Crisis sanitaria: un antes y un después en el sur andino

Por: Carlos Herz Sáenz

Un discurso bien intencionado es que la realidad del país será diferente luego de esta cuarentena. Lo cierto es que aprovechar esta crisis para convertirlo en cambio requiere de condiciones a todo nivel. De lo contrario, será más de lo mismo y quizá más desventajoso para el bienestar de la mayoría de la población.

Qué permitiría vislumbrar un contexto más halagüeño

Lo primero es que esta pandemia ha desnudado la debilidad del sistema de salud y de la institucionalidad pública; ni hablar de las organizaciones políticas. Es cierto que el impacto de la crisis sanitaria es planetario y que el gobierno actual no es responsable de las terribles carencias institucionales y de servicios básicos que afectan a la mayoría de la población, así como sus medidas de prevención y cuidado son pertinentes. Sin embargo, lo insuficiente ha sido su capacidad para gestionar la crisis sanitaria y propiciar acciones que hagan menos crítico y doloroso este período de morbimortalidad previsible.

Culpar a la población de ser responsable por agudizar la situación sanitaria al no respetar protocolos establecidos es desconocer una realidad de informalidad de más del 70 % y la urgencia de obtener ingresos, lo cual iba a conducir a un desborde poblacional hacia las calles y de retorno a sus pueblos de origen, sin importar mucho los riesgos que ello acarrea a la salud y la vida. Después de todo, esa misma población vive siempre diversos riesgos aun sin pandemia, (insalubridad, inseguridad, accidentes, desempleo, agresión sexual), a lo que se suma la ineficiencia del Estado para responder a los servicios y derechos básicos.

Identificar previamente esta problemática hubiera permitido al gobierno entender mejor que para enfrentar la pandemia era necesario la articulación con las organizaciones de la sociedad civil, para compartir acciones y decisiones. No era suficiente un discurso bien intencionado del Presidente cuando el país sufre una severa crisis de gobernabilidad. Las respuestas de comedores populares, rondas campesinas, comunidades rurales, asociaciones de comerciantes y otros, aun sin el estímulo del gobierno, son ejemplos de una acción organizada de la sociedad. En el sur andino, muchas comunidades han sabido respetar y adecuar las reglas para cuidados personales, organizar el retorno de familiares, a la par que manejar sus economías locales. Esa es otra ruta para dar respuesta a los problemas del país, construyendo alianzas, solidaridad, cooperación y compromisos entre actores sociales, públicos y empresariales que estén dispuestos a asumir soluciones nacionales, es decir forjando gobernanza para hacer frente a la crisis sanitaria. Si los esfuerzos del gobierno se hubieran dirigido a promover esos acuerdos y compartir decisiones con las organizaciones de la sociedad a todo nivel, los resultados frente a la pandemia podrían haber sido diferentes en la disminución de la letalidad, y hubiera mejorado la confianza entre gobierno y sociedad.

En segundo lugar, las medidas gubernamentales no han mostrado reformas económicas sustanciales. El desabastecimiento de medicinas y la dependencia frente farmacias privadas, son expresión de inoperancia de los servicios públicos básicos y de la presencia de un modelo de libre mercado en temas de interés nacional como la salud. El difundido plan de reactivación económica, parece estar más orientado a evitar que se altere la cadena de pagos de las grandes empresas, a manera de salvataje (ya ocurrió con las medidas del BCR para apoyar a las AFP), mientras no ocurre lo mismo con las micro y pequeñas empresas junto con la agricultura campesina o familiar. Los bonos promovidos, como el agrario, son insuficientes para atender las urgencias de la población, en especial de los productores rurales siempre marginados, aun cuando son los principales proveedores de alimentos a las ciudades.

El antes y el después del coronavirus no significarán, por lo tanto, cambios favorables para la población en general y, en particular para los campesinos y campesinas de la macroregión Sur, si es que al menos no se generan acciones integrales conducentes a:

Alianzas entre organizaciones campesinas, instituciones públicas, ONG, universidades y empresarios para la lucha contra la corrupción y el compromiso de una agenda de desarrollo territorial y sostenible con equidad e inclusión para la macrorregión Sur.

Agenda concertada de reactivación del agro y apoyo sostenible a la agricultura familiar, promoviendo alimentación sana y con precios justos, desde un enfoque agroecológico y de soberanía alimentaria.

Nuevas relaciones entre productores y consumidores, construyendo mercados justos alternativos que promuevan productos sanos y acordes a protocolos de bioseguridad.

Gestión social y sostenible del agua, para garantizar su aprovechamiento poblacional y productivo como bien público y derecho humano.

Construcción de redes de comunicación de organizaciones campesinas para fortalecer capacidades en el marco del desarrollo territorial, resaltando la participación de las mujeres y los jóvenes.

Servicios públicos de calidad –salud y educación, principalmente– como derechos humanos a ser ejercidos desde un enfoque intercultural y de género.

El después de la actual crisis sanitaria parece mostrar un panorama nada halagüeño si no se producen cambios sustanciales en las orientaciones de política del gobierno y en la respuesta movilizadora de las organizaciones sociales del campo y la ciudad en base a una agenda concertada de desarrollo territorial.

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