Verdad, promesa y refundación

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Por: Eduardo Cáceres Valdivia (APRODEH)

Dieciséis años después:

No es la primera vez que me invitan a es­cribir en torno al Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Revisando en mis archivos he encontrado más de una decena de textos, la mayoría publicados al­rededor del décimo aniversario (2013). La insistencia no es gratuita. Rememorar no es añorar el pasado y dejarnos poseer por su pesada herencia. Es también una mane­ra de actualizar eso que Basadre llamaba “la promesa de la vida peruana”. A pocos años del bicentenario de la fundación de la República, volver sobre esa promesa in­cumplida es una tarea imprescindible.

La Comisión de la Verdad fue creada du­rante el gobierno de transición del presi­dente Valentín Paniagua (Decreto Supremo 065-2001-PCM, 4 de junio de 2001) encar­gándosele “esclarecer el proceso, los he­chos y las responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tan­to a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos”. Su mandato incluyó el análisis de “las condiciones polí­ticas sociales y culturales” que contribuye­ron a la violencia, así como el “recomendar reformas institucionales, legales y educa­tivas” que garantizasen la prevención de episodios similares en el futuro. El informe final, entregado dos años después (28 de agosto del 2003), sintetizó en nueve tomos la investigación social, antropológica y ju­rídica más exhaustiva que se haya hecho nunca sobre algún período de nuestra his­toria. Más aún, incluyó una síntesis actua­lizada de los procesos históricos que des­embocaron en el período de la violencia.

Al conmemorarse el décimo aniversario (2013), el balance fue complejo. Entonces, se reconocieron avances en procesos de judicialización y en programas de repara­ciones, y a la vez se llamó la atención sobre la lentitud y las maniobras en los procesos judiciales y las limitaciones en las repara­ciones. Como prueba están allí las senten­cias a Fujimori y Montesinos, a Hermosa Ríos y el grupo Colina, etc. Hoy habría que añadir la histórica sentencia del caso pa­trón Cabitos 1983, entre otras. En aquel aniversario se llamó la atención en torno al “escándalo de los desaparecidos y las ex­humaciones”: la CVR entregó una lista con 8,558 casos de desaparición forzada y un “Registro Nacional de Sitios de Entierro”, que incluía 4,644 lugares a nivel nacional, 2,234 en Ayacucho. Hoy, ambas listas han crecido (hoy se habla de más de 15 mil des­aparecidos/as) y las acciones para resolver la grave situación son escasas. Más allá de avances y limitaciones en cada uno de los ámbitos para los cuales se plantearon recomendaciones, es indudable que el In­forme de la CVR marcó un hito decisivo en el proceso de legitimación de los derechos humanos en la sociedad peruana. En parti­ cular en relación con el reconocimiento de los derechos de los más vulnerables dentro de esta sociedad, los habitantes de aquel país que Basadre llamaba “el Perú profun­do”. Reconocer que fue un hito no equivale a afirmar que la legitimidad es irreversible.

Lo cierto es que a lo largo de estos 16 años el Informe de la CVR y, a través de él, el proceso mismo de la violencia política, han sido factores muchas veces decisivos en el terreno de la política cotidiana. Hasta aho­ra se discute cómo se presenta el período vivido entre 1980 y 2000, sea en lugares públicos (LUM, Ojo que Llora, lugares de la Memoria diversos), en textos escolares o en producciones artísticas (incluyendo las tablas de Sarhua). En dos ocasiones, el intento de Keiko Fujimori de acceder a la presidencia de la República ha sido derro­tado por movimientos ciudadanos que rei­vindicaban la memoria de lo sucedido bajo el gobierno de su padre en el terreno de los derechos humanos y la corrupción. Justa­mente el indulto a Alberto Fujimori le cos­tó la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski a inicios del año pasado. En cada uno de estos episodios, así como en la crisis políti­ca del presente (2019), lo que ha estado y está en juego no son solo interpretaciones de un período particularmente traumático de nuestra historia, sino correlaciones de fuerzas que tienen que ver con lo que la CVR llamó “los factores que hicieron po­sible la violencia” (tomo VIII del Informe Final).

Hay múltiples indicios de que el “abismo social” propio de la República Oligárquica ha retrocedido frente al “desborde popu­lar” plebeyo y mestizo. Sin embargo nue­vas formas de segregación y exclusión, y en particular la galopante desigualdad, han generado grietas muy profundas. Cada vez más la defensa de los privilegios y las posiciones de poder se articula en torno a argumentos que creíamos superados: el racismo, por ejemplo. Hace pocos días, se acusaba a los “anti-mineros” de querer convertir al Perú en “una sociedad de pas­tores pobres y viejos” (Lampadia, 19-08- 2019). Y antes hemos escuchado al actual presidente del Congreso, denostar a los trabajadores que reclaman derechos y afir­mar que en los Andes un salario mínimo de 800 soles es más que suficiente. A lo que habría que añadir sus comentarios opues­tos a la igualdad de género. Unos y otros articulados en el marco de una ofensiva ultra-conservadora que vincula estrecha­mente al cuestionamiento al Informe CVR con sus banderas autoritarias, anti-femi­nistas y anti-diversidad.

La crisis política presente apunta a solu­ciones de fondo. No es casual que en di­versos espacios comience a hablarse de refundación, nueva constitución, nueva República, etc. Al conmemorarse el déci­mo aniversario se afirmó que el informe “no solo es un brillante ejemplo de análisis histórico, sociológico, jurídico. Es, a la vez, un juicio moral -siempre difícil y riesgoso-sobre el devenir histórico del Perú desde una determinada perspectiva, en este caso la perspectiva de los derechos humanos.” Un juicio que “apela a la historia como raíz pero no como explicación última, saca a la luz fracturas sin desconocer los intentos de síntesis, juzga el presente desde principios que no son abstracciones sino promesas vivas en las aspiraciones y sueños de pe­ruanas y peruanos. Propone una auténtica refundación moral del país que sustente un nuevo pacto social y una instituciona­lidad política renovada”. Esto hace que el Informe, dieciséis años después, continúe vigente como hito en nuestra historia re­publicana.