Diálogo desactivado en el Corredor Minero del Sur

Conflictos mineros continúan a la espera de soluciones en el corredor vial. Dirigentes y autoridades aguardan también la reactivación de las mesas de trabajo en Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.

Mientras la gran minería siguió operando en algunos casos casi al 100%, con el aval del Ejecutivo nacional, el diálogo con las comunidades campesinas afectadas ha estado congelado desde el 16 de marzo. Después de más de cincuenta días de la cuarentena, el gobierno emitió normas para la reanudación de actividades principalmente económicas como la minería. No obstante, la atención a los reclamos campesinos continúa en la refrigeradora.

En el Corredor Minero del Sur, entre Apurímac y Cusco, operan tres grandes firmas mineras: Glencore Antapaccay, MMG Las Bambas y Hudbay Perú. El 2020 empezó para ambas regiones con varios conflictos sociales, entre activos y latentes.

Hasta marzo pasado, la Defensoría del Pueblo reportó a nivel nacional 188 conflictos sociales en el país: 137 activos y 51 latentes. En Cusco y Apurímac: 32 conflictos, de los cuales 17 son socioambientales y tienen su foco en los reparos a la actividad minera que desarrollan MMG Las Bambas, Glencore y Hudbay. La protesta de las poblaciones ocurre por temor a la contaminación del medio ambiente y fuentes agua. Otros reclaman beneficios directos por explotación de minerales.

El reinicio de actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas ocurrió el 11 de mayo pasado. Cada empresa presentó un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”. Solo en Cusco, hay 25 trabajadores mineros contagiados con el nuevo coronavirus.

En contraste, las comunidades de las provincias de Espinar y Chumbivilcas, en Cusco, y Cotabambas, en Apurímac, aguardan el reinicio de las conversaciones para resolver sus demandas.

Diálogos pospuestos

El corredor minero ha sido escenario de varios conflictos principalmente desde 2015. La vía es usada por las mineras para sacar los minerales para la exportación hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. Uno de los problemas es el paso de los camiones encapsulados que, según un estudio de OEFA publicado el año pasado, ocasiona contaminación sonora y con polvareda.

Comunidades campesinas de Ccapacmarca, Velille y Colquemarca (Chumbivilcas) rechazan el paso de los vehículos. En 2019, hubo hasta tres paros con bloqueo de la vía y enfrentamientos con la policía. La demanda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es la anulación de la clasificación a vía nacional de algunos tramos viales sin “licencia de los comuneros”. Lo que buscan los comuneros es que esos tramos recuperen sus categorías iniciales a vías departamentales o vecinales y con ello quedaría prohibido el paso de los camiones.

El mismo reclamo hacen los habitantes de la comunidad de Urinsaya (Coporaque) en la provincia de Espinar. Hubo algunos avances en conversaciones, pero no se avizora todavía ningún resultado que sea alentador.

Asimismo, hay comunidades de los distritos de Cotabambas (Apurímac) que esperan retomar el diálogo para que el Gobierno cumpla el cronograma de trabajo para el pago por afectaciones prediales en el tramo del corredor vial. Por lo pronto, el MTC cumplió con pagar el justiprecio por algunos predios a los comuneros de Arcospampa Congota del distrito de Mara. El monto desembolsado ascendió a S/ 5.8 millones. Esto apenas es el inicio.

No hay que perder de vista que, según Ministerio de Cultura y un censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el corredor hay 38 comunidades campesinas. El malestar por el tránsito de los camiones mineros es casi generalizado en estas localidades. Por ahora son alrededor de diez comunidades las que exigen prohibir el paso de los vehículos mineros.

Caso Ccoroccohuayco

El reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo apunta que 13 comunidades del distrito de Pallpata, en Espinar (Cusco), se oponen al proyecto Integración Coroccohuayco de la empresa Glencore. La iniciativa pretende ampliar la producción de cobre en este tajo abierto y subterráneo de óxidos y sulfuros de cobre, situado a pocos kilómetros de su actual mina Antapaccay.

En diciembre de 2019, la iniciativa minera logró la aprobación de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). No hubo consulta a los comuneros y, por esa razón, los comuneros exigen la nulidad de la resolución y la aplicación de la consulta previa. Este es uno de los conflictos que más atención debería recibir de las autoridades nacionales.

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