«El proceso se está llevando sin que los acusados tengan garantías mínimas»

El último viernes 20 de setiembre debió reiniciar el juicio oral contra el ex alcalde de la provincia de Espinar, Oscar Mollohuanca y los ex dirigentes sociales Herbert Huamán y Sergio Huamaní, ellos vienen afrontando un largo proceso penal por participar en la movilización social de mayo del 2012, el abogado Ramiro Llatas no indica que el juicio no se llevó a cabo y fue reprogramado para el 18 de octubre; también agregó que este proceso se viene vulnerando garantías mínimas de los ex dirigentes sociales.

Los ex dirigentes espinarense exigieron a la empresa minera Glencore Xstrata y al Gobierno Nacional, respeto al medio ambiente. La Fiscalía los denuncia por delitos de atentado contra la seguridad pública, disturbios y otros, por haber participado en la protesta social del año 2012,

El abogado Ramiro Llatas es de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco y está asumiendo la defensa de Sergio Huamani, él nos informa que estas reprogramaciones se estuvieron dando bajo el argumento de que el Juez tenía excesiva carga procesal, por esa razón, de mayo del 2019 se reprogramó para el 20 de septiembre del mismo año, como la 2da Sala Unipersonal de Ica ya no podía asumir el caso, esta fue transferida 4to Juzgado Unipersonal de Ica.

La próxima fecha para reinició de juicio es el 18 de octubre del 2019, en este caso está reprogramación se dio porque la fiscal a cargo no se presentó, “se pudo haber iniciado el juicio con cambio de juez, pero no se hizo presente la fiscal alegando vacaciones, el juez, de manera oportuna, indicó que si en la próxima no se presenta el fiscal se va mandar una queja a control interno para que inicie una investigación y le sancionen disciplinariamente”, refirió Ramiro Llatas, donde también agregó, que suspender las audiencias implica perjudicial para los ex dirigentes porque tienen que viajar desde Espinar hasta Ica.

Otro dato de este inicio de juicio, es que el nuevo juez a cargo está determinando dos horas para la audiencia y está citando a más testigos con el objetivo de terminar el proceso este año, si hasta febrero del 2020 no hay avances significativos hay el riesgo que el proceso se vuelva a quebrar.

En ese sentido, Ramiro Llatas enfatizó que este 18 de octubre, inicio del juicio, “como alegato de apertura vamos a indicar, que no tiene sentido este proceso judicial, no hay ninguna prueba incriminatoria o con relevancia criminal, todas las pruebas indican que ellos actuaron como dirigentes ejerciendo derechos constitucionales. No deberían haber sometido a juicio”.

“no deberían ser procesados, más aun, vulnerando algunas garantías mínimas, por ejemplo, no se ha hecho el filtro, ellos estuvieron en la protesta para ejercer sus derechos, ellos no fueron a cometer actos delictivos, no son delincuentes”


Ramiro Llatas, Abog. defensor.

También se resaltó, como parte de la vulneración a los derechos de los acusados, que no se puede ampliar la competencia para ver quién va investigar y juzgar; los ex dirigentes debieron ser investigados y juzgados por un fiscal y juez de Espinar, como castigo y represalia los han mandado a Ica, a pesar que la Constitución refiere que toda persona tiene derecho a ser juzgado por el lugar, donde supuestamente- se cometieron los delitos.

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