental, como es el derecho a la salud ambiental de los afectados.
Según reporte de la Defensoría del Pueblo, en 21 regiones del Perú, hay alrededor de 8 616 pasivos ambientales en el sector minero, 7531 casos que carecen de responsables y estudios ambientales; mientras en el sector hidrocarburo: 156, y no se ha identificado responsabilidad en ningún caso. 

«Hay un Estado ausente para atender un derecho fundamental, como es el derecho a la salud ambiental de los afectados.» 

Hay zonas en el país que deberían ser declaradas como invivibles, debido a la alarmante exposición de metales tóxicos  en la que se encuentran sus poblaciones, que además, están en situación de vulnerabilidad: altos indicadores de desnutrición, pobreza y exclusión. A continuación un recuento de solo cuatro casos de las decenas que hay en el país.
En Espinar, Cusco,  está la operación minera cuprífera Tintaya, compuesta por una concentradora de cobre y una planta de extracción por solventes y electro obtención. Tras 35 años de explotación minera, servicios básicos, como: suministro de agua potable y desagüe no se encuentran debidamente garantizados. El 65% de la población de la provincia viven en situación de pobreza. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI (2009), de toda la provincia, el distrito de Espinar es el que tiene la mayor cantidad de niños con desnutrición crónica (1,547), lo que representa el 45%.
La población espiranense vive con exceso de metales en sus cuerpos porque sus casas y sus animales están al pie de los depósitos de desechos mineros de la antigua Xstrata-Tintaya (controlada hoy por la suiza Glencore). Las comunidades campesinas de Espinar, Alto Huancané y Huisa fueron  sometidas a diversos estudios científicos a través de los cuales se comprobó la exposición de metales pesados (cadmio, arsénico, plomo y otros), muchos tienen en sus organismos hasta 17 metales, así lo confirman dos estudios realizados en los años 2010 y 2013, por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), organismo ejecutor del Ministerio de Salud (Minsa), que en vez de hacer público los resultados ocultó información poniendo en riesgo la salud de las personas por la falta de atención y tratamiento oportuno.

«El Estado debe tener un protocolo de respuesta ante riesgos. El Estado no está asumiendo su rol»

“La situación de Espinar incrementa claramente el riesgo de toxicidad aguda y crónica por exposición continuada a metales pesados como plomo, arsénico, mercurio y cadmio, esta contaminación viene deteriorando la salud de las personas”, alerta un último informe “Metales pesados  tóxicos y salud pública: El caso de Espinar”, elaborado por CooperAcción.
“Seis años después de los primeros resultados del Censopas y cuatro años después de la Mesa de Diálogo de Espinar, todavía no existen medidas concretas implementadas, ni el presupuesto necesario para afrontar la grave situación existente en la provincia de Espinar. Mientras tanto, la población sigue expuesta a los metales y aumentando su situación de riesgo”, sostiene el informe.

ESTADO AUSENTE

Los expertos afirman que en el país hay una ausencia de políticas pública en salud de las personas impactadas por los metales pesados en sus tres niveles: nacional, regional y local. “En el Perú hay diversos planes de salud, a nivel nacional y regional que no se implementan (…) no se está gestionando el riesgo y tampoco se está solucionando la causa del problema”, advierte América Arias, especialista en salud pública internacional de la Ong Perú EQUIDAD.
“Estamos  ante problemas de larga data, un plan de salud no se hace para un año, y mucho menos en un tema sanitario que va a generar problemas y  consecuencias dentro de 10 y 15 años, porque el cáncer aparecerá en los niños que se están contaminando ahora. Para un problema sanitario relacionado a contaminación con metales pesados un plan de salud anual no sirve”, enfatiza Arias.
Para el médico e investigador Fernando Osores, el sistema de salud necesita una reestructuración porque no  existe una estrategia nacional unificada (transversal). “Necesitamos que los estudios de impacto ambiental no solo mida el futuro daño ambiental, sino también el futuro daño sobre la salud de las personas ¿Dónde está la  voluntad política para ejercer acciones públicas de prevención, protección, mapas de riesgo, alertas tempranas de contaminación, los centros de atención especializada de pacientes?”, se pregunta Osores.
“Hay un Estado ausente que no responde con transparencia frente a la magnitud del problema. Necesitamos un gobierno transparente y  abierto, que responda a las necesidades de los afectados de manera transversal, porque se están vulnerando derechos, como el acceso al agua, el derecho a un ambiente equilibrado, el derecho a la seguridad alimentaria, a la educación (…). No se están articulando los programas sociales como es el caso de los programas de desnutrición crónica con los organismos que ven el tema de contaminación. Está comprobado que un niño o una persona desnutrida es varias veces más susceptible a los efectos del plomo, arsénico u otro metal que una persona nutrida”, dice el experto.
“El Estado debe de tener un protocolo de respuesta ante riesgos, que no implica mayor coste, es cambiar el modelo de gestión del paciente y el modelo sanitario, lo que implica que el Estado asuma su rol, algo que no está haciendo”, sostiene Arias.