18/01/2021

Golpe contra los derechos

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El 2 de agosto del 2019, el Ejecutivo envió al Congreso el pedido de aprobación del Acuerdo de Escazú, un pacto entre los países de la región para impulsar un instrumento para la protección ambiental desde un enfoque de derechos humanos. El Perú suscribió en setiembre del 2018 este convenio denominado oficialmente “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso desaprobó y archivó su ratificación por el Ejecutivo. Un golpe contra el propósito de mejorar los instrumentos de protección de los derechos humanos y los defensores.

El Acuerdo de Escazú busca proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y a la justicia en materia ambiental. Con ese fin fija estándares mínimos para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y en la gestión de recursos naturales.

Pese a su importancia, con 9 votos a favor y 3 votos en contra la posibilidad de firmar el acuerdo se archivó. Los enemigos de mejorar la defensa de derechos fueron los partidos Alianza Para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP), Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular (AP), Podemos Perú y Frepap.

El rechazo se dio pese a un abrumador apoyo de otras instituciones del Estado Peruano como la Cancillería peruana, el Gabinete Ministerial, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.