Se reconoce derechos como son participar en el desarrollo rural y sus beneficios, contar con atención médica y educación de calidad, aliviar las amenazas frente al cambio climático y cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a la tierra, agua, etc.
La pandemia por el Covid-19 ha evidenciado a las mujeres rurales como uno de los sectores de población en mayor vulnerabilidad, pese a lo cual han sido actoras protagónicas en contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria en sus hogares y comunidades, resistiendo la sobrecarga de trabajo y los impactos del cambio climático.
En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Centro Flora Tristán las saluda y expresa su reconocimiento. Y reivindica la urgencia de que se reconozca y garantice plenamente sus derechos, tarea que sigue siendo una deuda pendiente del Estado, manteniendo así un entramado de discriminaciones que les impide alcanzar sus proyectos de vida en lo individual y colectivo.
En ese sentido, hace un llamado al Legislativo y Ejecutivo a adecuar las normativas nacionales en torno a la Recomendación General N° 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, aprobada por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la cual es parte el Estado peruano.
Dicha recomendación precisa las obligaciones de cada país signatario en relación con dimensiones específicas de sus derechos como son participar en el desarrollo rural y sus beneficios, contar con atención médica y educación de calidad, aliviar las amenazas frente al cambio climático y cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a la tierra, agua, y demás medios de vida entre otras recomendaciones.
En el Perú las mujeres rurales cumplen un rol estratégico en la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Sin embargo, enfrentan barreras para ejercer sus derechos por la ausencia de leyes y políticas que atiendan sus necesidades específicas generando de esa forma una reproducción sistemática de las discriminaciones y exclusión.
En el actual contexto de emergencia sanitaria, las mujeres dedicadas a la agricultura familiar han venido produciendo sin parar para prevenir el riesgo del hambre al que se vieron enfrentadas las familias de las comunidades debido a la inamovilidad y aislamiento social obligatorios.
Este aporte que contribuye al desarrollo sostenible no es tomado en cuenta y persisten condiciones de inseguridad jurídica sobre sus tierras, limitaciones en el acceso al agua y asistencia técnica, que se suman a la profundización de la división sexual del trabajo que extrae su tiempo sin medida en perjuicio de su propio cuidado, formación y participación en espacios públicos y políticos.
Esta realidad no se ha modificado a lo largo de la historia, por el contrario, las normas y leyes vigentes no abordan la situación del as mujeres rurales y carecen además de enfoque de género.
La Recomendación General N° 34 de la CEDAW insta a los Estados a establecer marcos institucionales, jurídicos y normativos con enfoque de género para garantizar que el desarrollo rural y las políticas agrícolas e hídricas se dé con la participación visible y activa de las mujeres.
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