El nuevo gobierno y el curso constituyente

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La demanda de una nueva Constitución apareció en el marco de una crisis y el agotamiento de una forma de ejercicio del poder. Se ha profundizado la insatisfacción generalizada frente al sistema político y la desafección frente a los mecanismos vigentes de representación. Corresponderá a los movimientos sociales y políticos trabajar en este propósito.

Escribe: Eduardo Cáceres Valdivia – Filósofo e integrante de APRODEH.

Con la proclamación del profesor Pedro Castillo como presidente del Perú se abre un nuevo momento en la crisis política que vivimos desde fines del 2017. Recordemos que, en diciembre de dicho año, para sortear un voto de vacancia, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori quien cumple condena por graves violaciones a los derechos humanos.

Lo que vino luego fue un intenso proceso de movilización ciudadana que llevó a la renuncia de PPK, su reemplazo por el vicepresidente Martín Vizcarra, la confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo, intentos fallidos de reforma política así como de adelanto de elecciones, la disolución del Congreso en septiembre de 2019, elección de un nuevo Congreso, nueva polarización de este con el Ejecutivo, vacancia de Vizcarra, masivas movilizaciones ciudadanas contra el golpe congresal, destitución del gobierno espurio de Manuel Merino en menos de una semana (noviembre del 2020), elección de Francisco Sagasti como presidente del Congreso e, inmediatamente, como presidente de la república.

Todo esto en el marco de la pandemia global que a pesar de la rápida respuesta del Gobierno -decreta estado de emergencia desde el 16 de marzo del 2020- ha tenido efectos catastróficos sobre la salud, la vida, la economía y la educación.

La nueva Constitución

La conjunción de la crisis sanitaria y sus secuelas económico-sociales con la crisis política desencadenó procesos subjetivos y sociales que han modificado el curso de la vida cotidiana y de la política peruana. No solo se ha profundizado la insatisfacción generalizada frente al sistema político y la desafección frente a los mecanismos vigentes de representación.

Simultáneamente, se ha abierto espacio para preguntas más de fondo en torno a la relación entre la precariedad y las carencias experimentadas con las características fundamentales del modelo económico vigente. La brutal caída en la producción y el empleo, el rápido colapso de los sistemas públicos de salud, la generalizada precariedad y el incremento en los indicadores de pobreza, han puesto en cuestión la mayoritaria aceptación de que las políticas neoliberales son la única opción viable para lograr crecimiento económico y bienestar.

Los cambios antes mencionados han llevado al centro de la agenda política nacional el tema constitucional. Es decir, el asunto de las reglas fundamentales para la convivencia entre peruanas y peruanos, por un lado; el asunto del proyecto de sociedad que compartimos para el mediano y largo plazo, por otro. A la base, subyace la percepción de que lo vivido en estos años de crisis tiene mucho que ver con la Constitución que se redactó y aprobó en 1993 para darle legitimidad al gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, tras el golpe del 5 de abril de 1992, evento que destruyó las instituciones de la Constitución de 1979.

Si alguna consigna se generalizó en las movilizaciones de noviembre del 2020 fue la que apuntaba a reclamar una nueva Constitución. La importancia del tema en el proceso electoral que ha culminado ratifica el lugar central que ocupa el tema en la agenda política que se abrirá hoy. La coincidencia de esto con la celebración del bicentenario de la fundación de la República le añade fuerza simbólica.

El ejemplo chileno

No es casual que la masificación de la demanda constituyente en el Perú coincida con una fase mucho más avanzada de un proceso similar en Chile. Allí, los días 15 y 16 de mayo de este año se eligió a 155 integrantes de la Convención Constituyente, y el 4 de julio se procedió a su instalación, presidida por una líder indígena.

Tanto en Chile como en Perú los procesos constituyentes apuntan a saldar cuentas con las constituciones heredadas de regímenes autoritarios y neoliberales. Tardíamente, ambos países se suman a lo que se ha denominado el neoconstitucionalismo latinoamericano, es decir, a los procesos de cambio que se abrieron a inicios del nuevo siglo en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia.

En cada uno de ellos, procesos de movilización social y ciudadana pusieron en cuestión los fundamentos de regímenes en crisis que habían intentado resolverlas a través de fallidas políticas neoliberales y represivas. La diferencia entre estos países y esta dupla de “rezagados” en el proceso (Chile y Perú) es que aquí la implementación del neoliberalismo sí arraigó y produjo cambios estructurales. Por ello la salida está siendo más prolongada y compleja.

Hay, sin embargo, lecciones que podemos extraer de las experiencias previas de procesos constituyentes en América Latina. El proceso constituyente no es un asunto legal, meramente formal o electoral. No es un asunto de expertos constitucionalistas o de negociación entre representantes de intereses corporativos. Un proceso constituyente está íntimamente vinculado con dos asuntos eminentemente políticos: la existencia de una nueva correlación de fuerzas en la sociedad y la presencia de una voluntad hegemónica capaz de articular una sólida mayoría en torno a una visión de país para el mediano y largo plazo.

La crisis de lo viejo

En todos los casos mencionados, la demanda de nueva Constitución apareció en el marco de una crisis muy profunda de las respectivas sociedades. Es decir, en el marco del agotamiento de una forma de ejercicio del poder, de una correlación de fuerzas que pudo haber durado décadas pero que ya no daba más.

Sin crisis de lo viejo no emerge lo nuevo. Hasta qué punto debe llegar la crisis para que se rompan las barreras legales y mentales que bloquean un proceso constituyente dependerá de las resistencias de los viejos poderes al cambio. Fue relativamente rápido en Bolivia: entre la guerra del agua (2000) y la constituyente (2006) pasaron seis años.

En Chile la ruptura se inició con el movimiento de los estudiantes secundarios (los “pingüinos”) el 2006 y la constituyente se ha instalado 15 años después, a pesar de que fue una de las propuestas con las que Michel Bachelet ganó su segundo gobierno (2014-2018) el tema no avanzó en Chile sino hasta el desencadenamiento de las masivas movilizaciones a partir de octubre del 2019.

En nuestro país si bien la demanda de cambio constitucional se planteó en el momento mismo de la caída de Fujimori (2000), esta se diluyó entre anteproyectos parlamentarios al ritmo del deterioro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Su presencia ha sido intermitente en el debate político y en las propuestas de gobierno, corriendo la misma suerte que la “gran transformación” prometida y traicionada por Ollanta Humala (2011-2016). Es recién ahora que vuelve con fuerza y se masifica.

Tampoco es suficiente la existencia de un amplio movimiento de rechazo al viejo régimen y un extendido anhelo de cambio. A la diversidad histórica de sociedades como la peruana se ha sumado, en las décadas recientes, un proceso de fragmentación social que se expresa en multiplicidad de identidades e intereses, muchas veces compitiendo entre ellos en los mismos espacios.

En este contexto, la demanda constituyente tiende a identificarse con la demanda por tener una presencia directa de cada uno de los cientos de articulaciones específicas que existen en la sociedad. Una asamblea constituyente así conformada daría nacimiento a un texto constitucional incoherente y quizá hasta contradictorio.

Hace algunos meses, el IEP preguntó en su encuesta mensual acerca de las propuestas a incluir en una nueva Constitución. Las respuestas no eran necesariamente progresistas, uno de los primeros lugares lo ocupó la propuesta de incluir la pena de muerte. Para evitar esto, se requiere que emerja una voluntad hegemónica capaz de articular diversas identidades e intereses. Es decir, una voluntad política capaz de proponer un destino común en el cual todos reconozcan el mejor espacio para desarrollar su proyecto particular o comunitario.

En otros momentos de nuestra historia estos proyectos hegemónicos se plasmaron en partidos históricos, ahora no es así. Corresponderá a los movimientos sociales y políticos existentes hoy encontrar las vías para solucionar esta carencia. Sin hegemonía no hay transformación histórica; de la suma de plataformas particulares no sale un proyecto histórico de país.

Lograr un texto constitucional que exprese un acuerdo histórico que refunde la República, que haya sido discutido y apropiado por millones de ciudadanos y ciudadanas, representados directamente en una asamblea constituyente que no esté restringida a la representación vía partidos políticos, implica construir una coalición política y social muy amplia.

Se puede ganar una elección por algunos votos de diferencia. Una nueva Constitución que marque un nuevo rumbo para el país requiere una mayoría contundente. Tal fue el caso de los procesos constituyentes previos, incluyendo el chileno. Y, aun así, tal como también sucedió en aquellos países, se tendrá que confrontar maniobras y conspiraciones de fuerzas muy poderosas que no quieren el cambio en nuestro país.

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