
Legislador Lenin Bazán dijo que Comisión de Pueblos Andinos e Inclusión Social del Congreso pedirá facultades para investigar la represión policial.
La provincia de Espinar, en la región Cusco, estuvo 24 días en paro. La medida de fuerza surgió para exigir un bono a la empresa minera Antapaccay para sobrellevar los efectos económicos de la pandemia por el COVID-19.
Durante las manifestaciones volvió a ponerse de manifiesto la represión policial que fue violenta y desproporcionada, dejando 3 personas con heridas de balas, 6 con heridas de perdigones y 28 con contusiones múltiples.
A pesar de las denuncias realizadas por medios de prensa locales y nacionales no se inició ningún proceso para investigar estos hechos de violencia. Por el contrario, el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, estuvo en la Comisión de Pueblos Andinos e Inclusión Social del Congreso de la República, en el que defendió la actuación policial y negó que se hayan efectuado disparos de balas por armas letales.
Esta mañana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), junto a otras instituciones que han acompañado a la comunidad de Espinar como son la Red Muqui, el Instituto de Defensa Legal, y Cooperacción, hicieron una conferencia de prensa virtual en la que presentaron un informe detallado de las violaciones de derechos humanos.
El congresista Lenin Bazán, presidente de la comisión citada del Congreso de La República, anunció que su comisión pedirá al Pleno del Legislativo facultades de comisión investigadora para averiguar la represión policial que dejó heridos de bala en la provincia de Espinar, en la región Cusco, así como los fallecidos en la localidad de Bretaña, en la región Loreto.
“La próxima semana la estamos presentando, luego reuniremos las firmas, que lo vamos a conseguir. Luego se debe agendar y dependerá de la presión y el interés que haya de los congresistas”, dijo Bazán.
Mientras que el coordinador del Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, Helio Cruz, dijo que el 22 de julio hubo uso desproporcionado de la fuerza policial.
Además, precisó las recomendaciones que hacen las organizaciones defensoras de derechos humanos para evitar que hechos de represión con violación de los derechos humanos vuelvan a repetirse. Estas son:
1. Las restricciones a la protesta social en el marco de la pandemia por COVID-19 deberían implementarse de acuerdo al principio de proporcionalidad. Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en situaciones de protesta social, desnaturalizando la autorización que se les ha dado para apoyar a la Policía durante la emergencia sanitaria.
2. El Ministerio Público debería iniciar una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, y solicitar las correspondientes reparaciones, conforme a la Directiva 003-2018-MP-FN.
3. El Ministerio del Interior debe implementar reformas institucionales para garantizar la gestión adecuada de manifestaciones, en particular garantizando que los efectivos cuenten con equipos que permitan un uso progresivo y diferenciado de la fuerza, así como un entrenamiento adecuado. Deberían llevarse a cabo investigaciones administrativas que permitan identificar las reformas institucionales necesarias, además de sancionar a los efectivos involucrados en violaciones de derechos humanos y reparar a las víctimas sin necesidad de esperar a un procedimiento judicial.
4. El Ministerio de Justicia debería adoptar medidas oportunas y eficaces para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos que se han visto en riesgo en el marco del conflicto a través del Protocolo para la protección de defensores, y avanzar hacia la regulación del estándar de debida diligencia en el marco del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.
5. La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, debería analizar el uso de la fuerza en protestas y efectuar recomendaciones que permitan realizar las reformas institucionales necesarias para garantizar una gestión adecuada de las manifestaciones, conforme a los estándares internacionales referidos al derecho de reunión y el uso de la fuerza.
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