Comunidades y retorno forzado en el contexto de la pandemia en Apurímac

Comparte en tus redes...

Facebook

Escribe: Enver Quinteros Peralta. APRODEH.

Las comunidades campesinas del sur andino vienen experimentando cambios acelerados y profundos producto de los impactos de la pandemia. Después de experimentar en poco más de medio siglo diversos procesos que cambiaron constantemente sus dinámicas comunales -mediante toma de tierras, reforma agraria, conflicto armado interno y auge extractivista-, hoy las comunidades enfrentan un nuevo pero difícil y adverso escenario marcado por la amenaza viral del Covid-19. Una realidad de salud pública global que incluso nos retrotrae a la hecatombe producida con la llegada de los españoles siglos atrás.

La nula acción del Estado para reconstruir integralmente los territorios devastados por la guerra interna y la consolidación del libre mercado, conllevó a la constante histórica de desatender los derechos de los ciudadanos del sur y Apurímac. En ese marco, así como el abandono de la educación -de características autoritarias y monoculturales-, posibilitó la emergencia y expansión de la guerra interna con miles de muertos, hoy vemos cómo la desatención y abandono del sistema de salud, más allá de haberse construido postas o centros de salud en las capitales rurales, se constituye como una plataforma pública precaria que no está a la altura de responder a la amenaza pandémica. 

Pero no solo los derechos de educación y salud fueron desatendidos. Lo fue también las actividades económicas, como la agricultura, que sostienen a las poblaciones de estos territorios. Por esta y otras razones es que desde mediados del siglo pasado numerosos contingentes de personas migraron al centro del poder (Lima), con el objetivo de cumplir el ansiado mito del progreso. Este traslado se intensificó de manera exponencial durante los años del conflicto armado con otros miles de desplazados forzados que buscaron sobrevivir en las grandes ciudades y ya no solo en Lima.

En el último siglo, ya en el contexto de la posguerra, la migración si bien disminuye tampoco se detiene. Debido a la nula política estatal de promover la reconstrucción y/o recuperación de las actividades agrícolas, gruesos grupos poblacionales siguen saliendo, permanente o estacionalmente a Lima, Cusco, Arequipa, Ica, Ayacucho o Puno en busca del viejo pero negado progreso. Un proceso que se relentizó parcialmente debido al retorno de desplazados de la guerra entre fines de los 90’ e inicios del 2000, y en la última década, como producto del auge de la minería popular, practicada por miles de campesinos mineros de Apurímac, contagiados por el boom extractivista transnacional instalado en el sur andino y en Apurímac.  

No obstante la precariedad y lógica darwiniana del modelo, que ha tenido en situación vulnerable y de sobrevivencia a miles de peruanos y peruanas, obligó a que este contingente de personas inicie semanas atrás procesos de retorno forzado bajo condiciones de riesgo extremas al contagio, seguridad y alimentación. Más allá de la complejidad y rapidez con la que se dio este proceso, los retornos masivos evidenciaron nuevamente otra característica histórica del Estado y sociedad; la ausencia del enfoque intercultural y la mirada limeño-céntrica de los fenómenos sociales por los medios de comunicación.

Mientras para el grueso de los medios el retorno parecía solo existir de Lima a las regiones, invisibilizando los retornos inter-regionales e intra-regionales, en el caso del Estado se careció de estrategias con enfoque intercultural como se constató en la selva peruana donde el drama de la pandemia ya cobró centenas de vidas y en el caso de las comunidades andinas no se conoce aún un plan claro al respecto.

Reconociendo esfuerzos y limitaciones en este contexto, los gobiernos regionales asumieron su responsabilidad con los retornos. En el caso de Apurímac se implementó el programa Hatun Sonqo, que a los pocos días de habilitado registró solicitudes de más de 14 mil personas, de las cuales un aproximado de 3 a 4 mil retornó a sus localidades (no se cuenta con información actualizada). No obstante, desde las primeras semanas de la cuarentena, numerosos casos de retornantes no estuvieron sujeto a los protocolos implementados por el Estado. Es decir, muchos retornaron e ingresaron a sus comunidades sin conocimiento oficial del Estado que permitiera su identificación, pruebas rápidas, cuarentena y monitoreo.

 Lo concreto es que el impacto de estos retornos forzados viene cambiando integralmente las dinámicas comunales. Así, a la realidad de las comunidades anterior a la pandemia caracterizada por las secuelas aún vigentes de la guerra, las dinámicas de los conflictos sociales con la gran minería y minería popular, la violencia de género, los niveles de despoblación altos en muchas comunidades, la precariedad de la producción agrícola tradicional (destinada al autoconsumo) o la reciente apuesta por la agroecología, las carencias de las postas médicas o de los centros educativos, y la vigencia de valores, costumbres y tradiciones andinas, hoy, el retorno de los apurimeños y apurimeñas abren un conjunto de repercusiones directas en la nueva realidad o normalidad de las comunidades campesinas.

No obstante esta realidad, que habrá que seguir auscultando, la preocupación mayor en este momento es la alta vulnerabilidad de la gente y la precariedad del sistema de salud rural en un contexto de lento pero sostenido crecimiento de los contagios que a la fecha (domingo 28 de junio) registra 830 casos y 11 fallecidos. Más aún si consideramos que la mayoría de casos se concentran en las capitales urbanas de provincias (Abancay con 270, Andahuaylas con 65) y otros casos distribuidos en 55 de los 84 distritos y 470 comunidades.

Si bien el comportamiento biológico del virus en los andes nos ha favorecido a la fecha, su desconocimiento por la ciencia médica nos obliga a seguir alertas previniendo desde casa pero sobre todo desde el Estado con políticas estratégicas e integrales que aún no se conocen con claridad. En la misma línea, resulta fundamental estar pendientes de los impactos que los retornos han generado y vienen generando en las comunidades campesinas de nuestra región.