Las organizaciones Derechos Humanos Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos documentaron varios hechos que afectaron los derechos de los ciudadanos de Espinar. El ministro del Interior, Jorge Eduardo Montoya Pérez, nieta la represión.
La provincia de Espinar inició un paro indefinido el 15 de julio. El conflicto se intensificó con la movilización de los distritos, la polarización de posiciones y la presencia masiva de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, generando un profundo malestar en la población. Este conflicto llegó a su momento de mayor violencia el 22 de julio cuando 3 personas resultaron heridas de bala y decenas por el impacto de perdigones y otras agresiones. La tensión del conflicto bajó a partir de la mesa de diálogo del 7 de agosto, sin embargo, las violaciones de derechos humanos no son investigadas.
Las organizaciones Derechos Humanos Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos documentaron los hechos ocurridos en los días de la protesta. Algunas de estas son.
Los hechos
Los hechos más graves se registraron el 22 de julio durante las protestas en el centro poblado Tintaya Marquiri, situado en las inmediaciones del campamento minero. Los efectivos habrían disparado sus armas contra los manifestantes, pese a que no existe ninguna evidencia de que hayan tenido que enfrentar un riesgo grave e inminente para sus vidas, único supuesto que justificaría tal uso extremo de la fuerza. Aunque los voceros oficiales de la Policía niegan el uso de armas letales durante la protesta, un adulto y dos menores de edad fueron heridos de bala. Además se han encontrado en la zona casquillos de bala con inscripciones de la Policía Nacional del Perú.
También el 22 de julio en las inmediaciones del campamento minero en Tintaya Marquiri la población intervino a un sujeto por sospecha de que se trataba de un infiltrado de la Policía Nacional del Perú. La institución ha reconocido que se trataba de un capitán sociólogo adscrito a la PNP, argumentando que su labor era obtener información sobre el estado del
conflicto para planificar adecuadamente la labor de la institución.
Esta fundamentación es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, según los cuales el uso de agentes infiltrados en manifestaciones constituye “una práctica sumamente invasiva y conlleva un elevado riesgo de violación de derechos”, por lo que no debería utilizarse salvo casos excepcionales.
Asimimos, en la localidad de Espinar efectivos policiales golpearon a un joven causándole múltiples lesiones en el cuero cabelludo, rostro, manos y hombro izquierdo. De igual forma, se registraron 6 casos de personas heridas por perdigones en el cuerpo, pese a que por la peligrosidad de estas municiones desde el 2006 únicamente se autoriza el uso de perdigones de goma. Tres de los heridos recibieron impactos por la espalda, lo que evidencia que los efectivos policiales violaron la prohibición de usar la fuerza contra personas que huyen.
Por otro lado, dos ciudadanos fueron heridos por impacto de bomba lacrimógena, con lo que se demuestra que la Policía mantiene la práctica prohibida de disparar estos proyectiles contra el cuerpo de las personas pese a su elevado potencial lesivo.
Médico y periodista
Otra situación preocupante es la agresión que se produjo contra el periodista Vidal Merma mientras registraba el accionar de las fuerzas del orden el 22 de julio en Espinar. El comunicador se identificó como hombre de prensa, pero a pesar de ello un efectivo realizó un disparo contra él que no llegó a impactarle.
De igual forma, sufrió actos de intimidación la médica cirujana Gloria Cárdenas Alarcón del hospital de Espinar a raíz de que declarara en medios que tres manifestantes fueron heridos con armas letales por la Policía. Al día siguiente de estas declaraciones efectivos de la DIROES se presentaron el hospital a pedir explicaciones, y la citaron para rendir su manifestación en la comisaría local, aparentemente con un afán intimidatorio, pues si
requerían información sobre la situación de los heridos el cauce regular era solicitar un informe médico escrito.
Policía y Fiscalía
Las dos organizaciones de derechos humanos concluyen que durante las protestas la Policía Nacional del Perú vulneró el derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión, y el derecho a la integridad personal, al haber sometido a actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes a los protestantes y otras personas de Espinar.
Precisan que el Ministerio Público muestra una actuación parcializada, ya que criminaliza a los defensores de derechos humanos a la par que omite ejercer sus facultades frente al uso arbitrario de la fuerza y no inicia de oficio las investigaciones por las violaciones a derechos.
Asimismo, que Antapaccay-Glencore no ha cumplido con el deber de actuar con debida diligencia para evitar contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos en su ámbito de influencia y mitigar las consecuencias de las vulneraciones de derechos humanos perpetradas.
Las respuestas del ministro
El ministro del Interior, Jorge Eduardo Montoya Pérez, respondió anoche por estos hechos ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.
Montoya Pérez sostuvo que la policía hizo uso de arma no letal, con lo que negó la existencia de heridos de bala.
Dijo también que la policía no hizo ningún acto de hostigamiento a la médico cirujana, porque los policías acudieron a entregar un documento fiscal al director del hospital para que la entregue a la médico. Agregó que la médico no pidió ni garantías no presentó ninguna denuncia en la comisaría o la Fiscalía.
Según Montoya Pérez, no se puede dar la identidad del responsable de operación del 22 de julio no puede ser identificado. «Solo se puede entregar por orden judicial, comisión investigadora o fiscalía. Pero lo pueden ver en la Policía», dijo.
De igual forma, negó que se haya registrado detenciones la noche del 22 de julio. Por eso añadió, se rechaza cualquier imputación de abuso. «(Los policías) han actuado al amparo de la ley».
También negó que haya documento de convenio vigente con Antapaccay y dijo que se usa locales privados excepcionalmente y previa coordinación para salvaguardar la integridad física y de salud de los policías.
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