Temas centrales como los de la revitalización de la agricultura familiar y la promoción de la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria, la gestión social del agua, la autonomía energética y el uso de recursos renovables, el turismo sostenible, la recuperación y protección de los ecosistemas de bosques andinos y tropicales, y el impacto, mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros, constituyen parte de esa agenda a consensuar y negociar con el gobierno central.
Escribe: Carlos Herz. Director general del Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).
Los doscientos años de vida republicana independiente en el Perú no han superado la herencia colonial; por el contrario, la han mantenido y reproducido bajo formas diversas. Si bien han existido periodos democratizadores donde se lograron derechos y reconocimientos a los peruanos más excluidos, estos luego devinieron en situaciones casi permanentes de corrupción, mediocridad y frustración colectiva.
Buena parte de esta etapa republicana se ha caracterizado por las continuas confrontaciones violentas; la sucesión de golpes militares y de regímenes caudillistas; el centralismo agobiante, principalmente limeño; la escasa y débil presencia del Estado en la mayor parte de las zonas rurales, controlada hasta buena parte del siglo XX por el gamonalismo y sistemas feudales; y un precario sistema capitalista que combina componentes de modernidad provenientes del neocolonialismo y la globalización, con rezagos de estructuras socioeconómicas precedentes, aplicados disciplinadamente desde los noventa por los mandatos del llamado Consenso de Washington, incluso con prácticas económicas ilícitas y corruptas, entre otras particularidades. Sin embargo, lo central a remarcar es la continuidad de lógicas colonialistas que han trascendido la economía, la política, la cultura y la sociedad.
La conmemoración del bicentenario obliga a repensar qué proyecto nacional nos proponemos como país democrático e intercultural en un contexto andino amazónico, pero también globalizado, compartiendo lo que poseemos como potencialidades y riquezas culturales y naturales desde un sentido de correspondencia, equidad, inclusión y tolerancia, componentes sustanciales para construir democracia y ciudadanía plenas. Se trata de garantizar el ejercicio cabal de los derechos de las personas y de cerrar las complejas brechas existentes.
Debemos proponernos aportar con las capacidades institucionales de la sociedad civil para llevar a cabo iniciativas que permitan a los hombres y mujeres rurales y urbanas de esta parte importante del territorio nacional, participar del reconocimiento de las implicancias y complejidades de este bicentenario, y de las tareas que tenemos por delante para que podamos contribuir a la construcción de un Perú diferente y realmente democrático. Una nación diversa e inclusiva, capaz de reconocer sus múltiples manifestaciones culturales y sociales, con un territorio que aprovecha plena y sosteniblemente sus potencialidades naturales, y que acoge a sus habitantes en igualdad de condiciones y beneficios.
Estos desafíos vistos desde el contexto de la macrorregión sur requieren ser concretados con una perspectiva descentralista, que consensué las prioridades de una agenda capaz de articular y movilizar a las diversas institucionalidades públicas y de la sociedad civil, los emprendimientos privados, la academia y la iglesia. Esto implica construir mensajes comunes y generar compromisos de acción para la construcción de condiciones políticas, económicas, productivas y sociales que hagan posible que, desde nuestro querido sur, mujeres y hombres seamos capaces de convertir las reflexiones de la conmemoración de dos siglos de República, en esa oportunidad de transformación hacia un país con desarrollo sostenible, equidad, inclusión y justicia social.
Temas centrales como los de la revitalización de la agricultura familiar y la promoción de la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria, la gestión social del agua, la autonomía energética y el uso de recursos renovables, el turismo sostenible, la recuperación y protección de los ecosistemas de bosques andinos y tropicales, y el impacto, mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros, constituyen parte de esa agenda a consensuar y negociar con el gobierno central.
El Bicentenario nos encuentra con un nuevo gobierno, cuya gestión se presenta como esperanzadora para la mayoría del país, particularmente de la macrorregión Sur, cuya población votó largamente por el candidato ganador. Es una oportunidad para generar desde estos territorios un diálogo con las autoridades nacionales electas que permita, a manera de justa reivindicación y reciprocidad, retomar el camino de la descentralización con bases seguras, no solo desde la propuesta de agenda señalada sino exigiendo garantía de calidad en la gestión pública, la plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, y la consolidación de prácticas ciudadanas y democráticas, entre otros aspectos que permitan fortalecer la gobernanza territorial.
Corresponde, igualmente, no solo un compromiso de cooperación sino una actitud vigilante y exigente para que el nuevo gobierno responda y cumpla con realismo, transparencia y probidad con las expectativas que millones de mujeres y hombres han cifrado en la nueva gestión. Más aún si el escenario político no se presenta muy halagüeño y, como es previsible, puede mostrarse hostil frente a los necesarios cambios que el pueblo reclama.
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