Ministra de Economía había dicho que podría ser virtual, pero varios expertos y organizaciones de derechos humanos expresaron su rechazo a esa posibilidad. El Ministerio de Cultura tampoco lo avala.
El Ejecutivo nacional tiene previsto reiniciar los procesos de consulta previa para aprobar nueve procesos mineros y de hidrocarburos que se desarrollan entre comunidades indígenas y nativas del país.
En la lista están los proyectos exploración minera Turipampa Sur en la región Apurímac y la ampliación de mina Antapaccay con la expansión Ccorocohuayco en la provincia de Espinar de la región Cusco. Para el proyecto minero Coroccohuayco se calcula una inversión de US$ 590 000 000 y se estima que tendría una producción de 100 000 toneladas de cobre al año.
El proyecto de exploración minera Coroccohuayco (ampliación de Antapaccay, que le pertenece al Grupo Glencore. «Estamos acompañando a los proyectos que serán importantes para la generación de empleo y crecimiento del país», refirió la ministra de Economía y Finanzas, María Alva, el 30 de junio cuando declaró que “se ha coordinado con el Ministerio de Cultura la posibilidad de que los trámites de consulta sean virtuales, a excepción de la fase de diálogo”.
Aquella declaración, como lo precisa el diario La República, generó el rechazo de las organizaciones indígenas, e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y la titular del ministerio de Energía y Minas, Susana Vilca, tuvo que descartar un proceso virtual en un mensaje a través de su cuenta en Twitter. Será “in situ”, escribió.
El Ministerio de Cultura, según recoge La República, además de indicar que “nunca ha promovido la utilización de algún medio en particular para el proceso de consulta previa” confirmó que el Minem “está coordinando con los pueblos consultados” en los casos de San Gabriel y ampliación de Antapaccay.
Eduardo Vega, exdefensor del Pueblo, refirió a ese medio nacional que la forma para definir el proceso de consulta previa debe ser acordado entre el Minem y los pueblos. “Si bien pueden estar contra el tiempo y plazos, esto no puede significar saltarse derechos fundamentales –vigentes en el Convenio 169 y la ley de consulta previa–, los cuales deben ser respetados porque será la mejor garantía de que esos proyectos sean debidamente aprobados”, precisó.
A fines del 2019, los comuneros de Espinar cuestionaron la resolución 00196-2019 Senace, con la que se aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), porque solo estaría considerando a 13 comunidades de Espinar como zona de influencia directa. Por eso pidieron un nuevo EIA y un proceso de consulta previa, lo que fue aprobado por el Ejecutivo nacional.
Esta mañana, las organizaciones sociales de Espinar darán una rueda de prensa en Cusco en el que justamente fijarán su posición respecto al mecanismo de consulta previa que aceptarán para el proyecto Ccorocohuayco.
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