Conflicto Las Bambas: diálogo por los derechos humanos y la justicia

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Por: Mirtha Vásquez
| Abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Virginia Pinares es una pobladora del distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac, es agricultora de 48 años, sin antecedentes de ningún tipo, pero desde el 2015 es procesada supuestamente por pertenecer a una organización criminal, y es investigada por graves delitos como secuestro, disturbios, atentado contra la seguridad pública y daños en agravio de la empresa minera Las Bambas y el Estado.

El hecho de haber sido elegida como presidenta del Frente de Defensa de su comunidad le ha valido ser responsabilizada de todos estos ilícitos, los cuales se suponen se produjeron en setiembre del 2015, con motivo del conflicto Las Bambas. Como Virginia, muchas personas han sido detenidas o denunciadas en el marco de dicho conflicto y hoy están siendo sometidas a juicios solo por el hecho de formar parte del movimiento social que protesta contra el citado proyecto de la empresa MMG.

«…muchas personas han sido detenidas o denunciadas y están siendo sometidas a juicios solo por el hecho de formar parte del movimiento social que protesta contra el proyecto de la empresa MMG Las Bambas.»

En abril del presente año el premier Salvador del Solar llegó hasta Challhuahuacho e instaló una mesa de diálogo con las comunidades de la zona. No solo para atender las demandas que la población vino planteando estos años, sino para intentar atender asuntos relacionados al tema de justicia relacionados con el conflicto, criminalización de pobladores y atención a las víctimas del mismo. Se apertura así la denominada Mesa de Justicia y Derechos Humanos, liderada por el Ministerio de Justicia.

La Mesa ha tenido hasta tres reuniones durante este período, y la misma no deja de representar un interesante avance en estos delicados temas. Por primera vez el gobierno asumió la responsabilidad de recoger información sobre la cantidad de procesados por este conflicto, los motivos y delitos que se les imputaba; además se planteó abrir una Oficina de Derechos Humanos en la provincia de Cotabambas, para atender casos de denuncia de vulneración de derechos en estos contextos; comprometió a los órganos de control del Poder Judicial y Ministerio Público a monitorear a jueces y fiscales que están interviniendo en estos procesos; se comprometió a plantear al Poder Judicial la realización de un Acuerdo Plenario para definir criterios jurídicos que eviten que se siga denunciando indiscriminadamente a personas solo por el hecho de protestar; asumió la responsabilidad de hablar con la empresa minera seguir apoyando a familias de fallecidos en conflictos, entre otros temas.

Para ser justos, estos compromisos asumidos fueron cumplidos, y además la intervención activa de funcionarios de este ministerio empezaba a rendir frutos concretos. Sin abandonar el marco jurídico, haciendo incidencia sobre la empresa, lograron que la misma se desistiera de varias denuncias hechas, para dar paso al archivamiento de algunos procesos iniciados; lograron, además, que las víctimas de los conflictos tengan asegurado el apoyo económico por un tiempo más; impulsaban el acuerdo plenario para evitar que se siga incurriendo en criminalizaciones de comuneros; e instalaron la oficina de Derechos Humanos en Challhuahuacho.

Sin embargo a medida de que se avanzaba en estos temas importantes para desconflictivizar el territorio y generar condiciones de diálogo, varias voces allegadas al empresariado limeño empezaban a sonar, protestando por lo que consideraban promovía impunidad para quienes siempre han calificado de violentistas o extorsionadores. Sin mayor reparo no dudaron en calificar a importantes funcionarios del MINJUS de “marxistas” y “terroristas”, hasta lograr destituir a algunos de ellos, empezando por el director de Derechos Humanos, el Dr. Pedro Grandez, quien debió presentar su renuncia y otros funcionarios fueron cambiados de cargos.

«El Estado peruano, que se precia de ser democrático y se guía por una Constitución que promueve el Estado de Derecho, debería procurar acciones institucionales, en el marco de la ley, para gestionar los conflictos y hacer valer los derechos de sus ciudadanos…»

Al Ministerio de Justicia ya no se le percibe con la misma proactividad descrita. No se ha escuchado reafirmarse en sus propuestas e iniciativas, pues parece ser que acusaron el golpe, aunque esperemos equivocarnos. No obstante, cabe señalar que ad portas del aniversario patrio, ceder a la presión de los poderes empresariales, aceptando las renuncias forzadas de funcionarios clave que promovían el respeto por la legalidad, que buscaban frenar excesos contra los derechos de las poblaciones e intentaban desconflictivizar estos escenarios para tener reales condiciones de diálogo, no parece una buena señal.

El Estado peruano, que se precia de ser democrático y se guía por una Constitución que promueve el Estado de Derecho, debería procurar acciones institucionales, en el marco de la ley, para gestionar los conflictos y hacer valer los derechos de sus ciudadanos como se venía haciendo en los últimos meses. No obstante retroceder y ceder a las presiones del empresariado para continuar con la política criminalizadora contra los pueblos, será caer en el mismo error que solo ha permitido que se complejice aún más estos problemas sociales.