Por Alberto García Campana
El 18 de mayo de 1781, el prócer de la independencia americana, José Gabriel Tupaq Amaru, fue asesinado en la Plaza Mayor del Cusco. Previamente, las hordas genocidas llegadas desde el viejo continente habían ejecutado a Micaela Bastidas, la esposa del mártir y a sus hijos Hipólito, Fernando y Mariano. No puede imaginarse mayor dolor para una madre que presenciar el ahorcamiento de sus pequeños hijos.
En un acto brutal, el crimen masivo se perpetró en presencia de los invasores, entre ellos un cura que encabezó el traslado de Tupac Amaru desde el local que hoy ocupa el Paraninfo Universitario, hasta el centro de la Plaza Mayor donde se había instalado el cadalso.
La barbarie del 18 de mayo de 1781 no hizo sino fortalecer las anisas de liberación. Casi medio siglo después, finalmente los asesinos fueron expulsados del territorio patrio.
El 18 de mayo de 1980, un dinamitazo en el distrito ayacuchano de Chuschi anunció la presencia del terrorismo en el Perú. Más de 70 mil peruanos, la mayoría de ellos campesinos, fueron asesinados en la guerra que vivió el Perú durante 20 años.
La tarea de ahora es reflexionar sobre las causas y el significado del surgimiento del terrorismo en el Perú.
El deber pendiente es rendir homenaje y reivindicar a Tupaq Amaru, a Micaela Bastidas, a sus hijos Hipólito, Fernando y Mariano, así como a los familiares y aliados que derramaron su sangre para legarnos una patria libre del dominio imperial.
El 18 de mayo debería ser un día de duelo por el sacrificio de Tupaq Amaru, su esposa y sus hijos. Debiera ser así, pero ni antes ni hoy tenemos autoridades regionales o locales que comprendan la gesta del prócer. No basta con colocar ofrendas florales ante el monumento en la plaza Tupaq Amaru.
No basta con discursos. Hay que avanzar hacia la declaratoria de duelo regional, con izamiento de banderas a media asta y con ceremonias en todas las instituciones públicas, para recordar al padre de la patria, al héroe que derramó su sangre para que hoy vivamos sin cadenas.
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