ENTRE RAZONES DE VIDA, DIÁLOGO FRUSTRADO Y REPRESIÓN ESTATAL

“Defiendo este valle porque de este Valle mis padres me hacen estudiar”. (Palabras de un adolescente detenido y luego liberado)

Por: Soc. José Antonio Lapa Romero

La obediencia del gobierno al mandato de facto de la clase empresarial al otorgar la licencia de construcción del proyecto Tía María ha abierto un campo político conflictivo que envuelve ya 15 días a los ciudadanos y ciudadanas del Valle de Tambo que vienen viviendo una movilización permanente, resistencia, enfrentamiento y represión estatal. Los llamados al diálogo por parte del gobierno, pre y posconflicto, ha resultado frustrado, y al mismo tiempo el despliegue del aparato coercitivo estatal para imponer el “imperio de la ley” ha producido permanentes enfrentamientos entre la población y los 600 policías (y sus tanquetas y helicóptero). La decisión y la insistencia en la legalidad/legitimidad de la licencia, ha tenido el efecto político de escalar el conflicto, intensificar la violencia y la represión, y cada vez más polarizar la lucha política entre quienes defienden los intereses empresariales y quienes defienden los intereses de la población del Valle de Tambo. Así, nos encontramos inmersos en una disputa política que requiere una solución urgente por parte del gobierno.

1. RAZONES DE VIDA VERSUS “RAZONES” DE DINERO

Valle de Tambo

El Valle de Tambo está (y ha estado) envuelto durante más de 10 años en una permanente lucha, movilización, resistencia, violencia empresarial y represión estatal (2011 y 2015), y ahora en un tercer conflicto que sigue teniendo su origen en la contradicción entre los sectores sociales agrarios que quieren seguir viviendo de la agricultura y la empresa (y el Estado) que vuelven a imponer el proyecto minero al aprobar la licencia de construcción. La razón económica del pueblo del valle es una razón de vida simple de explicar: 59 % de los ciudadanos y ciudadanas se dedican a la actividad agrícola, 20 mil familias están articuladas a la dinámica económica agraria, y el valle tiene una estructura socioeconómica de 5 mil propietarios, 12 mil conductores de chacra (propietarios y arrendatarios) y 15 mil jornaleros[1], economía agraria que le da vida (y claro el río Tambo es la columna vertebral), intensa movilidad social y bienestar. Razón de vida que se constituyó en razón política legitimado el 28 de setiembre del 2009 cuando se dio la consulta ciudadana en el Valle de Tambo que trajo como resultado que más del 90 % votara en contra del proyecto Tía María y que sigue siendo el consenso de la mayoría en el Valle de Tambo.

Mientras la “razón” del dinero, que son “razones” de negocios, está relacionada a que Southern tiene más de US$ 700 millones invertidos en el proyecto Tía maría –US$ 361.5 millones hasta el 2015[2]– que presiona a la empresa a concretar su inversión dado el efecto financiero negativo que tendría sobre sus acciones, y tiene compromisos de inversión por US$ 8,000 millones que ha usado para presionar (y chantajear) en su interés de obtener la licencia de construcción delibery, ayudado por sus poderosos aliados CONFIEP y la SNMPE, y el gobierno y el Estado pro empresarial. Además de publicitar permanentemente sus supuestos beneficios a partir de inversión de US$ 1,400 millones sin decir, como es obvio, de que va a recuperar su inversión a través de los mecanismos tributarios que le son “legalmente” permitidos, que tiene contrato de estabilidad tributaria que le permitirá incrementar sus ganancias, que su capacidad de empleo local es tremendamente pobre (600 empleos locales según su mismo EIA), que la riqueza que generará de concentrará fundamentalmente en la empresa y que su puesta en operación va a generar efectos económicos y sociales negativos claramente previsibles: inflación local e incremento del costo de mano de obra que afectará a la economía agraria, imagen negativa y afectación a los precios de productos agrícolas por estar en una zona minera que en el sentido común es sinónimo de contaminado, incremento del costo de vida, incremento de la conflictividad, fragmentación social, etc.

Ahora, si bien la empresa ha obtenido la licencia de construcción en base a presión y la ayuda estatal no ha obtenido la licencia social que en los más de 10 años que viene operando en la zona ha tenido que inventarla comprando la participación de personas foráneas en los talleres y audiencia en el marco de la aprobación del EIA del 2014, fabricando supuestas encuestas que mostrarían que más del 50 % apoyaría el proyecto minero en la provincia de Islay, y deslegitimando la oposición al proyecto relacionándolo con “terrorismo antiminero”, “genes terroristas” y el “radicalismo de una minoría”. Es decir, por donde se lo mire este proyecto minero ha avanzado (y sigue avanzando) en la formalidad del procedimentalismo estatal (con complicidad y ceguera del Estado), con una legitimidad inventada en base al asistencialismo y clientelismo minero, inventando supuestos mayorías que han sido minorías bajo su control y mucha violencia que ha generado fracturas sociales en la sociedad y los corazones de la población del Valle de Tambo.

Por lo que el comunicado en Fiestas Patrias por parte de la empresa haciendo referencia a un inventado “compromiso” de “postergar el desarrollo del proyecto en busca de un clima social más favorable”[3], es una forma de violencia más y un insulto a la memoria colectiva dado que por la licencia de construcción la población del Valle está sometida nuevamente a una permanente violencia y represión estatal, siendo esto solo posible en un país que se gobierna obedeciendo el mandato empresarial y un estado de derecho vaciado de contenido que garantiza el interés privado empresarial y violenta el derecho de las poblaciones locales.

2. CONFLICTO, DIÁLOGO FRUSTRADO Y REPRESIÓN ESTATAL

Gobierno dispuso la movilización de más policias y el Ejército

La población del Valle de Tambo y Arequipa está envuelta en un tercer conflicto donde viene predominando la violencia y represión estatal -el 2011 y 2015 trajo como consecuencia 8 ciudadanos fallecidos, cientos de heridos, cientos de denunciados y decenas de procesados- que ya tiene decenas de heridos, varios detenidos (aunque ya liberados pero que serán investigados), mujeres agredidas, y una población sometida a la violencia de Estado. Así, la violencia empresarial ha sido sustituida por la represión estatal de más de 600 efectivos de las fuerzas policiales que han venido (y vienen) enfrentándose con la población y sectores agrarios movilizados en el Fiscal, Cocachacra, Mollendo, y Matarani (punto estratégico para la llegada de la producción de concentrado de cobre del corredor minero) y en los últimos días extendido a la Joya, Majes, Arequipa y el sur. Entonces al diálogo frustrado –aún la presencia de Vizcarra el 24 de julio en Arequipa que sigue insistiendo en el respeto al procedimiento y la presentación del recurso de revisión de la licencia de construcción que el consejo de minería responderá el 20 de agosto- el gobierno y el Estado viene imponiendo la fuerza.

Siendo claro nuevamente el patrón de actuación estatal dado que en este tercer conflicto se identifica a un gobierno (y un primer ministro) claramente legitimando los intereses empresariales de Southern, insistiendo en que el conflicto es por inquietudes o dudas no resueltas de manera suficiente y al mismo tiempo pobre de entendimiento dado que continúan sosteniendo que en el conflicto de Tía María, “estamos hablando de un proyecto que no está comenzando a construirse y que no va a comenzar a construirse hasta que el diálogo absuelva todas las inquietudes que puedan haber, es decir, están reaccionando ante algo que no existe (…), de una manera absolutamente prudente se dice acá hay una licencia pero no se va a comenzar a construir hasta que las personas puedan estar tranquilas de que se trata de un proyecto que no les va a afectar”[4]. Mientras que casi en paralelo, como ha sido permanente, un funcionario de Southern da como fecha probable de inicio de producción el 2022 (aunque la empresa se la cree como cierta) y  manifestó que “tenemos un entorno de proyecto mucho mejor que el que hemos tenido en años anteriores»[5], claro sin decirnos que ese “mejor entorno” es a gusto del cliente (una pequeña minoría que los apoya porque mantienen o mantendrían una relación económica presente o futura), tremendamente frágil, sin mayor legitimidad, inventada y olvidando la responsabilidad que tiene en toda la violencia generada.

Así, las declaraciones del primer ministro y la dada por el ministro de economía respecto a la licencia de construcción muestran el consenso en el gobierno que es el consenso empresarial: “La expectativa es que no se dé marcha atrás. Lo que ha pasado es un trámite administrativo. Ahora lo que corresponde al Ministerio de Energía y Minas (MEM) es aceptar esa petición, evaluarla y demostrar que la decisión que se tomó es la correcta. Lo que queda es demostrar que se hizo en el marco de la ley”[6]. Es decir, se muestra claramente que los intereses de la empresa son los intereses del gobierno y el Estado que termina legitimándolo con frases como “es un proyecto bueno para el país”, “todo se hizo en el marco del cumplimiento del procedimiento”, y que ahora lo resolverían los canales de la institucionalidad prominera del MEM, ignorando la complejidad del conflicto y el escalamiento que viene cobrando y que no se va a resolver con más policías, militares y probable estado de emergencia (como de seguro les encantaría a los gremios empresariales) sino con la decisión del gobierno que mire más allá de los intereses empresariales aunque es cierto que es pedirle peras al olmo.  

Entonces, la obediencia al interés, presión y chantaje económico empresarial ha envuelto a la población del Valle de Tambo y al gobierno en un tercer conflicto donde el Estado viene mostrando su rostro autoritario y represivo (y donde por arte de magia ha desaparecido la empresa y ha aparecido el Estado para defender sus intereses), y en la que se ha generado la configuración de un campo político cada vez más polarizado entre quienes defienden al Valle de Tambo y quienes defienden los intereses empresariales. Escenario que seguirá polarizando y endureciendo con el anuncio de un paro indefinido el 5 de agosto en Arequipa y que requiere la urgente respuesta política del gobierno anulando la licencia de construcción que podría ayudar a abrir el campo político para el diálogo, y si se quiere efectivamente resolver el problema cancelando el proyecto minero que ha generado y seguirá generando violencia en la población del Valle de Tambo.  

31 de julio de 2019


[1] La estructura agraria se configura de la siguiente forma: en Cocachacra unos 2 000 propietarios, 7 000 conductores de chacras (propietarios y arrendatarios), 8 000 jornaleros; en Deán Valdivia 1 500 propietarios, 2 500 conductores de chacras (propietarios y arrendatarios) y 4 000 jornaleros; y la Punta de Bombón 1 500 propietarios, 2 500 conductores de chacras (propietarios y arrendatarios) y 3 000 jornaleros. En: Lo que los ojos no ven. Capital minero, hegemonía, represión estatal y movimiento social en el Valle de Tambo de marzo a mayo del 2015: el caso del conflicto Tía María en la región Arequipa. Lima. 2017. Arteidea.

[2] Southern Perú Cooper Corporation Sucursal del Perú. Estados Financieros. Años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. Consulta: 11 de julio de 2019 <https://www.bvl.com.pe/jsp/ShowEEFF_new.jsp?Ano=2015&Trimestre=A&Rpj= B20027&RazoSoci= SOUTHERN%20PERU%20COPPER%20CORPORATION&TipoEEFF=I&Tipo1=A&Tipo2=I&Dsc_Correlativo=0000&Secuencia=1>.

[3] LA REPUBLICA. Southern ratifica suspensión de Tía María hasta obtener licencia social. 27 de julio de 2019. Consulta: 31 de julio de 2019 <https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/27/southern-ratifica-suspension-de-tia-maria-hasta-obtener-licencia-social/>

[4] CUARTO PODER. Entrevista a Salvador del Solar. 22 de julio de 2019. Consulta: 30 de julio de 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=96o-NcZfbcs>

[5] GESTION. Southern Copper espera que Tía María inicie producción en el 2022. 24 de julio de 2019. Consulta: 30 de julio de 2019 <https://gestion.pe/economia/empresas/southern-copper-espera-tia-maria-inicie-produccion-2022-274110-noticia/?ref=gesr>

[6] GESTION. MEF: “La expectativa es que no se dé marcha atrás en el proyecto Tía María”. 30 de julio de 2019. Consulta: 31 de julio de 2019 <https://gestion.pe/economia/mef-expectativa-marcha-proyecto-tia-maria-274549-noticia-2/?ref=gesr>

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