Apurímac: territorios y derechos en contextos extractivos

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Por: Enver Quinteros P.
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

Como nunca en su historia, Apurímac hoy ocupa un lugar central para el Estado y los poderes económicos del país. La razón: en su territorio se asientan importantes proyectos mineros que -a través de videos y artículos elaborados en Lima, nos dicen que- estarían produciendo el “milagro apurimeño” y que problemas estructurales como la pobreza, desnutrición y analfabetismo en unos años serán parte del pasado (si el milagro continúa y no es amenazado por anti-mineros o anti-desarrollo).

Es cierto que la minería ayudó a multiplicar presupuestos que permitieron construir infraestructura estatal y dinamizar sectores económicos como la construcción y el transporte; incluso, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, se posibilitó la reducción de la pobreza en zonas rurales debido al desarrollo de la minería popular (artesanal, informal e ilegal) por los campesinos en 2014. Sin embargo, no pueden seguir negándose los diversos impactos de esta actividad, que a la postre cuestionan y desnudan la certeza de dicho milagro.
Milagro puesto en cuestión no solo por los 10 conflictos sociales que experimenta la región, sino -y centralmente- por la
coexistencia y desatención de éstos con otros problemas históricos y actuales que están impactando en la región.
Como veremos a continuación, en los subterritorios de Apurímac, estos hechos y procesos se están desarrollando con sus particularidades locales, pero marcadas por un contexto mayor dominado por el extractivismo donde los derechos humanos enfrentan una situación compleja y difícil.

<<La ausencia de políticas agropecuarias integrales, el bajo precio de la papa, el uso de químicos que elevaron la producción de los tubérculos pero contaminaron las tierras, las sequías y la falta de trabajo, llevaron a diversos sectores de campesinos, a apostar por la actividad minera>>

Sub territorio Chanka

Las provincias de Andahuaylas y Chincheros son parte de este sub territorio. Están históricamente vinculadas a Ayacucho y es la zona de mayor dinamismo sociopolítico que fue duramente golpeada por el conflicto armado interno, que afectó derechos y la economía agraria. Por ello, uno de los fenómenos más relevantes que se desarrolló en esta zona fue la complementariedad y/o reemplazo de la actividad agropecuaria con la actividad minera en varias localidades como José María Arguedas, Pampachiri, Tumayhuaraca o Chiara. En efecto, siendo una zona de tradición agrícola, desde mediados de la década pasada, a la llegada de la mediana y pequeña minería, se activó en los campesinos la apuesta por desarrollar su propia minería artesanal y, en algunos casos, incluso tejiendo vínculos con el narcotráfico (el problema ilegal más importante en la zona). Esto conllevó a generar varios conflictos sociales, que si bien hoy han disminuido considerablemente, en el quinquenio pasado sí ocuparon una agenda importante. Por el lado de Chincheros la actividad minera popular ha sido mucho menor. De hecho, es la provincia que apenas registra 39 mineros informales versus los 1,278 de Andahuaylas. La apuesta por constituirse en una provincia agroecológica productora de diversos tipos de frutos explica su realidad.

La ausencia de políticas agropecuarias integrales, el bajo precio de la papa, el uso de químicos que elevaron la producción de los tubérculos pero contaminaron las
tierras, las sequías y la falta de trabajo, llevaron a diversos sectores de campesinos, a apostar por la actividad minera, posibilitando incluso la creación de la Federación Regional de Mineros Artesanales y Pequeños productores de Apurímac – FERMAPA, una organización que articula a unos 15 mil campesinos mineros apurimeños, de Nazca y de Puno, que hoy se encuentra muy debilitada pero años atrás fue un actor político importante en la región.

Sub territorio Yanahuara

La conforman Cotabambas, Antabamba y Grau. Es un territorio en el que predomina la etnia yanahuara. Fue eje político y económico importante de la colonia debido a la producción de metales, y que hoy, con la reciente llegada de la gran minería transnacional volvió a ubicarse como un territorio de importancia mayúscula para el Estado y las elites económicas.

También aquí la desatención de las secuelas del conflicto armado interno y la nula inversión económica llevaron a aceptar la minería. No obstante, como se puede constatar, la crítica e incluso la oposición a esta actividad va creciendo progresivamente. Esto se deriva de los impactos negativos que se producen en el contexto de convivencia de la gran y mediana minería junto a la minería popular. En efecto, al mediático conflicto Las Bambas, se suman otros menos visibilizados como el conflicto con la empresa Anabi en el distrito de Haquira; o el de Huaquirca en Antabamba con esa misma empresa; o en Vilcabamba (Grau) con la empresa Santa Maria SAC, por citar unos ejemplos. Más aún, en el marco del contexto extractivo se volvieron a activar viejos conflictos intercomununales por linderos que de una manera u otra buscan beneficiarse de los proyectos mineros, ya sea por declararse zona de influencia de proyectos o por ser ubicación de posibles vetas mineras. En ese marco no debe sorprender que existan más de 2,000 registros de mineros campesinos artesanales entre Cotabambas y Grau.

Pero quizá el fenómeno político de mayor importancia desarrollada en esta zona es la apuesta de control territorial que están implementando el Estado y las empresas mineras, sobre todo en el corredor minero. En efecto, a diferencia de la zona quechua y chanka, el territorio yanahuara es sujeto de una importante presencia política estatal que tiene por objeto garantizar el buen andar de los proyectos mineros. Ello supone, en la práctica, desarrollar un conjunto de estrategias que buscan anular, debilitar o estigmatizar cualquier posible acto de reivindicación de derechos de las colectividades locales, tildándolas de grupos antidesarrollo o incluso de terroristas antimineros.

La criminalización de más 180 ciudadanos, las declaratorias de emergencia (16 en total), la militarización y las firmas de convenios entre Policía Nacional del Perú y empresas, así como el abandono de las víctimas de los conflictos 2015-16, son expresiones concretas de esa apuesta estratégica, que el hoy gobierno de Vizcarra busca atenuar temerosamente, respondiendo a las demandas exigidas por las organizaciones sociales y campesinas tras los paros iniciados por Fuerabamba en Yavi Yavi en los últimos meses.

Sub-territorio Quechua

Las provincias de Abancay y Aymaraes son parte de este sub territorio. De poca tradición organizativa, fue también una zona dominada por el conservadurismo religioso y político. Además, fue muy golpeada por el conflicto armado interno, en particular la provincia de Aymaraes, donde la represión estatal fue más dura que la criminalidad senderista.

La zona no es ajena al extractivismo. Aquí se ubica uno de los varios proyectos más grandes de Apurimac: Chankas, de Southern Perú, que supuso un conflicto con la comunidad de Tapairihua en 2013, aún latente. Además, es una zona que registra varios otros proyectos mineros menores y un total de 1,640 mineros informales. Es decir, un importante contingente de campesinos mineros que operan en distritos como Chaqña, Pichirhua, Curahuasi, Chalhuanca, etc. Si bien la conflictividad social vinculada a la actividad minera es menor que en Cotabambas, esta zona, por ser sede del poder político, es epicentro de las decisiones políticas estatales de la región. En ese marco cabe señalar la apuesta pro-minera radical desarrollada por los gobiernos de los ex mandatarios regionales, Segovia y Venegas, en detrimento de los ciudadanos de la región. En lo que va su gestión, lamentablemente el gobierno de Baltazar Lantaron va en la misma línea.

Breve conclusión

Como se constata, Apurímac vive un presente determinante para su futuro. Hoy se encuentra inserta en una etapa dominada por el modelo neoliberal extractivista. Un modelo de desarrollo impuesto centrado en la economía, pero que genera, niega y silencia los impactos ambientales, sociales, políticos y culturales que afectan a colectividades y personas. No obstante, si bien hoy constatamos una sustantiva presencia del Estado en los subterritorios, preocupan dos realidades; por un lado, su precaria calidad para la atención de derechos (salud, educación) que desnudan el mentado “milagro apurimeño”, y por otro, su comportamiento pro-empresa y anti-derechos humanos en territorios donde se desarrolla la actividad minera, imponiendo incluso una política autoritaria y represiva. Si estas características no son revisadas de manera urgente, no solo el sentimiento anti-minero seguirá creciendo, sino también las distancias de este territorio para con este Estado.