Mientras la población del Valle de Tambo aún aguardaba con esperanza que se revocara la licencia de construcción a Southern (dejándose atrapar por la lógica estatal), el Consejo de Minería acaba de ratificarla. Esta decisión como era previsible ha intensificado nuevamente la movilización y conflicto en el Valle de Tambo donde se ha incrementado el enfrentamiento y la violencia estatal, mientras aún se mantiene militarizado el puerto de Matarani y Mollendo para garantizar los intereses empresariales dado que es un “activo crítico nacional”. Este tercer conflicto que ya lleva más de 105 días se ha movido entre la resistencia, movilización permanente, violencia estatal y disputas legales que requiere una solución política por parte del Gobierno que no está interesado en hacerlo dado que prefiere mantener una relación “armoniosa” con el empresariado mostrando una vez más que en este país manda la clase empresarial.
- La arquitectura estatal que legitima y actúa a favor de los intereses del capital minero
En el Perú se ha estructurado una institucionalidad estatal que legitima, decide, y actúa en dirección de los intereses del capital minero. Así, en los últimos años el Estado no solo ha flexibilizado las exigencias ambientales, los procedimientos de aprobación de los instrumentos de gestión ambiental (ITS y MEIA), dado los incentivos y las exoneraciones tributarias, y legitimado la impunidad y el uso de la fuerza, sino la actuación concreta de OEFA o la ANA en escenarios mineros ha sido de «facilitadores» de la inversión minera dando licencias de uso de agua, vertimientos de residuos industriales a los ríos, y sin mayor rol garantista de derechos ante los impactos mineros que ha generado su poca legitimación ante la ciudadanía. Esta institucionalidad estatal y en específico la institucionalidad estatal minera además está atravesada por prácticas extendidas como la puerta giratoria[1], favores políticos, y un sentido común de cierta élite estatal y tecnócratas en posiciones de decisión y poder para quienes salvo la inversión minera todo es ilusión, más allá de las formalmente reconocidas cinco mil personas con metales tóxicos en el Perú, ríos contaminados (por ejemplo, Oroya, Challhuahuacho, Cañipia, Torata, Llallimayo, Antauta), 8 mil pasivos ambientales, etc.
Por lo que lo manifestado por un miembro del Consejo de Minería el año pasado sobre el proyecto Tía María expresa en parte la institucionalidad minera estatal a favor y promotor de la inversión minera que garantiza los intereses de los empresarios mineros y no de las poblaciones y ciudadanos de este país: “Se espera que Tía María inicie construcción en este periodo luego de obtener el permiso de respectivo. Hay información que la aceptación social en Cocachacra viene en aumento. En ese sentido, esperamos mejores noticias el próximo año”[2].
2. La clase empresarial minera y Southern son los que mandan en el Perú
La suspensión de la licencia de construcción de Southern en agosto tuvo –luego de su eficaz cuasi chantaje económico sobre el Gobierno en alianza con la CONFIEP y la SNMPE bajo el argumento de que el proyecto Tía María viabilizaría sus U$ 8,000 mil millones de inversión[3]– como efecto económico la caída de sus acciones en 18 %[4]. Así, a Southern le asiste poderosas razones de negocios que lo ha llevado a realizar Lobby y presión política sobre el Gobierno y el Estado, a desplegar una campaña mediática millonaria en Arequipa y a nivel nacional para mostrar los supuestos beneficios del proyecto minero, y movilizar un grupo «espontáneamente» denominado “Arequipeños por Arequipa” (que reconocieron que la tanda de publicidad realizada a nivel nacional la financió Southern Perú[5] y claramente seguro también la movilización en Lima ante el Consejo de Minería), como parte de su espíritu altruista, para realizar contracampaña al movimiento de solidaridad cada vez más extendido con el pueblo del Valle de Tambo –claramente un aparato creado ex profeso para hacer contrapeso al movimiento ciudadanos del Valle con rasgos claramente racistas, discriminador y que identifica a quienes defienden el Valle como los opositores al desarrollo y que quieren generar terror.
Lo cierto es que la ratificación de la licencia de construcción por el Consejo de Minería, luego de haber envuelto en una larga espera a la población del valle, muestra primero, que quien manda en el Perú es la clase empresarial minera; segundo, que hay una institucionalidad minera capturada y un sentido común en la tecnocracia que cree que tiene que promover la inversión minera por encima de la decisión y los derechos de las poblaciones locales; tercero, la persistente dependencia del Estado del sector minero; y cuarto, la relativa eficacia política de Southern en lograr sus intereses.
Con esta decisión Southern festeja y la población del Valle ha intensificado la movilización por lo que el supuesto compromiso de la empresa de “iniciar el desarrollo del proyecto en el marco de un clima social más favorable”[6], ha sido y sigue siendo una ficción dado que en estos 10 años ha envuelto a los ciudadanos en una violencia permanente, así como sigue siendo una ficción la obtención de la licencia social.
3. Autoritarismo y violencia estatal
La decisión del Consejo de Minería que ratifica la imposición del proyecto ha traído como casi efecto inmediato en el Valle de Tambo la intensificación de la movilización y de la violencia de Estado que ha desplazado a más de 300 policías -mientras se mantiene militarizado el puerto de Matarani y Mollendo- que ha vuelto a generar decenas de ciudadanos y ciudadanas heridas, y detenidos. Así, en este tercer conflicto, como en los anteriores conflictos, el Estado hace uso de la fuerza y la violencia para contener una protesta generada por el mismo Estado y por la empresa minera al insistir en un proyecto que no tiene ni tendrá legitimidad social por toda la historia de violencia que ha generado y seguirá generando, y por los 8 ciudadanos fallecidos.
La violencia y la
fuerza como razón de un Estado autoritario vuelve a imponerse en el Valle de Tambo.
[1] Solo para ejemplo veamos los casos del exviceministro de Energía y Minas Ricardo Labó Fossa que trabajó en Río Tinto y del exministro Francisco Ismodes que trabajó 22 años en Milpo. Véase:
http://cooperaccion.org.pe/cambio-de-vice-ministro-de-minas-la-puerta-que-sigue-girando/ o https://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/805-ministro-de-energia-y-minas-laboro-22-anos-para-empresas-sancionadas-por-faltas-ambientales.
[2] Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Situación de los proyectos mineros en el Perú. Consulta: 31 de octubre de 2019 <http://www.iimp.org.pe/institucional/situacion-de-los-proyectos-mineros-en-el-peru>
[3] PERÚ 21. Southern: Tía María viabilizará proyectos de inversión por US$8,000 millones. 6 de junio de 2019. Consulta: 30 de octubre de 2019 <https://peru21.pe/economia/southern-tia-maria-viabilizara-proyectos-inversion-us-8-000-millones-nndc-482908-noticia/?ref =p21r>
[4] GESTIÓN. Acción de Southern cae 18% desde que obtuvo licencia para Tía María. 13 de agosto de 2019. Consulta: 30 de octubre de 2019 <https://gestion.pe/economia/empresas/accion-de-southern-cae-18-desde-que-obtuvo-licencia-para-tia-maria-noticia/>
[5] Miembros de Arequipeños por Arequipa reconoce que Southern le financia spot a favor de Tía María. 6 de agosto de 2019. Consulta: 30 de octubre de 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=WPxHYqEuUoU>
[6] Southern Perú invoca a un clima de paz y diálogo tras ratificarse autorización de construcción para proyecto Tía María. 30 de octubre de 2019. Consulta: 30 de octubre de 2019 <http://www.southernperu.com/ESP/relinv/INFDLUltimasNotasPrensa/np191030.pdf>
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