Posreferéndum: La marcha de las reformas al vaivén de las disputas y el juego político

Por: Soc. José Antonio Lapa Romero

antonioromero99@yahoo.com

Posreferéndum el gobierno está envuelto en un manto de popularidad y ha construido su propio juego político, mientras las reformas parciales avanzan al vaivén de la disputa política, y se profundiza el capitalismo privilegiado, rentista y excluyente peruano. Veamos qué viene pasando.

  1. DE LAS DISPUTAS EN LAS ÁNFORAS A LAS DISPUTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS

El 9 de diciembre del 2018 las ánforas hablaron: 77.88 % de peruanos y peruanas votó a favor de la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura), 77.57 % a favor de la regulación del financiamiento de organizaciones políticas, 77.15 % a favor de la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios y 79.14 % en contra de la bicameralidad1. Resultados que como era previsible han lanzado al gobierno a un mar de popularidad que se reflejó en el 66 % de aprobación ciudadana del gobierno de Vizcarra2, según una encuesta realizada unos días después. Esto se ha traducido en términos políticos en un ensanchamiento del campo de maniobra y juego político a favor del gobierno, no obstante, su decidida apuesta en el campo económico por la reproducción y profundización de los intereses del capital en el Perú.

Así, posreferéndum la crisis del sistema de justicia (aunque este pasando desapercibido el Poder Judicial) se ha profundizado y ha tomado por asalto la atención el campo político en disputa. La fundamental indignación y movilización de las calles, en primer lugar, y la presión desde el gobierno, en segundo lugar, a través de la presentación de declaratoria en emergencia del Ministerio Público al Poder Legislativo, generaron como efecto político la renuncia de Chávarry al cargo de Fiscal de la Nación, y la fragmentación, deslegitimación y debilitamiento de los fujimoristas y sus aliados apristas3 dentro y fuera del Congreso. No obstante, siendo realistas estas disputas proreformas, si bien son importantes y podrían contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, aún es de segunda prioridad dado que es fragmentada y concentrada en una institución del Estado cuando la captura, uso político y la corrupción es sistémica y estructural al funcionamiento del Estado.

En efecto, luego del referéndum, se da un continuum en la disputa política entre el gobierno, fujimoristas y apristas -y otras fuerzas políticas y de la antipolítica- y las calles expresada por otros medios. Por un lado, la aprobación urgente de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en comisión ha avanzado al vaivén del juego político dominante, ahora con un actor fundamental en el escenario, el movimiento ciudadano, y su propio juego por parte del gobierno que ante la orfandad en la política se respalda en la opinión ciudadana y en el pragmatismo político porque como reconoció su primer Ministro «somos un gobierno que ni bancada tenemos, ni partido tenemos»4; por otro lado, 6 de las 7 propuestas de proyecto de ley de reformas planteadas por la comisión de reforma del sistema de justicia5 continúan en el escenario de lo indiscutido en el Congreso6, dado aún la correlación de fuerzas y el control político de comisiones por parte de los fujimoristas:

1) Ley Orgánica que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

2) Ley que elimina la intervención del Ministerio Público en todos los procesos contencioso administrativos.

3) Concurso público de méritos para seleccionar jueces supernumerarios en el Poder Judicial y fiscales provisionales en el Ministerio Público.

4) Ley que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público y crea la Fiscalía Suprema Anticorrupción en esa entidad.

5) Ley que promueve la probidad en el ejercicio profesional de la abogacía.

6) Ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

En efecto, no obstante, la fragmentación del fujimorismo y su aliado aprista desde el Congreso la resistencia al avance de las reformas aún continúa y continuará dado que si bien han perdido fuerza aún mantiene el control de las comisiones y aún tienen un peso importante en el Congreso, y porque en realidad también está en juego su supervivencia política ya debilitada en las elecciones del año pasado.

Es decir, pos referéndum, la implementación y avance de las reformas parciales del sistema de justicia continuará atravesada por el juego y disputa política entre poderes del Estado que se resisten a ser “reformadas” pero que muestran en realidad una profunda crisis de la política y del funcionamiento del Estado que requiere una respuesta sistémica y estructural dado que lo atraviesa: corrupción, capturas del Estado, puerta giratoria, clientelismo, patrimonialismo, exclusión política, etc.

  1. LA REFORMA POLÍTICA DEL GOBIERNO: ¿NUEVO CAMPO DE DISPUTA?

El gobierno abrió un campo de disputa política resuelto vía referéndum sobre temas impopulares que lo ha vuelto popular. Sin embargo, aún la pendiente implementación de una reforma y empolvadas las otras por el Congreso ha abierto otro campo de disputa y lucha política al conformar la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política7-comisión conformada por académicos bien intencionados de corte institucionalista- que le permite ganar la iniciativa al otro poder del Estado que tiene hace ya varios años encarpetadas iniciativas de reforma electoral planteada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)8, y reformas de la ley de partidos relacionadas a: fuentes de financiamiento prohibido, elecciones internas, participación de las organizaciones electorales en elecciones internas, financiamiento privado, financiamiento de las organizaciones políticas. Y otros relacionados a la bicameralidad, transfuguismo, cuota de género y la paridad en la participación de pueblos originarios, por ejemplo. Sin embargo, dada la configuración y correlación de fuerzas está claro que este nuevo espacio de disputa y las recomendaciones que realicen tendrán un largo trayecto atravesada por el vaivén y el juego político, dado que no solo está en disputa los intereses del purismo jurídico y tecnocrático de realizar mejoras normativas a la hasta ahora intocada y supersagrada Constitución –clamada permanentemente por un sector importante de ciudadanos que sea cambiada- sino ciertas formas de estructuración del poder que ha tenido (y tiene) a una parte de las instituciones del Estado bajo captura parcial o total por intereses partidarios, grupales y personales, y por los diversos poderes fácticos. Está en disputa el poder en el sistema de justicia y en el sistema político.

Por lo que estas reformas indudablemente no solo tienen que concentrarse en el perfeccionamiento o corrección formal del funcionamiento de las instituciones políticas como les encantaría a los politólogos, sino ir más allá atacando los elementos estructurales y poco visibles en el funcionamiento del sistema político peruano: discriminación, racismo, exclusión social, desigualdad de género y en general las desigualdades en las relaciones de poder de los sectores sociales hasta ahora excluidos. Es decir, estas reformas políticas tienen que ayudar a la reconfiguración del poder político y la desigualdad de la participación incorporando, por ejemplo, el rostro de las mujeres y los pueblos originarios que siguen olímpicamente discriminadas y excluidas o con una participación formal en el funcionamiento y práctica cotidiana de las instituciones políticas. Si ello no cambia, todo lo demás nadara en el formalismo puro y abstracto, y nos habremos alejado de reformas sustanciales al sistema político y excluido a los sujetos históricamente excluidos de las estructuras y el funcionamiento político peruano.

Lo positivo de estas disputas y el espectáculo político es que nos ha permitido reconocer la forma como se ha estructurado y aún viene funcionamiento el sistema de justicia y el sistema político peruano y la profunda crisis que la atraviesa, más allá del propio juego político del gobierno. Porque hasta ahora, como era previsible, en el campo económico el gobierno continúa profundizando y extendiendo los privilegios al capitalismo dependiente peruano con el argumento de promover las inversiones: ampliación de exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las exploraciones al sector minero y petrolero9, recuperación de IGV, política de competitividad, cholo barato, etc. Bienvenidos a la realidad peruana.

 

 

1. ONPE. Resultados de Referéndum 2018. Consulta: 23 de enero de 2019

2. IPSOS. Resumen de encuesta de opinión pública. Año 19, número 237. Consulta: 23 de enero de 2019

3. Incluido la censura a Salaverry que ha fragmentado aún más a Fuerza Popular.

4. EL COMERCIO. Villanueva: “somos un gobierno que ni bancada, ni partido tenemos”. 8 de noviembre del 2018. Consulta: 24 de enero del 2019

5. PCM. Crean la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, dependiente de la Presidencia de la república. 13 de julio del 2018. Consulta: 20 de enero del 2019.

6. LEGIS. 7 proyectos de ley para reformar la justicia que entregó la comisión Wagner al presidente de la República. 3 de agosto de 2018. Consulta: 20 de enero del 2019.

7. Resolución Suprema N° 228-2018-PCM. 21 de diciembre de 2018. Consulta: 24 de enero del 2019.

8. JNE. La reforma electoral está en manos del Congreso. Consulta: 22 de enero del 2019 .

9. EL COMERCIO. Congreso prorrogó exonerar actividad de exploración minera hidrocarburos. 17 de diciembre de 2018. Consulta: 23 de enero de 2019.

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