Organismos electorales en el Perú: su debilitamiento y efecto jurídico en la democracia

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Escribe: Henry Jaersino Delgado Urrutia – Abogado, Magíster, docente Universitario y doctorando en Gobierno y Políticas Públicas.

El Perú, hasta el año 1931, no tenía un organismo rector de los procesos electorales. Mediante Decreto Ley N.° 7177, del 26 de mayo de 1931, que crea el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de devolver al país a la senda de la democracia. En aquella fecha se conoció a esta norma como el “Estatuto Electoral” y dispuso el voto obligatorio en el país para los varones alfabetos y mayores de 21 años y, además, estableció el Registro Electoral permanente, creándose la libreta electoral como documento de identidad y de sufragio.

Han transcurrido 90 años y pareciera que la “senda de la democracia en el Perú” es afectada por el debilitamiento de los organismos electorales, dado los acontecimientos actuales derivados del proceso eleccionario vivido en este 2021 (Año del Bicentenario).

El sistema electoral en el Perú actualmente se encuentra regulado en el Título IV: Estructura del Estado: capítulo XIII, artículo 176° de la Constitución Política, y tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresado en las urnas por votación directa. Bajo este marco constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) conforman el sistema electoral.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de mantener la democracia, a la fecha no tenemos un presidente de la República por el letargo de la ONPE en establecer los resultados de la votación y lo dilatado en resolver los recursos de nulidad planteados por los postulantes a la presidencia ante el JNE. Esta circunstancia en tiempos de pandemia trae consigo un “debilitamiento institucional” que afecta a la ciudadanía y a la “democracia”.

Las puestas en duda de los organismos electorales sean porque aparecen en el padrón de electores personas fallecidas y/o supuestas suplantaciones de personas en el acto de sufragio, o los vicios pretendidos a través de diversos recursos de nulidad y la falta de decisión oportuna, manifiesta una debilidad institucional que esperemos no lleve a una crisis de gobernabilidad. Desde 1930 hasta 1968, los gobiernos en el Perú no lograron completar su periodo y fueron derrocados por un golpe militar, aunque entre 1968 a 1980 hubo un régimen militar con propuestas de orientación “nacionalista y antioligárquica”, como se autodefinían.

En el Perú, en el año de su Bicentenario, debemos ser enfáticos en señalar que las instituciones democráticas y su régimen constitucional han tenido y aún tienen una vigencia más formal que real, demostrado en que hasta la fecha (de cierre de este artículo) no se ha proclamado al presidente de la República para el periodo gubernamental 2021-2026. Y es que se han interpuesto acciones constitucionales, denominadas en el ámbito jurídico “Garantías Constitucionales”, como una acción de amparo para “que se declare nula la cuestionada elección del 6 de junio de 2021 y asegure la vigencia democracia en nuestro país en el año de su bicentenario”, presentada por un ex vocal supremo.

Y un hábeas data “para acceder a la lista de electores con firmas y huellas digitales”, presentada por una ex congresista Milagros Takayama (que evidentemente no han sido aún resueltos), hasta una “presunta” carta firmada por varios militares peruanos retirados que exigen al Ejército su “levantamiento” en contra de “un presidente –supuestamente- ilegal e ilegítimamente proclamado”. Estas circunstancias nos muestran lo débil y frágil que es aún nuestra democracia, pese a que se encuentra ad portas de cumplir 200 años de República.

Frente a este panorama sombrío del futuro de nuestro país, la incertidumbre de conocer quién gobernará el próximo quinquenio, una pandemia galopante que golpea la vida y salud de la ciudadanía, recursos jurídicos que ponen en duda la legitimidad de quien vaya a gobernar el Perú, falta de claridad de los organismos del sistema electoral, pone en riesgo la democracia y debilita su legitimidad institucional. Queda por tanto ser reflexivos y reevaluar las funciones de los organismos que conforman el sistema electoral para que a posteriori, en futuros procesos eleccionarios, no se caiga en una “pretendida ilegitimidad” –denunciada por intereses subrepticios- que ponga en riesgo y debilite el “sistema democrático” que persigue la ciudadanía a 200 años de República.