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Por: Wilson Chilo L.
La respuesta e indignación ciudadana ha logrado -con plantones y movilizaciones- que no haya impunidad en el caso Hotel Sheraton, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC) logró determinar una sanción a la inmobiliaria R&G SAC de 4 millones 605 mil soles por desmontar un muro prehispánico, demoler un bien inmueble, no registrar los bienes de patrimonio cultural encontrados durante las excavaciones y construir por encima de lo permitido.
La destrucción al patrimonio de la ciudad fue comprobada por informes técnicos y dos procesos administrativos sancionadores; sin embargo, el Ministerio de Cultura decidió anular la millonaria multa a la inmobiliaria. Este hecho ha generado una respuesta inmediata por parte de la ciudadanía y sus autoridades.
Desde la Comisión de Juristas del Cusco, la abogada T’ika Luizar refirió que el Ministerio de Cultura en lugar de tramitar la sanción ha dejado que se pasen los plazos y ahora de acuerdo a ley ha caducado, por eso declaran nula el proceso sancionador y la multa hacia la inmobiliaria.
Por su parte el congresista cusqueño Edgar Ochoa indicó, “es inaceptable que el Ministerio de Cultura se justifique por un aspecto de temporalidad, exigimos la salida del ministro por ser un hecho nefasto contra la cultura”.
A menos de 24 horas de conocerse esta noticia, sectores de la población ya están exigiendo la renuncia de Roger Valencia, actual ministro de cultura y por cierto, ciudadano cusqueño, hecho que ha generado mayor malestar; también salta a la luz la cercana relación con el empresariado del turismo y la Cámara de Comercio del Cusco; afinidades que explicarían su actuar como titular del Ministerio de Cultura.
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