Reactivación económica sin visión en Apurímac

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El Gobierno Regional de Apurímac planea reactivar la economía con 146 proyectos. No obstante, este no favorece en absoluto a los agricultores y las actividades agropecuarias. Apenas hay cuatro proyectos referidos a cadenas productivas y eso pone en riesgo la soberanía alimentaria y el desarrollo productivo rural de la región.

Escribe: Evelyn Cavero Contreras

Qué duda cabe que la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19 profundizó la crisis múltiple y sistémica que el Perú atraviesa desde hace décadas. Crisis que expone con mayor nitidez la decadencia del Estado neoliberal que favorece fundamentalmente a los grupos de poder, profundizando a su vez la precariedad de los sistemas de salud, pensiones, educación y empleo, que deberían generar pleno ejercicio de derechos y disfrute en la mayoría de peruanos y peruanas.

La crisis también revela el carácter centralista del Estado que tan pronto empezó a recibir rentas extraordinarias por las actividades extractivas, comenzó a revertir el incipiente proceso de descentralización, reconcentrando competencias en Lima y, por ende, debilitando política y económicamente a los gobiernos regionales y locales, al punto de orillarlos como simples ejecutores de obras y administradores de decisiones impuestas desde la capital nacional. Esto generó consecuencias en la ya débil y desarticulada capacidad del Estado para responder a la actual emergencia, agravando inclusive la precariedad económica de los diversos sectores sociales.

Hoy nos enfrentamos quizá a la mayor crisis de nuestra generación. Muchos dicen que las decisiones que adopten nuestras autoridades y ciudadanos y ciudadanas moldearán nuestro Estado y futuro como nación. Por ello, tal vez lo positivo de la emergencia que vivimos es que pueda acelerar procesos de cambio, que en tiempos normales llevarían años de deliberación e implementación. Sin embargo, esto dependerá del rol y liderazgo político de nuestras autoridades regionales y nacionales.

De ahí que preocupa que nuestra autoridad regional de Apurímac no identifique esta difícil situación como una oportunidad para cambiar la estructura de gobierno regional y las políticas regionales, pues está facultada por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 27867 o por la misma Ley de Descentralización 27783. Hacerlo permitiría territorializar nuestro desarrollo sobre la base de cuencas, subcuencas y corredores económicos, que a su vez fortalecería a los distritos que constituyen la base política, administrativa e institucional del Estado, pues son los que se relacionan de manera directa con la ciudadanía y las comunidades campesinas. Es decir, construir un desarrollo integral de abajo hacia arriba.

Contrario sensu, continuando con el piloto automático neoliberal que ha generado profundas brechas sociales, el Gobierno Regional de Apurímac aprobó su “Plan de reactivación económica 2020”, cuyo objetivo se centra en “reactivar las actividades económicas que fueron suspendidas por la crisis del Covid-2019 para mitigar el impacto económico en la región Apurímac”. Un plan que además de contener errores conceptuales y confundir objetivos específicos con actividades como conformar el Comité de Trabajo Multisectorial Regional o elaborar estrategias, por citar un ejemplo, contiene un listado de 146 proyectos de inversión pública sobre la base de bienes y servicios tendientes a competir de manera desleal contra los municipios provinciales y distritales.

Las prioridades de la Región Apurímac

En efecto, de los 146 proyectos el 37% está referida a construcción y/o mejora de la infraestructura de servicios educativos; 16,5% orientado a construir y/o mejorar la infraestructura hídrica y de riego; 14.4% para el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del I nivel de atención y compra de equipos biomédicos y 10,2 % para la recuperación y mejora de la cobertura forestal.

Asimismo, 2,7% para al impulso y mejoramiento de las cadenas productivas agropecuarias; 2,7% agua potable y saneamiento en zonas rurales, y 13% en otros proyectos de infraestructura para diversas entidades de la administración pública y deportivas, esperando con estos proyectos, generar 66,200 empleos directos e indirectos a través de la compra de bienes y la contratación de servicios.

Como se observa, el plan de reactivación económica regional resulta excluyente y carente de una real estrategia que enfrente de manera articulada e integral los graves problemas profundizados por la pandemia. Más aún, siguiendo el patrón de priorización de las actividades económicas del Gobierno central, es un plan regional que no favorece en absoluto a los agricultores y las actividades agropecuarias en su conjunto. La ejecución de apenas cuatro proyectos de inversión pública referidos a cadenas productivas es muestra clara del olvido y exclusión de este sector que pone en riesgo la soberanía alimentaria y el desarrollo productivo rural de la región en un escenario donde la pandemia escala de manera dramática con más de 5 mil casos positivos.

Eduardo Zegarra considera que “la agricultura familiar es uno de los sectores que ha sufrido un doble shock. Por un lado, ha sufrido una caída drástica en la demanda de los alimentos porque la población urbana, hoteles y restaurants dejaron de percibir ingresos de la noche a la mañana y con ello se redujo su consumo de alimentos, algunas estimaciones conservadoras señalan una caída en un 30% a 40%. Y, por otro lado, el precio y el ingreso de los productores agropecuarios se han reducido en un 50% a 60% e incluso el ingreso no agropecuario desapareció”. A decir de este especialista, la pandemia no solo afectó a los que ya estaban en pobreza extrema, sino afectó al universo rural y se estima que se duplicó la pobreza rural ubicándolos en una situación mayor vulnerabilidad.

A esta situación se suman otras variables que complejizan el problema como la desertificación de los suelos, el abandono de 40 mil hectáreas cultivables, la precaria asistencia técnica, la ausencia de créditos, la desarticulación con los mercados, la ausencia de infraestructura de riego, la precariedad en la posesión de las tierras por conflictos de linderaje y los conflictos por el uso del agua entre la minería y la agricultura.

En consecuencia, se requiere plantear una estrategia distinta de reactivación regional en la que la agenda agraria y rural tengan una centralidad importante para enfrentar la crisis alimentaria y de empleo. Para ello, se requiere declarar en emergencia real el agro y conformar una instancia de gestión ejecutiva que involucre a todos los sectores del nivel nacional, regional y local, que lidere el proceso de reactivación agropecuaria por COVID-19 y que implique garantizar como mínimo respuestas estratégicas para la salud y una adecuada alimentación, entre otros aspectos.