Terquedad en nuestras luchas

Por Martín López Zono*

Estamos terminando el año con la que podría ser la crisis política más grave desde que recuperamos nuestra democracia. El Caso Odebrecht nos ha golpeado fuertemente, y ha evidenciado que la corrupción no es excluyente a sectores políticos de izquierda o derecha, pero también nos ayudó a reconocer –y reafirmar- que el fujimorismo no ha cambiado, ni lo hará, mantiene los mismos patrones dictatoriales, no respeta la institucionalidad ni la democracia y, no ha postergado en ninguna coyuntura su revanchismo y sus constantes ansias de llegar el poder. Si habría que resumir un balance concreto del último año, podríamos decir que la corrupción (en todos sus niveles) y el apro-fujimorismo (con todas sus caretas) han sido los elementos que más han atentado con nuestra dignidad y nuestros derechos: Los pobres son más pobres, y los corruptos son más corruptos.
El 2017 ha sido un año con puntos de quiebre que han dejado notar que tanto el Congreso como el Ejecutivo, si pueden llegar a coincidir cuando se trata del ‘desarrollo económico’ (Nótese las comillas) y pactar para promover, cueste lo que cueste, proyectos extractivos que violan sistemáticamente los derechos humanos de poblaciones vulnerables en el interior del país. Es difícil realizar un simbólico balance del último año sobre derechos humanos, sin embargo, en las siguientes líneas, trataremos de plantear temas que nos parecen coyunturales y prioritarios para que nuestra débil democracia se mantenga firme, aún con sus desencuentros y desafíos.

“El 2017 ha sido un año con puntos de quiebre que han dejado notar que tanto el Congreso como el Ejecutivo, si pueden llegar a coincidir cuando se trata del ‘desarrollo económico’ (Nótese las comillas) y pactar para promover, cueste lo que cueste, proyectos extractivos que violan sistemáticamente los derechos humanos de poblaciones vulnerables en el interior del país.”

Represión y Estados de Emergencia

Hemos sido testigos del incremento de conflictos sociales que el gobierno de PPK no ha sabido solucionar; el contexto que más desestabilizó al Ejecutivo fueron las protestas del magisterio en todo el país, manifestaciones que iniciaron en Cusco. Esta situación dejo notar que la criminalización de la protesta social y las ligerezas para llamar ‘terrorista’ a todo aquel que pide se respeten sus derechos fundamentales no solo son estrategias fujimoristas.
El actual gobierno ha institucionalizado las declaratorias de ESTADO DE EMERGENCIA en distritos y regiones donde existe o es latente una protesta. ¿Qué tipo de democracia es la que nos restringe el derecho legítimo a exigir se respeten nuestros derechos?
En nuestra Constitución Política, en su artículo 137°, establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, se encuentra en la facultad de emitir decretos de “Estados de Excepción” como es el Estado de Sitio (cuando se aplica el toque de queda) y el Estado de Emergencia, estas medidas solo deben ser empleadas de manera excepcional y como último recurso.
Frente a un contexto de protesta, el gobierno debe prever dos situaciones: la primera referida a que se debe contemplar situaciones de conflictividad social que requieren ser atendidas inmediatamente a través de soluciones concertadas que prioricen el diálogo, y la segunda referida a garantizar que en esos espacios de acuerdo y/o soluciones se realicen en un contexto de normalidad que no requieran la suspensión de determinados derechos. Sin embargo esta postura no es acogida por el actual gobierno, puesto a la fecha viene utilizando en forma recurrente su facultad de emitir decretos de “Estado de Emergencia”, principalmente en zonas donde se anuncian o producen conflictos sociales que muchas veces tienen como origen la inexistente intervención del Estado en situaciones de contaminación ambiental, vulneración del derecho a la salud e incumplimiento de compromisos de empresas extractivas.
Durante el 2017 se declararon siete Decretos Supremos que anuncian este tipo de medidas, de los cuales tres han sido para extender los Estados de Emergencia en zonas donde no se ha registrado manifestaciones de violencia, al contrario, han sido integrantes de la PNP quienes han hecho uso de la fuerza para reprimir las protestas, como en el caso del distrito azucarero de Tumán (Chiclayo). El resto de Estados de Emergencia han sido declarados en el Sur del País, principalmente en Cusco y Apurímac, regiones donde están las empresas mineras más poderosas del Perú y el Mundo: MMG Las Bambas, Hudbay y Glencore. Está claro que con este tipo de ‘estrategias’ lo único que busca garantizar el gobierno es el traslado de materiales y minerales en el corredor minero, sin escuchar las exigencias de las comunidades y atender a ciento de personas que viven con metales tóxicos en sus cuerpos.
Es una exigencia que el gobierno empiece a evaluar el tipo de respuesta que viene dando a los conflictos sociales y la postura que tiene respecto a la agenda que plantea la población, o acaso ¿Seguiremos normalizando este tipo de medidas para la resolución de los conflictos?

Memoria ¿Qué nos queda por hacer?

El pasado 28 de agosto del 2017, se conmemoraron 14 años de la Entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR). Después de casi 20 años de vida democrática, han existido algunas sentencias en favor de las víctimas del conflicto armado interno. Una de los proceso más mediáticos es el del caso Los Cabitos: el pasado 17 de agosto, La Sala Penal Nacional, presidida por Ricardo Brousset, decidió condenar a dos altos oficiales del Ejército por los asesinatos ocurridos en el cuartel ‘Los Cabitos’, ubicado en Ayacucho, donde se torturaron, quemaron y desaparecieron a comuneras y comuneros de la zona.  En este caso ganó mucha visibilidad Mamá Angélica, pues su hijo fue asesinado y desaparecido por militares de dicho cuartel. Mamá Angélica, defensora incansable de los derechos humanos y fundadora de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) falleció este año, el mismo día del aniversario de la CVR. Pareciera que Mamá Angélica, estaba esperando esta sentencia para poder partir de este mundo.
Así mismo en otro caso emblemático es el de Cashahui, Chumbivilcas, ocurrido en abril de 1990, fecha en que doce campesinos fueron asesinados por un grupo de militares. Lo que sucedió, fue tan, o más, brutal que cualquier situación vivida en esa época, pues las víctimas fueron dinamitadas para luego ser rematados a balazos. Después de 27 años de impunidad e injusticias- muchas esposas, esposos y familiares de las víctimas ya han fallecido- obtuvieron un halo de justicia para las comunidades afectadas por esta matanza, pues en junio de este año, y después de alrededor 4 horas de lectura de expedientes, la Sala Penal Nacional dictaminó una sentencia contra los militares involucrados. Aunque, estas sentencias sean, de alguna forma, favorables para las víctimas, no excluye lo cuestionable que es nuestro sistema de justicia, que ante tantos años de procesos continua vulnerando a las y los familiares de asesinados y desaparecidos.
Frente a esta coyuntura, nos toca (sobre) vivir (a) un tiempo con muchos desafíos; ojalá que estas situaciones de injusticias movilicen y canalicen nuestra indignación en situaciones concretas, haciendo mucho más tercos nuestros corazones para seguir luchando en la construcción de un país para todas y todos, un país en donde la igualdad y el respeto a los derechos humanos sean temas transversales en la cotidianidad y en la vida política. Feliz 2018 de luchas y esperanzas.
*Comunicador del DHSF