El agro sin reactivación

Un mes después de iniciada la emergencia, el gobierno aprobó el Bono Rural de 760 soles. Pasadas más de ocho semanas, la entrega de ese bono aún demoraba en llegar a muchos hogares rurales.

Escribe: Laureano del Castillo. Centro Peruano de Estudios Sociales –CEPES.

Las medidas iniciales adoptadas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra por la pandemia de la COVID-19 fueron destacadas en el país y en el extranjero. A cuatro meses de iniciada la emergencia resulta oportuno revisar las medidas dictadas en favor de la agricultura, sobre todo de la agricultura familiar que, como se sabe, incluye a la enorme mayoría de productores y productoras agrarias.

Crisis en el campo

El economista Eduardo Zegarra afirma que durante esta pandemia se desarrollan dos crisis silenciosas: la crisis agraria y la de alimentación. En encuestas, que menciona en ese artículo, se observaría la contracción de entre 40 y 60% del ingreso de más de dos millones de agricultores familiares “debido a menores precios y a la menor capacidad de colocar productos en el mercado (por la menor demanda de alimentos)”. Más aún, citando una encuesta del IEP, Zegarra afirmaba que el 65% de los hogares en las ciudades han estado consumiendo menos alimentos durante la emergencia sanitaria, porcentaje que subiría a 90% en los hogares rurales.

Los agricultores alertaban desde marzo de los riesgos que se ciernen sobre la producción de alimentos si no se atendía el financiamiento de la próxima campaña agrícola. Entre ellas están la falta de recursos para la compra de semillas, la adquisición de insumos para la producción y para el cuidado del ganado y animales menores, así como para poder contratar mano de obra. Por ello, Zegarra concluye: “es probable que la productividad e ingresos caigan otra vez en el próximo ciclo agropecuario, el que nos debe alimentar los próximos doce meses”.

Un mes después de iniciada la emergencia recién el gobierno aprobó el llamado Bono Rural, de 760 soles, semanas después de haberse aprobado el Bono 380, dirigido a los pobladores más pobres de las ciudades y del Bono Independiente y aún de la duplicación de los mismos. Pasadas más de ocho semanas, la entrega de ese bono aún demoraba en llegar a muchos hogares rurales.

Frente a la propuesta de Conveagro y otras organizaciones agrarias, presentadas en abril, de establecer un Fondo de Salvataje y Reactivación de la Agricultura ascendente a cinco mil millones de soles (mientras al fondo Reactiva Perú se lo dotó de 30 mil millones de soles, que luego se duplicaron), el gobierno mantuvo un silencio sepulcral. 

Las medidas adoptadas

Hubo así, en estos meses una mayor atención hacia las ciudades, sobre todo en los aspectos sanitarios, en los que las poblaciones rurales, en la costa norte, luego en la Amazonía y ahora en la sierra central y sur, sufren por el abandono durante décadas del Estado. En materia económica, aunque hubo un sesgo urbano en las medidas durante las primeras semanas de la crisis, se dieron también medidas a favor de la agricultura. Por razones de espacio, en las siguientes líneas nos referiremos a ellas de manera general.

Las primeras medidas se anunciaron el 10 de abril, cuando el ministro de Agricultura y Riego reveló un “plan de reactivación del sector agropecuario post-Covid-19” con una inversión de 600 millones de soles orientado principalmente a pequeños productores.

440 millones de soles eran para créditos directos a tasas preferenciales, 100 millones de soles de un fondo de garantía para reducir la tasa de interés a los agricultores (Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario -Fifppa) y 65 millones de soles de Agroideas para el financiamiento de planes de negocio. En la misma oportunidad se anunció otros 150 millones de soles para actividades de mantenimiento y limpieza de canales, drenes y bocatomas en 22 regiones, a través de núcleos ejecutores. Además se aprobó fondos para un Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios de Agua.

El 1 de junio, el ministro de Agricultura y Riego, ante la Comisión Agraria del Congreso, anunció una inversión de 2,511 millones de soles para potenciar la actividad agrícola, pecuaria y forestal como parte del plan de reactivación del agro peruano. La mayor parte se destinaría al fortalecimiento y desarrollo de capacidades productivas, comerciales y sanidad agropecuaria; a obras de infraestructura hidráulica y a acciones para atender la emergencia por desastres naturales; complementada, en menor medida, con inversiones en innovación y soporte tecnológico para mejorar productividad y competitividad, el desarrollo forestal sostenible y la elaboración de planes, programas y normas. Sin precisar la relación con los anuncios de abril, el ministro agregó que el Minagri ejecutaría otros 1,000 millones de soles entre junio y diciembre, como parte de las acciones de reactivación del Sector.

El 19 de junio se creó el plan Arranca Perú, con el objetivo de crear un millón de puestos de trabajo, destinando más de 6 mil 400 millones de soles para incrementar la inversión en todas las regiones del país. Días después el ministro Montenegro precisó que de ese monto se destinarán al sector agrario 377 millones de soles para generar más de 75 mil jornales diarios, de los que 305 millones de soles irían al mantenimiento de canales de riego y drenes, y 68 millones financiarían proyectos de riego a través de gobiernos locales. El ministro agregó que el presupuesto de su sector para este año contempla mil millones de soles para proyectos de inversión, de modo que a diciembre la inversión superará los 1,500 millones para generar 150 mil empleos.

Por último, el  9 de julio se publicó el decreto de urgencia que aprueba el Programa de Garantía para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO) con el objeto de garantizar los créditos para capital de trabajo de los agricultores que realicen agricultura familiar.

Los invisibles

Queda por precisar cuánto de las cifras mencionadas corresponden al Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF), aprobado a fines de 2019, y cuánto a los esfuerzos por atender en el campo la emergencia generada por la Covid-19. La mayoría de las medidas anunciadas consisten en apoyo financiero a los agricultores, pero recordemos que según el Censo Nacional Agropecuario solo una reducida porción de ellos accede al crédito (un 10% de las unidades agropecuarias) y que a junio de 2018, el 54% de las colocaciones de Agrobanco se destinaron a grandes y medianas empresas, mientras que solo el 18.3% fue a microempresas (la agricultura familiar). Además, para acceder a esos créditos (caso del fondo AgroPerú y del FIFPPA) se requiere integrar una organización, siendo que la inmensa mayoría de agricultores son productores individuales y que normalmente las agricultoras están en situación de mayor desventaja para acceder a créditos y otros beneficios.

Es innegable que se requiere mayor claridad en las medidas para la reactivación del agro, si el objetivo fueran las agricultoras y agricultores familiares, que son la inmensa mayoría (98% de las unidades agropecuarias). Por el contrario, las medidas aprobadas parecen beneficiar al sector de agroexportación y a los sectores mejor posicionados de la agricultura familiar y no al amplio sector de agricultores con mayores necesidades. Las comunidades campesinas y nativas ni siquiera son mencionadas en estas medidas. Siguen siendo invisibles para el Estado.

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