En los últimos dos meses, Cusco registró 16 conflictos sociales en 7 provincias de la región

El estos últimos meses, como un proceso paralelo y ajeno a la coyuntura electoral, nuestra región ha estado atravesando im­portantes conflictos sociales, cada uno con su agenda, aislado en su territorio y evi­denciando las problemáticas más urgentes de nuestra región.

En el escenario nacional, a pesar de la aplastante coyuntura de crisis política, re­feréndum y disputa entre el Legislativo y Ejecutivo; los conflictos sociales han segui­do su propia dinámica y no han estado ob­teniendo respuesta del gobierno; según la Defensoría del Pueblo, en su último Repor­te de Conflictos Sociales N° 174, en el mes de agosto se han registrado 196 conflictos sociales y los departamentos con más ca­sos son Ancash con 29 conflictos, Puno con 17 y Cusco con 16 casos.

Del total de conflictos sociales en el país, el 64.3% son de carácter socioambiental, una situación que se replica en el Cusco, de los 16 casos, la mitad está referida a esta situación, los demás son por demarcación territorial, y agendas que están dirigidas al gobierno nacional y gobiernos locales.

En el mapa de la región se puede apreciar qué provincias han registrado conflictos, dentro de las más resaltantes está La Con­vención, que estuvo en huelga por 15 días y recién se va constituir una mesa de diálo­go para resolver cuatro de los diez puntos de su plataforma de lucha.

En la misma situación se encuentran las provincias altas, durante el mes de setiem­bre todo este territorio estuvo declarado en Estado de Emergencia, distritos como Velille en Chumbivilcas impulsaron una huelga indefinida exigiendo diálogo con la empresa minera MMG Las Bambas y co­munidades de Espinar como Huini Coro-ccohuayco, Paccopata y Huano Huano, du­rante cinco días emprendieron diferentes medidas de protesta ante el incumplimien­to de compromisos de la empresa minera; Glencore Antapaccay. Son estas provincias que vienen impulsando los denominados conflictos socioambientales.

Otras situaciones se han registrado en el distrito de Camanti, provincia de Quispi­canchi, la población está demandando la intervención de las autoridades para in­tervenir en la problemática de la minería informal por afectar el medio ambiente y su actividad agrícola. En la provincia de Urubamba hay cuestionamiento a las con­cesiones del transporte a Machupicchu y la presunta ocupación del espacio público por parte del Hotel Tambo del Inca, ahí se suma el conflicto legal ante la decisión judi­cial que admitió una medida cautelar para el Consorcio Machupicchu Pueblo, para que su empresa de transportes opere en la misma ruta que la empresa Consettur.

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