Tía María: entre la reactivación económica y el conflicto social

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Por José Antonio Lapa Romero. Sociólogo.

El gremio minero, el empresario Roque Benavides, la ministra del Ministerio de Energía y Minas, Susana Vilca, y los altos funcionarios de Southern Perú están forzando la construcción de un consenso a favor de sus negocios respecto a la centralidad del proyecto Tía María (y Conga) para reactivar la economía. Sin embargo, más allá de los intereses y deseos reprimidos empresariales, el proyecto, en más de 10 años, no ha logrado mayor legitimidad social en el valle de Tambo por el contrario ha generado violencia y afectación a derechos humanos que hace imposible su desarrollo.

Legitimidad inventada

Posconflicto del año 2019, que implicó que el Consejo de Minería le diera la autorización de construcción al proyecto minero de Southern, el “compromiso” de la empresa fue de no iniciar la construcción mientras no haya logrado “un contexto social más favorable”. Las movilizaciones y la resistencia de los pobladores del valle de Tambo continuaron en medio de una permanente presencia policial y militar por 9 meses (hasta abril del 2020) para resguardar el puerto de Matarani y Mollendo por ser activos críticos nacionales y para “evitar que haya muertos”, que implicó que 950 policías permanecieran en el valle generando 200 000 soles de gasto estatal diario para garantizar el interés empresarial.

La pandemia y sus efectos económicos han abierto una oportunidad política para que el apóstol de la minería, Roque Benavides, los gremios de mineros y empresariales y la Southern planteen al proyecto Tía María (Conga y otros) como parte de la reactivación económica. No obstante, pensar siquiera la concreción del proyecto minero muestra la pérdida de memoria de corto y largo plazo muy característico de la clase empresarial minera y Southern que olvida fácilmente la violencia generada por décadas en el valle de Tambo. Así como la legitimación por parte de la ministra Vilca de la posibilidad de concretar Tía María sobre la que ha afirmado que “todo es posible, con el entendimiento del entorno donde se centra el proyecto, y eso es un trabajo que hay que hacerlo, en algún momento tiene que darse”. Esto expresa la orientación política de una institución que históricamente ha sido un impulsor de inversiones mineras y en concreto la de Tía María como parte de los “sacrificios del desarrollo”. Postura luego realineada pero que no niega el consenso de un sector del Estado, a partir de lo afirmado por el primer ministro sobre que Tía María: mientras “no se zanje el conflicto social definitivamente este proyecto [Tía María] no avanzará”.

Este escenario político está siendo aprovechado por Southern que nuevamente vuelve a inventarse una supuesta mayoría que apoya el proyecto y que Tía María traería unos supuestos beneficios, tal como lo afirma uno de sus funcionarios hace una semana: “Nosotros pensamos que en realidad el grueso de la población respalda el proyecto y que hay una minoría que está oponiéndose al proyecto (…) la compañía tiene la vocación de desarrollar el proyecto, no hemos considerado venderlo, porque pensamos que el trabajo que estamos haciendo va poco a poco rindiendo frutos, la población entiende que este no es un proyecto que les va afectar ambientalmente y que eso finalmente va a redundar en su beneficio”.

Puro marketing

Southern permanentemente ha actuado y desplegado una estrategia publicitaria millonaria para inventar una supuesta mayoría. Así, como parte de dicha estrategia de marketing ha mostrado los supuestos beneficios de la inversión y ahora vinculado al supuesto aporte a la reactivación económica: 1400 millones de dólares, 120 000 TM/año de cobre refinado, 9000 empleos en la fase de construcción, 600 empleos directos y 4200 indirectos en la fase de explotación, y otras bendiciones tributarias más.

Más allá del marketing, la realidad de la minería, incluido el proyecto de Southern, muestra que el país se quedó con 1 dólar de cada 10 dólares que se exportaron, las inversiones mineras más allá de la construcción generan entre 1 a 5 % de empleos locales, encarecen el jornal agrícola (en zonas andinas entre 400 y 500 % más), lo que afectaría la agricultura del valle, disuelven prácticas comunitarias predominando las monetarizadas, lleva a identificar las áreas de explotación minera como contaminado que destruirá la producción agropecuaria, fragmenta y despliega control político sobre la población. Además, hay efectos más importantes del proyecto contenido en su mismo Estudio de Impacto Ambiental: contaminación de los cultivos por el polvo de las explosiones de la operación minera y contaminación del agua del río Tambo. Es, entonces, totalmente entendible que más de 20 mil familias, entre de propietarios y jornaleros, mantengan un consenso mayoritario a favor de la agricultura y hayan resistido más de 10 años la violencia empresarial y estatal.

Construir consensos forzados a favor de la inversión del proyecto Tía María por parte de la clase mandante en el Perú, sus gremios y Southern, aprovechando la pandemia y un supuesto aporte a la reactivación económica significa reactivar un conflicto y olvidar toda una historia de violencia empresarial y estatal que ha vivido y sigue viviendo la población del valle de Tambo. Como muy bien lo ha dicho una dirigente del valle de Tambo: “nosotros nos reactivamos con la agricultura”.