Mara: Una historia de autoritarismo y control territorial

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Por: Enver Quinteros P. Aprodeh.

El lunes 9 de setiembre último un contingente de 200 efectivos de la PNP arribo al distrito de Mara con el objetivo de desbloquear la carretera por donde se transporta el cobre de Las Bambas a Matarani, produciéndose un enfrentamiento con la población civil.

En los últimos años esta escena del Estado omnipresente a través de las Fuerzas Armadas (FFAA) ha sido recurrente en Mara y la provincia de Cotabambas. Sin embargo, este hecho no es nuevo. Durante el periodo del CAI, esta omnipresencia estatal a través de las FFAA fue la regla en el marco de buscar la derrota de Sendero Luminoso (SL). Pero ello no siempre fue así. A lo largo de la historia del distrito sucedió casi exactamente lo contrario.

«Forzando un balance general podemos señalar que la presencia del Estado en Mara, desde su creación en 1857 hasta aproximadamente la década del 60, fue precaria, ajena y discriminadora».

En los últimos años esta escena del Estado omnipresente a través de las Fuerzas Armadas (FFAA) ha sido recurrente en Mara y la provincia de Cotabambas. Sin embargo, este hecho no es nuevo. Durante el periodo del CAI, esta omnipresencia estatal a través de las FFAA fue la regla en el marco de buscar la derrota de Sendero Luminoso (SL). Pero ello no siempre fue así. A lo largo de la historia del distrito sucedió casi exactamente lo contrario. Forzando un balance general podemos señalar que la presencia del Estado en Mara, desde su creación en 1857 hasta aproximadamente la década del 60, fue precaria, ajena y discriminadora.

En efecto, durante los s. XIX y gran parte del XX, está presencia apenas ha sido sentida a partir del funcionamiento de una escuela multigrado, una posta o la propia municipalidad local, cuyo poder siempre ha sido detentado por los llactataytas o mistis del distrito. De hecho, el proceso de despojo de tierras a las comunidades en favor de los terratenientes durante gran parte de la Republica, favoreció la constitución de territorios de tipo feudal, donde el Estado y la Constitución promulgados durante la independencia, apenas tenían valía en estos territorios. No obstante pese a ese derrotero, desde las comunidades la valoración y pertenencia al Estado ha sido siempre importante reconociéndose como parte de la comunidad nacional a partir del pago de tributos, el enrolamiento de mareños al ejército en la guerra con Chile, la inscripción en el servicio militar obligatorio o las diligencias ante el Estado para lograr reconocimiento oficial.

Sin embargo, considero que esta compleja relación sufre un cambio sustancial de afirmación democrática entre el Estado y comunidad durante los años 70s en el marco de la reforma agraria. Aunque no hay estudios que den cuenta de ese proceso en la zona, las memorias de los viejos mareños sitúan a ese periodo como un periodo “donde se hizo respetar nuestras tierras”. Es decir, como uno de los pocos momentos donde la acción y presencia del Estado fue bien recibida y percibida permitiendo afirmar la valoración democrática del Estado. No era para menos. Sus tierras, expropiadas a los terratenientes que rigieron la sociedad estamental por décadas, les eran devueltas por un gobierno militar, que también dejó inconcluso y con problemas ese proceso de reforma.

Pero como hoy sabemos ese camino de construcción democrática fue truncado. El CAI iniciado por los fanáticos y criminales ideólogos de SL, que se expandió a estos territorios (y que probablemente también sumo a campesinos de la zona), llevo irreflexivamente al Estado a enfrentarla bajo una política de represión indiscriminada. En ese contexto, si por un lado es posible que aquí, además de las rondas, las comunidades también hayan sido actores activos de la guerra interna -como sucedió en Ayacucho, “donde no se sabía de donde venía la muerte”-, el informe de CVR dejo clara constancia que las responsabilidades mayores se repartían entre SL y las FFAA. Sobre todo de los años 1988 y1989 donde se producen el mayor pico de víctimas de este distrito.

Las 8 víctimas fatales (asesinados y desaparecidos); las 13 víctimas de violación y violencia sexual; los 219 torturados; los 9 secuestrados; las 40 víctimas heridas o con lesiones; los 20 desplazados; en suma, las 309 víctimas mareñas, según del Registro Único de Víctimas, fueron producto del horror de quienes decían luchar por ellos y los que debían proteger y defenderlos[1].

Si para las elites provinciales, regionales y nacionales estas historias y realidades buscan ser negadas o distorsionadas, en nombre del desarrollo y progreso, para los peruanos/as de Mara y de otros territorios apurimeños, ella es una realidad indeleble que marco y sigue marcando su percepción y valoración del Estado. Una valoración que a diferencia de los años 70s, estimo, oscilo entre sentirse parte y también víctima del Estado anti-derechos de los 80s y 90s.  

En ese sentido, considerando el contexto minero extractivo que vive Mara y Cotabambas, cabe preguntarse; ¿qué ha significado y significa hoy esa historia y sus cifras de horror para el Estado, los gobiernos nacionales y regionales y las FFAA de este siglo XXI?. Supuso algún aprendizaje colectivo e institucional?.

Cuando uno hoy observa y analiza la omnipresencia y comportamiento del Estado en Mara y la provincia de Cotabambas, se hace una idea al respecto. El despliegue del control territorial autoritario hoy implementada en la zona, buscando favorecer exclusivamente el proyecto Las Bambas y otros, a costa de la desprotección de los derechos de la gente y sus comunidades, revelan que nada se ha aprendido de ese pasado fratricida que a fin de cuentas llevo a asesinarnos entre peruanos. El mareño asesinado en la crisis del 2015, su viuda, sus 4 hijos huérfanos, los 12 líderes y autoridades comunales criminalizadas y el herido del último enfrentamiento del 12 de setiembre, que suman 19 nuevas víctimas, son resultado de este nuevo tiempo político que no favorece percibir al Estado como una institución pro-derechos, sino como una institución anti-derechos como fue percibida durante el CAI.

“Al Estado y a la empresa no les importamos nada”,  por ello, es hoy una frase común de oír. Y ello, pese a que mareños y cotabambinos nunca se opusieron mayoritariamente a la minería pues, como el resto de la región, también vieron en ella una oportunidad para reconstruir su desarrollo que había sido destruido durante la guerra interna.  

[1] Lamentablemente las cifras de porcentajes de responsabilidades de violaciones a DDHH no son públicas por el Consejo de Reparaciones. Tal vez ello se deba a que dichas cifras resulten críticas para las FFAA.