Piden al gobierno nacional, minera Antapaccay y organizaciones sociales que busquen una solución a través del diálogo. También advierten posibles afectaciones a los derechos de los líderes sociales.
Las demandas que originaron las protestas en la provincia cusqueña de Espinar deben ser atendidas y resueltas a través del diálogo. La población demanda la distribución de un bono humanitario de S/ 1000 con fondos del Convenio Marco.
Las organizaciones Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que promueven la defensa de los derechos humanos a nivel regional y nacional, invocaron a las partes en conflicto al diálogo para encontrar la solución.
“Invocamos a las partes involucradas para que a través del diálogo encuentren los canales adecuados para la implementación de los acuerdos del Comité de Gestión del Convenio Marco, presidido por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar e integrado por los alcaldes distritales, Frente de Defensa, Federación Unificada de Campesinos de Espinar, AUPE, Cuenca Cañipia, Cuenca Salado y representante de la Compañía Minera Antapaccay”, refirieron en un comunicado.
Las organizaciones recuerdan que el Convenio Marco es un acuerdo aprobado en el año 2003 entre la empresa minera, el gobierno local y los actores sociales de la provincia de Espinar. Establece un fondo para el desarrollo y necesidades urgentes de las comunidades de la provincia. “El uso de los recursos económicos derivados del convenio los decide el Comité de Gestión y debe implementarse de acuerdo a las demandas y necesidades de la población local y sus comunidades. La profunda crisis generada por el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país y en Espinar ha llevado a que el Comité de Gestión autorice el uso de estos recursos para la distribución de un bono humanitario de mil soles”, explican.
Al gobierno, minera y organizaciones
Asimismo, exhortan al gobierno nacional y a la empresa minera y las organizaciones de Espinar para que dialoguen y faciliten una salida al conflicto, tomando en cuenta la grave situación de la pandemia del COVID-19, el derecho a la salud y la vida. “Hacemos un llamado a la población de Espinar, a los representantes de las organizaciones sociales, y a las autoridades locales evitar caer en actos de provocación y de violencia -como los extraños hechos ocurridos el día lunes 20-, así como evitar la exposición y diseminación del COVID-19 a través de las aglomeraciones”.
Asimismo, cuestionan lo que consideran una campaña de desprestigio a las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar, así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que ha sido desestimada por el comité. “Estos hechos en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido”.
De igual forma, “como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social, como ocurre en las actuales circunstancias en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar”.
Los organismos también advierten que hay disposiciones investigación de la Fiscalía por delitos que no se han cometido, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. “En este sentido rechazamos cualquier forma de abuso de autoridad, así como de actos de violencia que se puedan desatar”.
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