Más allá del conflicto Yavi yavi: derechos, dinero, exclusión y coerción en el corredor minero del sur

Soc. José Antonio Lapa Romero

Más de 52 días de paro en Yavi Yavi, demanda de mano dura por el empresariado, detenciones y denuncias por extorsión, movilización de las comunidades y distrito de Challhuahuacho que son los afectados y excluidos de la mesa de negociación, más de 8 mil trabajadores de MMG de Las Bambas parados, enfrentamientos en Pumamarca, ruptura de la mesa técnica de desarrollo con Las Bambas en Chumbivilcas, movilización por la vía en Paruro, paro en Abancay-Apurímac, y conformación de un comité de lucha por el reinicio de la mesa de diálogo en Espinar. Es indudable, por un lado, que un conflicto local se ha extendido y se comienzan a expresar los múltiples intereses y causas irresueltas de conflictos en este espacio de estructuración económica, política y de hegemonía del poder minero –y construcción de estructuras coercitivas, criminalización, e ineficacia del Estado para resolver conflictos– y, por otro lado, de consenso mayoritario de las poblaciones locales a favor del desarrollo del capital minero en el denominado corredor minero, que ponen en tensión y lucha política permanente las realidades fracturas y distantes en convivencia. Veamos qué viene pasando detrás de lo visible y no visible.

1. RAZONES DE DINERO Y RAZONES DE DERECHO EN EL CASO YAVI YAVI

La comunidad de Fuerabamba con el proyecto minero Las Bambas fue reasentada en las ya conocidas viviendas de nueva Fuerabamba –a 15 minutos de Challhuahuacho- y en el fundo Yavi Yavi en el distrito de Colquemarca de la región Cusco. Dicha comunidad indudablemente privilegiada por las compensaciones económicas millonarias (unos 400 mil por hogar[1]) por el desarraigo y la desestructuración económica y cultural –desde la mirada de las otras 38 comunidades– obtuvo condiciones ventajosas a comparación de las demás, lo que permitió a la mayoría mejorar relativamente sus condiciones de vida: compra de terrenos, viviendas, puesta en marcha de negocios, compra de camionetas, acceso a mejor educación, compra de autos y otros. Así, los efectos del desarraigo han implicado la transformación radicalmente de sus vidas al pasar de un mundo donde mandaba la subsistencia agropecuaria a un mundo donde manda el dinero en cotidianidad de la vida social y económica. Por lo que ese es el mundo donde tienen que moverse y donde están envueltos, siendo las necesidades y los intereses económicos los que marcan su nueva vida en nueva Fuerabamba.

Nueva Fuerabamba estuvo en conflicto, disputa y negociación por más de 52 días con MMG Las Bambas por un tramo de 12 kilómetros que es usado por el transporte minero. ¿Cuáles son las razones? Detrás de este conflicto hay una razón legal relacionada al derecho servidumbre y a la no expropiación (y no consulta previa) por parte del Estado que declaró la vía como vía nacional[2] y le hizo un tremendo favor a la empresa claro está (como suele hacerlo de manera permanente), y también hay que decirlo, por un uso legal pero instrumental del Derecho para lograr intereses económicos por parte de autoridades comunales y sus asesores –seguro que legítimos pero éticamente discutibles–. Mientras la razón económica está relacionada a la exigencia, en diferentes momentos de diferentes montos (40, 100 millones…), y en una última carta enviada a la empresa por 500 millones por la inexistente compensación por el uso de la carretera cuya negociación bilateral no fue resuelta. Así, como muy bien lo expresa (y esto también para eximirse de responsabilidades) el presidente de Nueva Fuerabamba: “Los 500 millones de soles que exigíamos es por el incumplimiento de los acuerdos que se hicieron en los años 2009, 2010 y 2011 con la empresa MMG y los abogados Chávez Sotelo nos recomendaron bloquear la carretera hasta que la minera pague»[3]. Bienvenidos a la sociedad de mercado local.

«Lo que termina dándoles poder de organización, movilización y disputa a los comuneros y comuneras es la cohesión a partir de sus intereses económicos».

Porque una cosa que tendríamos que preguntarnos en este conflicto es: ¿Cómo explicarse que una comunidad, de las 39 que tiene el distrito de Challhuahuacho, termina sosteniendo un bloqueo al transporte minero por más de 52 días? Desde mi punto de vista porque lo que termina dándoles poder de organización, movilización y disputa a los comuneros y comuneras es la cohesión a partir de sus intereses económicos dado el objetivo central de obtener la compensación económica de la empresa, que en palabras de su presidente se traduce en que “la empresa tiene que mejorar su propuesta y nosotros también bajar nuestra propuesta. Si la empresa y el Estado están interesados en pasar por ahí, tampoco estamos en contra de eso nosotros como comunidad. Estamos diciendo: si, pero, paga pe”[4]. Estrategia entendible (pero totalmente discutible) en el escenario de negociación dado que los asesores ganaban un porcentaje de lo que pagara la empresa. Esta disputa de larga resistencia desde la comunidad fue inadecuadamente calculada en la negociación por parte de la empresa (y el Estado), dado que su discurso relacionado a que tenían suficiente concentrado de cobre para cumplir sus compromisos contractuales terminó afectándolos, y claro está, también afectando económicamente al Estado que verá sus ingresos fiscales “reducirse” y políticamente a llevarlos a declarar en estado de emergencia el distrito de Challhuacho[5] y reafirmando su rol de bombero y de Estado que legitima el capital minero por encima de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Ahora, haber detenido al presidente de Nueva Fuerabamba en pleno proceso de negociación obedeciendo a presiones empresariales (y una actuación como nunca super eficaz del Poder Judicial y la Fiscalía) es una medida extrema y desesperada por parte de un Estado que es permanentemente ineficaz en resolver conflictos. El desbloqueo de la carretera y de la entrada a la operación minera viene implementándose con resistencias luego de los acuerdos del fin de semana, sin embargo, sin haberse resuelto aún las causas de conflicto, veremos el desenlace en los próximos días.

2. LAS RAZONES DE LOS INVISIBILIZADOS Y EXCLUIDOS DE CHALLHUACHUACHO Y LOS DISTRITOS DE COTABAMBAS

El conflicto de Fuerabamba está concentrando legítimamente la atención y los esfuerzos de diálogo desde el Estado (y la empresa) pero está invisibilizando y excluyendo de la mesa de diálogo y negociación a los intereses de las demás comunidades de Challhuahuacho y las comunidades afectadas por el transporte minero que atraviesa principalmente los territorios de los distritos de las regiones de Apurímac y Cusco y que comienzan a manifestarse: Mara, Colquemarca, Ccapacmarca, Santo Tomás, Velille, Coporaque, y Espinar. Dado que el cambio de mineroducto a transporte minero producto de la segunda modificación del EIA aprobada en el 2014[6] viene produciendo impactos ambientales y sociales permanentemente denunciados por la poblaciones locales debido al tránsito de más de 800 vehículos por día: rajaduras de parte de las estructuras de las viviendas aledañas a la carretera del transporte minero, afectaciones de los cultivos, pasturas y animales, disminución de sus fuentes de agua por el uso para el riego de la carretera, recurrente derrame de materiales o sustancias tóxicas por la volcadura del transporte minero, y otros.

Porque en Challhuahuacho el 79.4 % de sus hogares son pobres y pobres extremos para el 2018 –en Cotabambas 89.5 %[7]–, 19.2 % de desnutrición crónica, 51.3 % riesgo de desnutrición crónica y 30.4 % de anemia total en niños (as) menores de 5 años[8] y aún una mayoría se dedica a actividades agropecuarias de subsistencia; mientras que en el 2016 MMG Las Bambas obtuvo por sus ventas S/. 4 131,612,000 y en el 2017 alcanzó una producción de 452,950 TMF de cobre, lo que expresa una realidad que no variará mucho en los próximos años: riqueza y acumulación empresarial y pobreza extendida local. O para decirlo en palabras de los pobladores locales: nosotros solo vemos pasar la riqueza.

«En Challhuahuacho el 79.4 % de sus hogares son pobres y pobres extremos para el 2018».

En Challhuahuacho es indudable que el desarrollo del capital minero ha influenciado en la transformación de la vida social y económica de la capital y en menor medida de las comunidades del distrito: crecimiento urbano acelerado y no planificado, incremento en el costo de vida y la canasta básica familiar que afecta a la mayoría que no tiene ingresos monetarios significativos, puesta en marcha de negocios de hospedajes, restaurantes y lavanderías (un pequeño sector), incremento de la conflictividad entre pueblo-comunidades, comunidades y familias por tierras o estar beneficiado o no beneficiado por la empresa, y constitución de una sociedad de mercado donde predominan las relaciones monetarias y en las que todo se compra y todo se vende. Pero también ha significado la diferenciación marcada en la estructura social configurando a un pequeño sector –no más del 5 %– articulado de forma directa e indirecta a la economía minera (hospedajes, restaurant, lavanderías, alquiler de camionetas, conducción de vehículos, y otros servicios), y una mayoría campesina excluida y articulada de manera marginal a la economía minera[9] (pero con mucha expectativa generada desde la fase de aprobación de su EIA, y a veces pidiendo que les den oportunidades de empleo) y más bien afectada principalmente de forma negativa en su economía agraria por el incremento de los costos de producción y de vida.

En efecto Challhuahuacho y la provincia de Cotabambas han estado (y estarán) atravesando permanentes conflictos que han ido generando fracturas, fragmentación social, dolor y criminalización:

1) el conflicto del 2011 envuelve en procesos legales a más de 25 líderes/dirigentes y ciudadanos;

2) el conflicto del 2015 que envuelve a más de 30 líderes/dirigentes y ciudadanos procesados y dejo 4 ciudadanos peruanos muertos.

Dichos conflictos y los efectos de desestructuración que ha generado en la organización, los liderazgos y dirigencias locales explican en gran medida –y también por el poder hegemónico y la captura dirigencial por parte de la empresa, y por las contracciones laborales de líderes/dirigentes locales como trabajadores y algunos como informantes– por qué no es el distrito de Challhuahuacho (y los otros distritos de Cotabambas) el que termina liderando una movilización no obstante viviendo las afectaciones del transporte minero y otros impactos de la explotación minera: olores nauseabundos “como a fierro quemado” en las localidades cercanas a la planta de Molibdeno, vibraciones de las explosiones de la operación minera, polvareda del transporte minero, incremento del costo de vida y los productos de la canasta básica familiar, incremento del costo de la producción agrícola, contaminación del río Challhuahuacho donde antes pescaban truchas. Es decir, no obstante, las afectaciones del transporte minero y las afectaciones económicas y sociales,

¿Por qué las organizaciones y comunidades del distrito no terminaron movilizándose?

La respuesta es obvia: Challhuahuacho hasta este momento estaba y está atravesado por un proceso de fracturas, fragmentación y debilitamiento organizacional, otro pequeño sector envuelto de forma directa e indirecta en la dinámica económica minera, otros articulados o buscando articularse laboralmente a la inversión municipal que en los últimos años ha manejado más de 100 millones de presupuesto y que tiene un alcalde preso y uno prófugo por corrupción, dado el asalto municipal que realizaron. Además, está claro que la mayoría no está en contra del proyecto Las Bambas sino lo que quieren muchos en Challhuahuacho y en el corredor minero es que el desarrollo de la explotación minera les “beneficie” de forma directa en sus bolsillos y vida cotidiana concreta, más allá, y tomando en cuenta los acuerdos de las 17 condiciones firmados el 2004 y el plan de desarrollo de Cotabambas comprometido el Estado el 2017, las promesas de empleo, proyectos y compra de producción que les hiciera la empresa desde la aprobación de su EIA y el inicio de sus operaciones en la zona.

3. A MODO DE CIERRE SOBRE LAS TENDENCIAS ESTRUCTURALES

Poder y riqueza que se concentra

El capital minero transnacional que se desarrolla, circula y acumula en el corredor minero está concentrado en las siguientes empresas que han reestructurado las relaciones económicas, sociales, políticas y la vida cotidiana, concentrando el poder y constituyéndose en los poderes hegemónicos locales: Glencore-Antapaccay y Hudbay-Constancia (Cusco), y MMG Las Bambas (Apurímac). Así, para el 2017 el valor agregado bruto de la explotación de recursos naturales fue: 28.1 % en Cusco (S/ 6 495,389), y 61.6 % en Apurímac (S/. 6 089,897). Mientras la riqueza generada por ventas anuales promedio fue más de 9 mil millones de soles anuales[10], en el corredor minero: S/. 3 690,612 Antapaccay y S/. 4 131,612 de Las Bambas en el 2016, y S/. 1 189,823 de Constancia en el 2015. Esta inmensa riqueza generada contrasta con la pequeña y marginal articulación económica de las economías y poblaciones locales donde operan debido a los privilegios económicos, fiscales, tributarios y laborales, y porque exportan sus ganancias a sus casas matrices: Norteamérica, Europa o China.

Pobreza que se mantiene

Ahora, comparando los datos de pobreza del censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2007[11] y los de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) del 2018[12] muestran que: la incidencia de la pobreza total fue 64.7 % y los pobres y pobres extremos 66.5 % en el distrito de Espinar; 90.8 % y 89.5 % en Chamaca, 90 % y 94.9 % en Livitaca, 76.6 % y 86.3 % en Velille; y 88.5 % y 79.4 % en Challhuahuacho, respectivamente. Por lo que más allá de intensa dinámica económica minera generada en la fase de construcción en Las Bambas, Antapaccay y Constancia; poscontrucción la pobreza no ha variado ni variará de manera significativa mostrando una relación perversa: el mar de riqueza convive con el mar de pobreza[13]. Así, en el corredor minero el gran capital minero se viene desarrollando de espaldas a la gran mayoría de las poblaciones locales quienes esperan el chorreo o el goteo económico que se traduzca en empleos, bienestar y la aún añorada mejora significativa de la calidad de sus vidas.

Autoritarismo que se estructura

Mientras que a la estrategia de “lluvia de inversiones” para enfrentar los conflictos sociales en la actuación del Estado y transformado política a partir de la creación del Fondo de Adelanto Social (FAS), la estrategia de criminalización –más de 20 en Chumbivilcas, más de 50 en Cotabambas y más de 3 en Espinar-, estados de emergencia permanentes (el 2018 el corredor ha estado 8 meses bajo esta medida y en Yavi Yavi hasta el 2019), se ha agregado la estrategia de progresiva extensión de la coerción y represión como base de las relaciones Estado, población y empresa minera. Así, luego del conflicto del 2012 de Espinar el gobierno creó el Frente Policial de Espinar que tiene bajo jurisdicción las provincias de Canchis, Canas, Espinar y Chumbivilcas, áreas donde desarrollan sus proyectos mineros Glencore y Hudbay; y actualmente en Cotabambas, luego de los conflictos del 2015 y 2016, el Estado viene construyendo la base de operaciones especiales de la Policial Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Challhuahuacho[14]. Estas acciones del Estado indudablemente no tienen como objetivo brindar garantías de paz a los ciudadanos y ciudadanas de las zonas mineras, sino que es claro el objetivo político desde el Estado de garantizar, vía el uso de la fuerza y la coerción, los intereses empresariales mineros. Tal como bien lo expresó en su momento el exministro Carlos Basombrío en una entrevista en un medio nacional: “Esta base tiene como propósito garantizar la paz social y evitar que se genere alteraciones del orden público en torno al proyecto minero Las Bambas, el cual es considerado de importancia estratégica para el país. Asimismo, sostuvo que el Ministerio del Interior firmará un contrato en forma directa con la empresa MMG Las Bambas que determinará el número de efectivos destacados a la zona y su procedencia, decisión que antes recaía en la Región Policial de Apurímac”[15]. Esto es peligroso y debilita las estructuras de la democracia peruana, y reafirma el rostro autoritario del Estado peruano.


[1]GESTIÓN. Nueva Fuerabamba: Así viven los comuneros de Las bambas trasladados al nuevo pueblo. 8 de diciembre de 2017. Consulta: 7 de abril de 2019 <https://gestion.pe/economia/nueva-fuerabamba-viven-comuneros-bambas-trasladados-nuevo-pueblo-222344>.Informantes locales sostienen que ha sido 400 mil por persona.

[2]EL PERUANO. Reclasifican de manera definitiva como Ruta Nacional, diversas Rutas Departamentales o regionales de la Red Vial de los departamentos de Apurímac y Cusco. Resolución Ministerial N° 372-2018 MTC/01.02. Consulta: 8 de abril de 2019 <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/reclasifican-de-manera-definitiva-como-ruta-nacional-divers-resolucion-ministe rial-no-372-2018-mtc0102-1651831-8>

[3]LA REPÚBLICA. Líder comunero de Fuerabamba culpó por bloqueo a hermanos Chávez. 5 de abril del 2019. Consulta: 7 de abril del 2019 <https://larepublica.pe/politica/1443849-lider-comunero-fuerabamba-culpo-bloqueo-hermanos-chavez>

[4]EL COMERCIO. Tensión en el corredor minero: conflicto entre Las bambas y Fuerabamba. 18 de marzo de 2019. Consulta: 8 de abril de 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=HLRomid6O7c>

[5]EL PERUANO. Declaración de Estado de Emergencia en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, y prórroga del Estado de emergencia declarado en parte del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa. Decreto Supremo N° 056-2019-PCM. 28 de marzo de 2019.

[6] En la segunda modificatoria del EIA establece que se transportará concentrados de cobre y molibdeno en 125 camiones cargados por día y 125 camiones retornando sin carga, más 60 vehículos que abastecerán de insumos a Las bambas (En: Las Bambas. http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2015/10/2015-10-Las-Bambas-informe-OCM.pdf). Transporte que se ha cuadruplicado y que generan impactos en la población y el medio ambiente.

[7]INFOMIDIS. Padrón General de Hogares. Consulta: 7 de abril de 2019 < http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/padronGralHog>

[8]INS. Indicadores niños enero-diciembre 2017. Consulta: 7 de abril del 2019 <https://web.ins.gob.pe/index.php/es/ alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/vigilancia-del-sistema-de-informacion-del-estado-nutricional-en-%20EESS>

[9] Ahora es cierto que por las características de explotación y el uso de tecnologías especializadas la cantidad de puestos de trabajo locales es y serán pocos en la misma empresa o sus contratas, sin embargo, dicha expectativa sobre dimensionado la genero la misma empresa cuando fue a las comunidades y les dijeron que les comprarían su producción, desarrollarían proyectos productivos, capacitarían a los jóvenes y habría posibilidades de empleo. Un ejemplo gratificante pero preocupante es que la sub sede de la UNAMBA en Haquira tenga 128 estudiantes en el 2017 en Ingeniería de Minas, lo que evidencia la sobreexpectativa por la operación de Las Bambas.

[10]Las Minas del Perú. Perú: Proyectos y prospectos 2017-2019. Perú Top Publicaciones 2017.

[11]INEI. Sistema de consulta de principales indicadores de pobreza. Consulta: 5 de abril de 2019<http://censos.inei.gob.pe/ Censos2007/Pobreza/>

[12]INFOMIDIS. Padrón general de hogares. Consulta: 7 de abril de 2018 <http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/padronGralHog>

[13]Por lo que la campaña “Minería de Todos” sobredimensiona intencionadamente el aporte concreto al desarrollo económico y social: 10 % del PBI, 189 962 empleos directos, 5.4 % de aporte tributario el 2016, S/.3, 303 millones de transferencias a regiones (canon, regalías y vigencia) y la SUNAT le devolvió en el periodo 2016 a 2017 por impuestos S/ 12,033 millones (En: GESTION. Gobierno renovaría devolución del IGV a las empresas mineras. Jueves 6 de setiembre del 2018. Consulta: 5 de abril de 2019 <https://gestion.pe/amp/ economia/gobierno-renovaria-devolucion-igv-empresas-mineras-243704>

[14]A esta expresión pura de fuerza y coerción, en el 2017 el Gobierno y el Estado creo la figura de los Activos Críticos Nacionales para “proteger las capacidades nacionales frente a acciones de inteligencia u otras encubiertas provenientes de actores que representan amenazas a la seguridad nacional”, bajo competencia de la Dirección Nacional de Inteligencia-DINI, y estableciendo que las Fuerzas Armadas y la Policía “brindan las medidas de protección y seguridad pertinentes a los Activos Críticos Nacionales – ACN cuando su afectación, perturbación o destrucción genere grave perjuicio a la Nación y sean solicitadas por el sector responsable, con autorización del Presidente de la República”. Esto sería la expresión mayor de privatización del uso de la fuerza para intereses empresariales (y extensión del rostro autoritario del Estado) y un peligro para un país que si quiera busca parecerse a una democracia.

[15]CORREO. Ministro del Interior incluirá a exgobernador regional de Apurímac en lista de los más buscados. 6 de abril del 2019. Consulta: 6 de abril del 2019<https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/ministro-del-interior-incluira-a-exgobernador-regional-de-apurimac-en-lista-de-los-mas-buscados-763862/>

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