20/04/2021

La economía en las familias campesinas en el sur andino

Comparte en tus redes...
Share on Facebook
Facebook

El presente artículo se basa en los resultados preliminares de una investigación participativa sobre las comunidades del Sur Andino. En esta entrega, nos enfocamos en los aspectos económicos, tanto a nivel de las familias, como en la dimensión comunal.

Escriben: Raphael Hoetmer, Javier Alarcón y Eduardo Cáceres V.

En los últimos meses del 2020, se hizo la primera fase de una investigación participativa sobre las realidades y procesos sociales en las comunidades del sur andino en el contexto de la pandemia del COVID-19. Se aplicó más de 250 entrevistas en 25 comunidades de 12 provincias de Cusco, Apurímac y Puno. Esta es una segunda entrega del trabajo que ahonda en los aspectos económicos de las comunidades que han sido parte del estudio.  

Son diez instituciones las que han impulsado el trabajo, cuyos resultados son reveladores. Se trata de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Centro Bartolomé de Las Casas (CBC), Centro para el Desarrollo de los Pueblos – CEDEP AYLLU, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Broederlijk Delen, Asociación Entrepueblos, CooperAcción, Centro de Investigación y Capacitación Campesina (CICCA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

Una digresión previa: la “economía comunal”

El estudio, en su sección económica, indaga por las percepciones de los/as entrevistados/as sobre su economía y la producción en sus comunidades. Sin embargo, al revisar los datos, caímos en cuenta que hay dos dimensiones que suelen superponerse: la economía familiar y la economía comunal.

Sobre este último punto, un aspecto habitualmente invisibilizado es el costo (valor económico) del funcionamiento de la institucionalidad comunal. En el estudio hemos recogido referencias sobre tres dimensiones que queremos resaltar.

1.       La reproducción de prácticas comunitarias. Encontramos que entre un 78 y 81% de entrevistados/as, señalan que prácticas como la minka, el ayni o faenas colectivas se mantienen e incluso se han acrecentado en el contexto de la crisis. Además de que las mismas reproducen un sentido de acción colectiva, tienen una clara implicancia económica, en particular en la asignación de fuerza de trabajo y gestión de costos para la producción, la construcción o el mantenimiento de infraestructura.

2.       Las prácticas relacionadas a la ritualidad o espiritualidad de los/as integrantes de las comunidades. Si bien el estudio nos indica que hay diversas situaciones (en algunos casos las prácticas o rituales se mantienen, en otros disminuyen), la constatación de su persistencia implica también preguntarse por la dimensión económica de dichas actividades, lo que no se restringe a su rol en la recomposición de relaciones, vínculos y obligaciones, sino también indagar por ¿cuánto tiempo implica?, ¿qué tipo de recursos demandan?

3.       La gestión de recursos comunes. Las comunidades dedican un esfuerzo colectivo significativo a la gestión de tierras, agua, pasturas, bosques. En ese proceso, se dan conflictos con actores externos, particularmente -pero no exclusivamente- empresas extractivas. También se reportan conflictos internos entre las familias y con comunidades vecinas. Más recientemente, el acceso a recursos originados en las transferencias económicas, por acuerdos con algunas empresas mineras, ponen en el centro también nuevos recursos de una escala y naturaleza muy distinta a la que habitualmente han gestionado las instancias comunales.

La reflexión sobre estos aspectos de la vida comunal, desde una perspectiva económica, no siempre está en el centro de nuestras miradas. Cuando se propone, por ejemplo, que hay un debilitamiento de la cohesión interna de algunas comunidades, no se pone en el foco del análisis las causas, dificultades o retos que enfrentan las comunidades para financiar el funcionamiento adecuado de esas instancias. La dedicación de tiempo de comuneros y comuneras a asambleas y reuniones para tomar decisiones colectivas se pone en tensión cuando el tiempo resulta uno de los bienes más escasos, pues las familias requieren dedicarse a actividades que les generen ingresos.

Finalmente, si bien existe consenso sobre el hecho de que la dimensión propiamente productiva es responsabilidad de las familias y que las decisiones a este nivel corresponden al núcleo familiar, lo señalado antes, sobre el tema de recursos, permite reenfocar también esta afirmación.

Si la comunidad es la que regula el acceso a tierras, agua y pasturas (y también, en algunos aspectos, la distribución de la fuerza de trabajo), los resultados de sus decisiones tendrán necesariamente un impacto en las decisiones económicas de las familias. Por ejemplo, si un grupo de familias está interesado en intensificar sus sistemas productivos agrícolas, mediante el riego “tecnificado”, esa decisión será viable (o no) en la medida en que logren acuerdos con las instancias comunales sobre el acceso al agua o logren consensuar modificaciones en las reglas de uso de este recurso.

Entonces, el funcionamiento de las instancias comunales es un aspecto clave que puede funcionar como un facilitador para procesos de innovación en las prácticas agropecuarias o también como un factor de bloqueo de esas mismas innovaciones.

La importancia del funcionamiento de las instancias comunales para el fomento de innovaciones productivas aparece entonces como un factor clave, pero ello pareciera que no es valorado de la misma manera por las instancias públicas, que suelen descartar a la instancia comunal como interlocutora para las iniciativas de fomento de innovaciones productivas, y prefieren fomentar nuevas organizaciones. Tal vez aquí hay una pista que explique el limitado éxito de dichas iniciativas. Y una pista, también, para replantear las políticas públicas poniendo en el centro el fortalecimiento del funcionamiento de las comunidades, incluyendo la asignación de fondos públicos adecuados para ello.

Ocupación principal

La agricultura, la ganadería, la combinación de ambas, incluyendo a la ganadería alpaquera, son las ocupaciones principales identificadas en el estudio. Otras actividades como el comercio, construcción civil, o la minería tienen muy pocas menciones. Es probable que la valoración sobre qué es una “ocupación principal” haya sido un factor de invisibilización de otras actividades. Y en particular, en el caso de la minería, tal vez el prestigio “negativo” haya influido en el sentido de las respuestas.

Es relevante el autoreconocimiento de las mujeres en su condición de productoras y actoras económicas. Aunque la mención a “la casa” como ocupación principal tiene el segundo lugar a nivel general y el primer lugar al analizar los datos sólo de las mujeres entrevistadas. En las mujeres, la ocupación de “comerciante” gana relevancia y desplaza a la “agricultura y ganadería” como ocupación combinada. Asimismo, algunas de las ocupaciones novedosas (guía de turismo, gastronomía) corresponden también a las mujeres. Es interesante que en el caso de Puno, el señalamiento de “la casa” como ocupación principal es desplazado hasta el cuarto lugar.

En la entrevista indagamos también por la percepción de los/as entrevistados/as sobre la actividad principal de “la comunidad”. El 90% de las respuestas indica un claro predominio de las actividades agrícolas y pecuarias, con una diferencia de 12% a favor de las comunidades agrícolas. Pero al revisar los datos por comunidad, encontramos que comunidades como Tintaya Marquiri y Pacopata (en Cusco) o Vilcabamba en Apurímac, todas ellas área de influencia de grandes operaciones mineras, registran alrededor del 50% de respuestas para la categoría “otra actividad” (distinta a la agropecuaria), como la más relevante o característica de la comunidad.

La especialización productiva

Los sistemas productivos que implementan las familias campesinas siguen teniendo en la rotación y alternancia de cultivos una de las principales técnicas para la renovación de la fertilidad de los suelos. Si bien resalta la importancia de la papa como principal producto, aparece asociado a diversos cultivos: otros tubérculos, cereales, leguminosas, y maíz.

La importancia de la papa como cultivo articulador de los sistemas productivos es múltiple. Es un producto claramente comercial y los productos a los que se asocia en las respuestas como el maíz y los cereales también tienen importancia como mercancía. En el caso del maíz, su importancia viene como bien valioso en los circuitos comerciales monetarios es reconocida, así como su relevancia como bien transable en circuitos de intercambio y reciprocidad por su valor simbólico.

Un 32% también indicó a la ganadería, en sus diversas variantes (vacunos, combinación de vacunos y ovinos, camélidos), como la principal actividad de las comunidades estudiadas. Sólo aparecen de manera significativa dos nuevos productos (palta en siete comunidades y alcachofa en una), ambos vinculados tanto a mercados nacionales como de exportación. Si bien las menciones no son significativas numéricamente, que al menos siete comunidades señalen a la palta en combinación con otras frutas o crianzas como los cuyes como el principal producto, puede estar mostrando un cambio significativo en los sistemas productivos, con un énfasis importante en la producción comercial.

Nuevamente, la minería tiene sólo siete menciones como el “producto principal de la comunidad”. Es un número ligeramente superior a las respuestas registradas sobre la vocación productiva de la comunidad.

Al hacer una comparación intergeneracional, encontramos que las actividades no agropecuarias se incrementan significativamente en la generación actual frente a la importancia que dichas actividades tuvieron en las generaciones anteriores. Y ese incremento es mucho más marcado en aquellas comunidades con presencia de actividad minera, donde probablemente esté generando una demanda ocupacional en sectores diferentes al agropecuario.

Los efectos de la pandemia

Encontramos que actividades relevantes como las ferias no se realizaron, según el 66%. O que asistió muy poca gente (26%). Entre ambas menciones, más del 90% de entrevistados/as informa un efecto grave sobre, sino el principal, uno de los más importantes mecanismos de comercialización, y, por ende, de provisión de ingresos para las familias campesinas.

Si bien las comercialización de productos agrícolas, ganaderos, así como de insumos, y la contratación de jornales no se ha detenido, las respuestas indican que los los productos urbano industriales adquiridos por las familias como los insumos, aunque también las semillas (que suelen ser “importadas” de zonas semilleras especializadas) son más caros o más escasos. Mientras que los productos de las familias (ganaderos, agrícolas, o fuerza de trabajo) han disminuido su precio.

En el caso del precio de los jornales hay una diferencia marcada en el caso de Cusco: casi la mitad de las respuestas indica que los mismos han sido “más baratos”. Ello podría indicar un impacto significativo de la pandemia en el mercado laboral local, situación que no habría tenido un impacto similar en Apurímac y Puno. De manera similar, es en Cusco donde parece haberse dado un mayor efecto sobre los precios de semillas e insumos, pues casi el 90% indica que estos bienes han sido más caros/escasos. En Apurímac y Puno, si bien las referencias son menores, llegan a ubicarse alrededor del 50% de respuestas indicando este efecto.

Al proponer una comparación entre el 2019 y el 2020, un 66% informa que su producción estuvo dedicada principalmente al autoconsumo frente a un 22% que informa que dedican su producción a la venta.  Esta afirmación contrasta con lo encontrado en las secciones anteriores, es decir, una presencia preponderante de productos con una clara vocación comercial sea en circuitos monetarios como en circuitos de intercambio y reciprocidad. En Puno, se registra el mayor número de respuestas en ese sentido (83%), seguido de Cusco (78%) y Apurímac (56%).

El alto número de respuestas que afirman que la producción agropecuaria se dedica principalmente al autoconsumo, en Cusco y Puno, dos ámbitos donde al mismo tiempo se aprecia una fuerte articulación al mercado, podría indicar una especialización de la actividad agropecuaria hacia la producción de alimentos para las familias, mientras que los ingresos monetarios son obtenidos principalmente por otras actividades. En Apurímac, para cerca de un tercio de los/as entrevistados, la actividad agropecuaria es aún una fuente de ingresos relevante.

Por otro lado, al indagar por el destino de la producción de la actual campaña agrícola, las declaraciones que señalan que el destino principal de sus producciones será el autoconsumo se incrementan en 10% y en la categoría “envío a familiares en la ciudad” se da un aumento significativo de 4% al 11%, lo que estaría reafirmando la importancia de la economía campesina en el sostenimiento de estrategias de reproducción de unidades familiares extendidas que abarcan incluso los espacios urbanos, y la relevancia que esta estrategia tendrá en la recuperación de los efectos de la pandemia.

Finalmente, los/as entrevistados señalan con claridad que los principales problemas que enfrentarán para la siguiente campaña son la falta de capital y semillas, seguido del transporte y las bajas expectativas sobre los precios y las ventas. Si la falta de capital es el principal reto para la siguiente campaña, el principal destino del gasto familiar de los/as entrevistados/as que prevén para el 2020 y 2021 son los alimentos y los servicios de educación y salud. El gasto en la producción agropecuaria y en negocios se ubica en cuarto  y quinto lugar con una proporción de menciones significativamente menor.

En ese contexto, la respuesta del Estado aparece claramente insuficiente: si bien un 70% de entrevistados/as declaran que han recibido algún tipo de bono, la información disponible señala que se han entregado bonos con montos limitados y difícilmente las familias han accedido a más de uno. Y siendo la principal necesidad capital para enfrentar la siguiente campaña, quienes han accedido a proyectos  productivos son un número marginal.

Se hace patente la necesidad de una acción pública urgente orientada a revertir la descapitalización de las familias campesinas. Apreciamos que hay procesos de cambio e innovación en la economía de las familias y comunidades. Las experiencias exitosas deberían ser las principales referencias para las iniciativas de fomento de la innovación productiva y -como señalamos en la primera sección- las comunidades, como instancia colectiva, deberían posicionarse como un interlocutor clave para esos procesos.