
Víctor Raúl Maita y otros miembros del gremio campesino mostraron su apoyo a la manifestación pacífica de los docentes en contra de la resolución ministerial 326 que, según sostienen, privatiza la educación. Después de una hora de retención fue puesto en libertad.
El presidente de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco (FARTAC), Víctor Raúl Maita, junto a otros integrantes de este gremio, hacía un plantón, cumpliendo el distanciamiento social, en el frontis de la Corte Superior de Justicia, cuando fue detenido por agentes de la Policía.
Una hora después de la detención fue puesto en libertar tras recibir la papeleta de infracción del estado de emergencia. Maita denunció que la policía actuó abusivamente.
«Hemos ejercido nuestro derecho a la protesta y la reunión y hemos sido detenidos arbitrariamente por la Policía. Ahora queremos denunciar que cuando llegué me pidieron mi DNI y les entregué, y ahora se extravió. Y en este acta pusieron que soy indocumentado», denunció el dirigente.
El dirigente sindical llegó, acompañado de otros tres manifestantes, portando pancartas, en las que expresaban su apoyo a los profesores, quienes cumplían un paro en contra de lo que ellos llaman el intento de privatización de la educación pública. La medida de protesta de los docentes fue a nivel nacional y tuvo acogida en las regiones del sur.
Antes de ser detenido, el dirigente del gremio campesino había dicho que protestaba como padre de familia a favor de la gratuidad de la enseñanza. El dirigente fue llevado a la Comisaría de Shapi del distrito del Cusco.
Cabe precisar que el Tribunal Constitucional (TC) reconoce el «… derecho a la protesta como derecho fundamental, derecho que asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado (expediente 009-2018-AI)”. Por tanto, no debe ser criminalizado toda vez que el representante de la organización campesina cumple su rol de proteger el interés social de la educación pública, ejerciendo el derecho de la libertad de expresión y la libertad de opinión.

El reclamo ciudadano
Los docentes y padres de familia la resolución ministerial del Ministerio de Educación (Minedu) n.° 326-2020 que aprueba la norma técnica que «regula y orienta los convenios para la gestión de instituciones educativas públicas de educación básica a cargo de entidades sin fines de lucro», la misma que como anexo forma parte de la presente resolución.
El exdirigente del Suter Cusco, Ernesto Meza Tica, sostuvo que esta norma lo que hace es abrir el camino para la privatización de la educación en el país, lo que tendrá efectos en la calidad de la enseñanza y el acceso al servicio educativo.
Asimismo, dicha resolución se basa en el hecho de que las instituciones educativas por su tipo de gestión pueden ser públicas de gestión privada, a cargo de entidades sin fines de lucro, que prestan servicios educativos gratuitos en convenio con el Estado.
También señala que en este tipo se encuentran las instituciones educativas públicas creadas y sostenidas por el Estado, que son gestionadas o administradas por la Iglesia católica y entidades privadas mediante convenio con el Ministerio de Educación o el gobierno regional; y que los inmuebles y equipos son de propiedad del Estado o de la entidad gestora y las remuneraciones del personal son asumidas por el Estado.
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