En Apurímac viven 206.937 mujeres que representan el 51% de la población, según datos del INEI. Antes de la pandemia, la región mostraba las cifras más duras del país en torno a la violencia de género. De enero a marzo del 2020, los Centros de Emergencia Mujer (CEMs) dan cuenta de la atención a un promedio de 291 personas por mes. De estas un 89% son mujeres.
Escribe: Karina Bueno Dueñas – Aprodeh.
La pandemia ha desencadenado un conjunto de impactos de carácter sociopolítico, económico y cultural que han puesto en jaque a las poblaciones con menor acceso a derechos en el país y la región. El factor género ha estado presente en la profundización de esta crisis de derechos. En ese entender, me referiré a continuación a los principales impactos y propuestas frente a la pandemia para la recuperación de los derechos de las mujeres de Apurímac.
En Apurímac viven 206.937 mujeres que representan el 51% de la población, según datos del INEI. Antes de la pandemia la región mostraba las cifras más duras del país en torno a la violencia de género: en el 2018 el 82.7% (171,137) y en el 2019 el 72.8% (161.825) de mujeres manifestaron sufrir violencia, según la ENDES.
De enero a marzo del 2020, los Centros de Emergencia Mujer (CEMs) dan cuenta de la atención a un promedio de 291 personas por mes, de estas un 89% son mujeres. De marzo a mayo la línea 100 recibió un promedio mensual de 144 consultas por violencia, reduciéndose dramáticamente los indicies de denuncia.
En el mes de julio, al ingresar a la llamada “nueva normalidad” los CEMs atendieron 351 casos de violencia. Los índices de denuncia, en relación al porcentaje de mujeres que sufren violencia en Apurímac, son muy bajos, apenas el 0,15% por mes, y, durante la emergencia descendió aún más llegando hasta el 0,06% de denuncias por mes.
El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia es sistemáticamente vulnerado y durante la pandemia fue peor. El impacto más directo consistió en que las víctimas confinadas junto a sus agresores tuvieron que afrontar mayores niveles de control y violencia en condiciones de menores posibilidades para pedir ayuda o denunciar. Si en el mejor de los casos lograban denunciar a través de la línea 100, después de ello les ha tocado vivir la tragedia de la desprotección.
Sistema de justicia precario
La región de Apurímac revela un precario sistema de justica y de protección a víctimas de violencia de género, esto con mayor crudeza en zonas rurales donde las instituciones estatales son escasas o lejanas. En el 2019, APRODEH acompañó un caso de violencia en la ciudad de Abancay, en el que la víctima contaba con 11 medidas de protección, sin embargo, el agresor la seguía violentando impunemente.
Si esto sucede en una situación normal y en la ciudad, imaginemos lo que se ha vivido durante la cuarentena. Tal precariedad, a su vez retroalimenta la desconfianza en las instituciones estatales, por ende, no se denuncia y además la violencia contra las mujeres mantiene sus niveles de impunidad y normalización.
La pandemia ha revelado también la precariedad del sistema de salud para atender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se incumplieron los lineamientos de continuidad de la atención a la salud sexual y reproductiva como: la entrega del kit de emergencia para víctimas de violencia sexual; se dejó de entregar los métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos no deseados e ITSs – a nivel regional se calcula que los embarazos no deseados se han incrementado en un 25%, como por ejemplo en la comunidad de Pampamarca subió de 2 a 15 gestantes solamente en el periodo de la emergencia (COREM 2020).
También se debilitó la atención a gestantes y emergencias obstétricas -5 mujeres puérperas de la provincia de Cotabambas fueron referidas a Abancay por falta de especialistas y equipos-. Mientras que en la provincia de Andahuaylas falleció una mujer gestante a causa de una hipertensión, la misma que no fue atendida oportunamente en el hospital de EsSalud. Y recordemos que a nivel nacional 459 menores de 14 años tuvieron partos tras una violación sexual (Minsa, 2020).
Doble trabajo
El derecho al trabajo fue doblemente golpeado para las mujeres. Cerca del 84% de hogares en el Perú tienen niños y niñas menores de 6 años y personas dependientes de cuidado. Frente a esta responsabilidad las mujeres se ven obligadas a postergar sus proyectos, ampliando la brecha de empleo entre hombres y mujeres en 10 puntos porcentuales.
Las principales características laborales de la PEA femenina previa a la pandemia eran de 75.1% con empleo informal y 44.2% con un salario y empleo fijo. La pandemia ha provocado el tenso encuentro en el espacio domestico de al menos tres tipos de trabajo: el trabajo de cuidado, el remoto y el acompañamiento educativo.
Según una encuesta de Gender Lab, las mujeres se dedican al trabajo de cuidado un tiempo de 9 horas y 35 minutos al día frente a las 6 horas y 11 minutos que dedican los hombres. Según el MINEDU, el 75,6% de madres desarrollan el acompañamiento educativo a niños y niñas de inicial, mientras que los padres solo el 11,6%. La carga de responsabilidades del cuidado se ha incrementado significativamente para las mujeres, situación que, colisiona con los derechos laborales y la salud mental de este sector.
Vivimos una crisis de derechos exacerbada por la pandemia. No obstante, como toda crisis también abre oportunidades para reformular la vida, el Estado y las políticas para las mujeres. En ese horizonte, es trascendental, por ejemplo, compatibilizar las políticas de atención estatal con las de trasformación de la violencia en el nivel colectivo.
El sistema de salud debe ampliar su campo de acción más allá de los establecimientos, tiene que llegar a los domicilios de las mujeres a través de estrategias comunicacionales, informativas, con seguimiento y atención oportuna a las necesidades de la salud sexual y reproductiva.
Igualmente, el Estado y las instituciones privadas, deben contemplar el derecho universal al cuidado y por ende compatibilizar de forma equilibrada el trabajo de cuidado y el empleo, promoviendo la redistribución de esta responsabilidad entre hombres, mujeres, estado y comunidad, dado su carácter central para el bienestar social y la recuperación de los derechos de las mujeres en Apurímac, el sur andino y el Perú.
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