Ciudadanos sin derechos: Criminalización de la protesta en el Valle de Tambo y el corredor minero

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Foto: Conflicto de Espinar (Cusco), 2012.

Por: Alba Rivas Medina

5 policías resguardan a un hombre. Dos de ellos lo sujetan de los brazos y caminan los seis sobre la pista llena de piedras y entre los restos de gas lacrimógeno. Luego, un agente de la DINOES(1) se acerca corriendo al grupo y pone en las manos del civil un verduguillo (un arma punzocortante) pero éste lo suelta, no quiere sujetar ese objeto. El agente levanta el arma blanca del suelo y obliga al hombre a agarrarla. Él dice “no es mío”, “esto no es mío”. En ese momento se acerca un fotógrafo del diario Correo y captura la escena.

Era el 22 de abril del 2015 y en la provincia de Islay (Arequipa) se cumplía el día 31 de una huelga indefinida en contra del proyecto minero Tía María a cargo de la empresa Southern Perú. El gobierno del entonces presidente Ollanta Humala había enviado policías y agentes especiales para “defender el Estado de Derecho” (declaraciones de Humala al responder sobre el proyecto).

Al día siguiente, el 23 de abril del 2015, Correo publicó la foto en su diario impreso de circulación nacional y en sus redes sociales. El titular decía: “La otra cara de la moneda: así atacaron los antimineros”: era una galería con diez fotos que mostraba policías heridos por las piedras que lanzaron los manifestantes. La foto principal era la de la escena descrita con una leyenda que decía “se puede ver a un detenido que empuña fierros de construcción puntiagudos, arma que podría ser letal para los infortunados que reciban el golpe del iracundo manifestante”.

El “iracundo manifestante” que estaba siendo detenido y al que el diario Correo hace referencia es Antonio Coasaca Mamani, un agricultor para el que la Fiscalía pidió 9 años de prisión y el pago de 6 mil soles de reparación al Estado por los cargos de violencia y resistencia a la autoridad en el marco de las protestas en Islay. Él fue absuelto dos años después: en agosto del 2017, e impuso una denuncia contra 12 personas por haberle sembrado el arma: entre ellos a 8 policías, dos fiscales y a un periodista.

Criminalizar la protesta significa convertir la protesta social en un delito con el fin de desorganizarla, debilitarla y desligitimarla. Para ello se utilizan la aplicación de delitos y penas estipuladas en el Código Penal. En conflictos en entornos mineros, especialmente en el corredor minero peruano, también han sido parte fundamental las detenciones arbitrarias y la siembra de pruebas a los manifestantes por parte de los agentes militares y la Policía Nacional del Perú (PNP).

“…existen 138 convenios firmados en los últimos 23 años entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas”

Este año Earth Rights International (ERI), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) publicaron el informe “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú”. Este documento muestra la existencia de 138 convenios firmados en los últimos 23 años entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas. No son convenios ilegales, el marco legal permite que los efectivos policiales presten sus servicios como agentes de seguridad privada en las instalaciones y áreas de influencia de los proyectos extractivos.

A agosto del 2019, en el corredor minero existen al menos 5 convenios vigentes de la PNP con las empresas mineras. Entre ellos están los convenios con Las Bambas y Anabi (en Apurímac), y con Antapaccay (en Cusco), empresa a cargo del proyecto minero de cobre en Espinar desde hace más de 30 años. Además, cabe mencionar que Southern Perú tiene convenios con la policía para dos de sus proyectos en Apurímac. El monto de pago establecido para los efectivos policiales varía de acuerdo al Convenio y las empresas depositan mensualmente una “entrega económica” a la cuenta de la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, en el Banco de la Nación y luego se distribuye a cada región policial. Por ejemplo, la Macro Regional Policial de Cusco recibió, entre 2015 y 2018, 4 millones 300 mil soles de parte de la empresa minera Las Bambas (Informe ERI).

“ …la Macro Regional Policial de Cusco recibió, entre 2015 y 2018, 4 millones 300 mil soles de parte de la empresa minera Las Bambas.”

El corredor minero es el espacio territorial en el que se encuentran varios proyectos mineros de cobre en las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac) y Espinar y Chumbivilcas (Cusco). La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), dice que en general en la zona no hay oposición a la actividad minera, pero sí se han presentado un conjunto de críticas y exigencias que responden a las problemáticas específicas de las poblaciones afectadas por cada proyecto minero. Antes de que el Estado instale mesas de diálogo, estas peticiones se realizaron a través de acciones de protesta.

En Espinar, durante el conflicto del 2012, fueron detenidos integrantes de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, junto al dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) dentro del campamento minero donde se encontraban otros 21 detenidos, entre ellos, 1 niño y 3 mujeres. Luego, ya en libertad, ellos denunciaron su retención ilegal, tortura y el intento de siembra de 10 balas en la camioneta de la Vicaría (una organización de derechos humanos vinculada a la iglesia católica).

Desde ese año: el 2012, el ex alcalde la de la provincia de Espinar, Oscar Mollohuanca y dos ex dirigentes de la FUDIE, Sergio Huamaní y Herberth Huamán llevan procesos judiciales fuera de su jurisdicción: en el departamento de Ica. Ellos tres fueron absueltos en el 2017 pero la decisión fue apelada. El 28 de mayo del 2019 debió haber comenzado el nuevo juicio, pero el juez lo suspendió por sobrecarga procesal para el próximo 20 de setiembre.

En Cotabambas (Apurímac), en setiembre del 2015 los pobladores protestaban en reclamo a las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que había realizado la empresa minera Las Bambas. Luego de los enfrentamientos con la policía, 21 personas fueron detenidas dentro del campamento minero.

Dos de esos detenidos eran Edward Quispe Ccuno, de 18 años de edad, y Javier Mamani Coaquira, de 48 años. Según sus testimonios, fueron torturados, les sembraron municiones y les obligaron a suscribir un documento reconociendo que esas armas estaban en su poder. Ellos dos fueron recluidos en el penal de Qenqoro (en Cusco) durante seis meses de prisión preventiva porque la Fiscalía de Challhuahuacho los acusó de los delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos.

El 22 de marzo del 2016 Edward y Javier fueron liberados pagando una caución de 8 mil soles y hoy siguen su proceso en libertad. El último 3 de julio, el inicio de su juicio oral fue suspendido por cuarta vez porque el juez que estaba a cargo, Andrés Flores Aguilar, fue suspendido por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por presuntamente vulnerar los principios elementales de una correcta administración de justicia en la provincia de Cotabambas. La audiencia fue postergada para el 13 de agosto y la Fiscalía solicita para los acusados una pena de entre 11 y 17 años de prisión efectiva.

“ 154 personas han fallecido en protestas sociales entre el 2002 y 2017.”

Según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), 154 personas han fallecido en protestas sociales entre el 2002 y 2017. Entre ellos están las víctimas de la represión policial de los conflictos en el corredor minero en Espinar y Cotabambas. La CNDDHH, informa también que en ambos conflictos se produjeron detenciones arbitrarias, malos tratos, tortura, trabas al personal médico para que atienda a los heridos y la siembra de “pruebas” a los detenidos para incriminarlos.

El número más alto de fallecidos se registró en el 2015, año en el que se reportaron 19 muertos y 872 heridos, la mayoría en conflictos en torno a los proyectos mineros Tía María (Arequipa) y Las Bambas (Apurímac). Además, informes de instituciones de derechos humanos que trabajan en el corredor minero reportan al menos 280 casos de denuncias a manifestantes.

En varios de los conflictos en el corredor minero, los gobiernos han autorizado la intervención de las fuerzas armadas para el control del orden público. El último 4 de agosto, el gobierno de Martín Vizcarra, mediante el Ministerio de Interior, aprobó la intervención de las Fuerzas Armadas en el Valle de Tambo, donde se realiza un paro indefinido desde el 15 de julio pidiendo la anulación de la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern Perú.

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la intervención militar para el control de manifestaciones genera una situación de “grave riesgo y transgrede los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, ya que el ejército está equipado únicamente con armas de guerra, y su entrenamiento no resulta apropiado para el control de acciones de protesta social”. El Informe de Earth Rights International recomienda, entre otros puntos, la modificación de la Ley General de la Policía Nacional a fin de excluir a las empresas extractivas de la firma de convenios.

“ informes de instituciones de derechos humanos que trabajan en el corredor minero reportan al menos 280 casos de denuncias a manifestantes”

Respecto a las personas criminalizadas por protestas sociales, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) ha recogido en Espinar y Chumbivilcas (Cusco) las preocupaciones de los denunciados y ha formulado recomendaciones a los operadores de justicia. Este documento proporciona algunas propuestas como la formulación y aprobación de un Protocolo de actuación del Ministerio Público, la implementación de un plazo razonable de investigación, la consideración de los antecedentes del conflicto en las investigaciones y la aplicación de un análisis de contexto, ya que la mayoría de acciones de protesta derivan del incumplimiento de compromisos de parte del Estado o las empresas mineras.

(1) Dirección Nacional de Operaciones Especiales.

(Publicado el 05 de agosto del 2019, en la edición #26 de la revista impresa)