26/10/2020

Espinar: un conflicto que no se apaga

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Escribe: Sociólogo José Antonio Lapa Romero

La población de Espinar tiene una larga historia de relación de convivencia tensa y conflictiva -y en la última década tóxica- con la actividad minera que se desarrolla en su territorio por casi 40 años. Así, la imagen idílica inexistente de feliz convivencia empresa-población ha sido producto del marketing empresarial.

La realidad de Espinar tiene una extendida pobreza estructural, impactos mineros crecientes en la economía de las familias de las comunidades del entorno minero y en la salud de las personas, fuentes de agua contaminadas, encarecimiento del costo de vida, fragmentación social, criminalización y permanentes conflictos en un escenario de hegemonía del poder minero. Veamos.

Campo de riqueza y pobreza

Desde el 2012, Antapaccay, de propiedad de la transnacional Glencore (antes de Xstrata Tintaya), explota principalmente cobre (también oro y plata) en el distrito de Yauri, capital de Espinar. El 2012 su producción de cobre fue de 51,876 toneladas y en el 2018 ascendió a 205 414, mientras que la producción de oro llegó a 4 124 241 gramos finos en el 2018 y de plata a 44 306 kilogramos finos.

La venta anual de Antapaccay fue de S/ 3 690 612000 para el 2016, según el estudio Perú: Proyectos y prospectos 2017-2019. El mar de riqueza producida, concentrada y acumulada se da dentro de un océano de pobreza y pobreza extrema que no se ha transformado significativamente en su área de influencia que alcanza en promedio al 70 %.

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), para mayo del 2020 en Espinar el 30 % de hogares son no pobres, 48 % pobres y 22 % pobres extremos. Además, hay una extendida exclusión histórica y afectaciones aún no resueltas: 506 personas de seis comunidades aledañas a la explotación minera se encuentran con metales tóxicos (arsénico, cadmio, mercurio y plomo) en sus cuerpos, y se ha reportado el incremento de la mortandad de animales (ovino, alpaca y vacuno), contaminación de los ríos Cañipía y Salado, polvareda por el transporte minero y las explosiones de las operaciones mineras, vertimiento de aguas industriales al Cañipia y filtraciones de la presa de relave de Huinipampa.

La criminalización de líderes dirigentes es otro asunto surgido de la relación poco amistosa con la minera. Hay exautoridades y dirigentes procesados desde hace más de 8 años, por el conflicto del 2012.

Viejas y nuevas causas del conflicto

Esta es la historia de los conflictos en Espinar. El de julio del 2020 tiene sus orígenes en viejas y nuevas causas. Los orígenes estuvieron presentes en el conflicto del 2012 y los acuerdos de la mesa de diálogo cuya implementación en sus elementos centrales aún sigue pendiente de solución. Entre ellas: reformulación del convenio marco, atención a la salud a las personas con metales tóxicos en sus cuerpos.

El actual conflicto en sus inicios aparece en un escenario de lucha política que se desarrollaba por la consulta previa del proyecto Integración Ccoroccohuayco, pero la demanda central es el bono solidario de S/ 1,000, en un escenario en el que la pandemia afectó y afecta la economía familiar de una mayoría de espinarenses que –más allá de la actividad minera de Glencore- sigue viviendo de la agricultura, ganadería, comercio y servicios. El problema se intensificó con el retorno de cientos de espinarenses de las ciudades cercanas como Arequipa y Cusco, y la deficiente priorización de beneficiarios de los bonos entregados por el Estado.

Este nuevo conflicto en Espinar -posterior a la ratificación del bono en el Comité de Gestión del Convenio Marco el 14 de mayo por una amplia mayoría (5 a favor, 2 abstenciones y 1 en contra)- constituyó un campo de tensión y lucha política por casi 60 días con una creciente actuación de más de 500 policías y militares.

La confrontación se manifestó en la conformación del comité de lucha provincial, movilizaciones y cacerolazos a favor del bono en Yauri, Pallpapta y Coporaque (también pequeñas movilizaciones de comunidades a favor de la empresa), en medio de una intensa campaña mediática de Antapaccay, a través de su propuesta Reactiva Espinar, y donaciones de alimentos en el marco de la pandemia.

Los intentos de resolución del conflicto por la vía del diálogo entre los actores en disputa y el Estado no dieron resultado: las posiciones se polarizaron.

Violencia, denuncias y abuso de la fuerza pública

El paro indefinido provincial que inició el 15 de julio en los ocho primeros días creció en el número de movilizados con la incorporación activa de los distritos y se radicalizó por los enfrentamientos permanentes entre manifestantes y agentes Policía y el Ejército, que dejaron heridos.

En el octavo día, el conflicto escaló a un nivel alto de confrontación, lo que devino en heridos por la violencia desatada, de los cuales tres manifestantes recibieron disparos de bala. Escenas similares a las ocurridas en el conflicto del 2012. La violencia vivida fue descrita por los jóvenes. “El vehículo en el que viajaban fue detenido por los agentes, quienes lanzaron una bomba lacrimógena a su interior, lo que los obligó a salir. Cuando ya estaban fuera los redujeron a golpes de patadas y con las armas de reglamento. Algunos dicen que recibieron amenazas de disparo por lo que tuvieron que estar tirados en el piso durante mucho tiempo”, según reportó el medio digital cusqueño Pulso Regional.

A este patrón de uso de la violencia se suma la criminalización que se expresó al inicio del paro indefinido: 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar -Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar- fueron notificados por el Ministerio Público, en vía de prevención del delito, por la “comisión de delito contra la administración pública, en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 368° del Código Penal, en agravio del Estado”. El objetivo es claro: amedrentamiento, desmovilización y criminalización.

El tercer patrón se muestra a través de la privatización del uso de la fuerza pública. En el conflicto 2012 se expresó a través del convenio que tenía la empresa con la Policía Nacional, ahora, en el 2020, se evidencia en el resguardo por parte de las fuerzas policiales de las instalaciones de la empresa minera y el empleo las fuerzas públicas de manera parcializada a favor de intereses privados.

Luego buscaron una figura creativa. Al octavo día del paro, el de mayor violencia- Antapaccay informó que ante los actos “vandálicos” las “fuerzas del orden, conforme a sus atribuciones, han procedido a custodiar la unidad minera Antapaccay”.

Así, este conflicto nuevamente está atravesado por patrones de violencia estatal, criminalización y privatización de la fuerza pública. Ahora que hay una tregua y una “aparente” calma en Espinar, se espera que el conflicto sea resuelto mediante el diálogo.