El estos últimos meses, como un proceso paralelo y ajeno a la coyuntura electoral, nuestra región ha estado atravesando importantes conflictos sociales, cada uno con su agenda, aislado en su territorio y evidenciando las problemáticas más urgentes de nuestra región.
En el escenario nacional, a pesar de la aplastante coyuntura de crisis política, referéndum y disputa entre el Legislativo y Ejecutivo; los conflictos sociales han seguido su propia dinámica y no han estado obteniendo respuesta del gobierno; según la Defensoría del Pueblo, en su último Reporte de Conflictos Sociales N° 174, en el mes de agosto se han registrado 196 conflictos sociales y los departamentos con más casos son Ancash con 29 conflictos, Puno con 17 y Cusco con 16 casos.
Del total de conflictos sociales en el país, el 64.3% son de carácter socioambiental, una situación que se replica en el Cusco, de los 16 casos, la mitad está referida a esta situación, los demás son por demarcación territorial, y agendas que están dirigidas al gobierno nacional y gobiernos locales.
En el mapa de la región se puede apreciar qué provincias han registrado conflictos, dentro de las más resaltantes está La Convención, que estuvo en huelga por 15 días y recién se va constituir una mesa de diálogo para resolver cuatro de los diez puntos de su plataforma de lucha.
En la misma situación se encuentran las provincias altas, durante el mes de setiembre todo este territorio estuvo declarado en Estado de Emergencia, distritos como Velille en Chumbivilcas impulsaron una huelga indefinida exigiendo diálogo con la empresa minera MMG Las Bambas y comunidades de Espinar como Huini Coro-ccohuayco, Paccopata y Huano Huano, durante cinco días emprendieron diferentes medidas de protesta ante el incumplimiento de compromisos de la empresa minera; Glencore Antapaccay. Son estas provincias que vienen impulsando los denominados conflictos socioambientales.
Otras situaciones se han registrado en el distrito de Camanti, provincia de Quispicanchi, la población está demandando la intervención de las autoridades para intervenir en la problemática de la minería informal por afectar el medio ambiente y su actividad agrícola. En la provincia de Urubamba hay cuestionamiento a las concesiones del transporte a Machupicchu y la presunta ocupación del espacio público por parte del Hotel Tambo del Inca, ahí se suma el conflicto legal ante la decisión judicial que admitió una medida cautelar para el Consorcio Machupicchu Pueblo, para que su empresa de transportes opere en la misma ruta que la empresa Consettur.
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