23/09/2021

El difícil camino hacia una nueva Constitución

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Ninguna de las doce Constituciones que tuvo el Perú ha surgido de movimientos socialistas o de izquierda. El miedo al cambio sigue siendo el instrumento de los opositores para no mejorar las reglas de juego y dotar al mercado de responsabilidad social. Un nuevo pacto social implica también romper los oligopolios que encarecen los productos de primera necesidad.

Escribe: Alberto García Campana – Catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

El desgaste provocado por casi una década de gestión, la crisis económica, el creciente endeudamiento externo y, sobre todo, la contundencia del paro general del 19 de abril de 1977, pusieron contra las cuerdas al gobierno de las Fuerzas Armadas que se había iniciado el 3 de octubre de 1968 con el general Juan Velasco Alvarado a la cabeza y prosiguió a partir del 28 de agosto de 1975 con el también general EP Francisco Morales Bermúdez.

Los militares, mayoritariamente cuestionados por la población, no estaban, sin embargo, dispuestos a entregar directamente a un presidente civil, por lo que decidieron establecer un puente que fue la Asamblea Constituyente. A ella se le dio el encargo de redactar una nueva Carta Magna, la que sustituyó a la que se mantenía vigente desde 1933.

La Asamblea Constituyente de 1978 estuvo mayoritariamente conformada por representantes del Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano y la izquierda. Los rostros más visibles de estas fuerzas políticas fueron entonces Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Bedoya Reyes y Hugo Blanco Galdós.

Con cálculo político, Acción Popular decidió no participar en las elecciones para la Asamblea Constituyente, abstencionismo que le dio resultados favorables dos años después, ya que el candidato Fernando Belaunde Terry fue ungido en primera vuelta como presidente del Perú, en los comicios del 18 de mayo de 1980.

Entonces, se podría afirmar que la Constitución Política de 1978 responde a las posturas, intereses y cálculos del Partido Aprista y del Partido Popular Cristiano. La izquierda, con Blanco Galdós a la cabeza, optó por la confrontación política antes que por la incorporación de contenidos en la nueva Carta Magna.

Un poco mejor que la de 1933

Si bien es cierto que la Constitución Política aprobada en 1979 no puede ser calificada como “progresista” o de avanzada, sí tiene notables avances con respecto a la Carta Magna aprobada en 1933. Por ejemplo, en la del 79, se incorpora el reconocimiento al derecho al voto de todos los peruanos mayores de 18 años de edad.

La Constitución Política promulgada el 23 de marzo de 1933 por el entonces presidente Luis M. Sánchez Cerro, establecía en su artículo 33 que “gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir y, en elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de edad o casadas”.

Es clara la alusión a los analfabetos, lo cual resulta absurdo en un país como el Perú que, hacia 1930, tenía una numerosa población indígena que no sabía leer ni escribir. Igualmente, era atentatoria al derecho de sufragio de las mujeres, pues se establece que ellas solamente podían participar en elecciones municipales, quedando vetadas para elegir al presidente de la República o a los diputados de la nación.

La Constitución Política de 1979 corrigió esos despropósitos y acogiendo las corrientes y tendencias del momento, propuso el conjunto de normas que apuntaban a la inclusión.

Las condiciones sociales, económicas y políticas determinaron la necesidad de promover la incorporación de reformas a la Carta Magna de 1979, pero la decisión del gobierno encabezado por Alberto Fujimori, quien disolvió el Congreso de la República el 5 de abril de 1992, no fue adecuar la Carta Magna a la nueva situación del Perú, sino liquidar los avances logrados en materia social para aplicar a rajatabla las recetas neoliberales cuyas consecuencias se sufren hasta hoy.

Una de las cosas que podría eliminar una nueva Carta Magna son los oligopolios, grupos económicos que acaparan los mercados, como el caso de Alicorp.

La manzana de la discordia

Entre las 12 constituciones políticas que hasta hoy han regido la vida del país, no hay diferencias en cuanto respecta a los aspectos declarativos, pues todas ellas consideran a la persona como el fin supremo de la sociedad, garantizan las libertades individuales y respetan la libertad de expresión.

Es en el capítulo económico en el que se manifiestan las diferencias que en los últimos años han generado numerosos conflictos sociales. En la parte denominada Principios Generales del artículo 111 de la Constitución Política de 1978, se establece que “el Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan las actividades de los demás sectores”.

La Constitución de 1993 señala que “el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura bajo economía social de mercado”.

No es solamente cuestión de términos, sino de interpretación y de aplicación. En la Carta Magna de 1979, el Estado formula, es decir, establece y da cumplimiento a las políticas de desarrollo. La Constitución surgida del autogolpe fujimorista reduce el rol del Estado a la orientación de las políticas adoptadas principalmente para promover la inversión privada.

En el apartado de Regulación Económica, la Carta Magna de 1970 señala que “están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos en la actividad industrial y mercantil”, mientras que en la de 1993 se modifica tal declaración y se la sustituye por la siguiente: “El Estado facilita y vigila la libre competencia y combate todas las prácticas que la limiten”.

Para los defensores de la Constitución nacida del autogolpe de 1992, este instrumento ha permitido el crecimiento económico del país, mientras que para sus detractores ese conjunto de normas ha abierto mayores brechas sociales y es el origen de las permanentes protestas.

Monopolios y oligopolios encubiertos

La absorción de las pequeñas farmacias y boticas por parte de corporaciones transnacionales ha provocado, en la práctica, la instauración de formas monopólicas en el rubro de medicamentos. Ya antes había sucedido, en medio de negociaciones secretas, en el negocio de las bebidas alcohólicas y las aguas gaseosas. Los tiempos de las peleas, incluso físicas, entre promotores de las cervezas Cusqueña y Cristal han dado paso ahora a fraternos entendimientos, todos alineados bajo las banderas de las transnacionales.

En la producción de harinas y sus derivados, es evidente que también hay prácticas oligopólicas, lo cual ha generado en semanas recientes, el incremento concertado de precios, al igual que en los aceites.

Y las prácticas monopólicas han adoptado formas de concentración en la propiedad de los grandes medios de comunicación capitalinos. Estas son también algunas consecuencias del neoliberalismo que es el soporte de la Constitución vigente.

Camino lleno de obstáculos

Aun cuando seguramente no conocen el origen ni los propósitos de la Constitución Política aprobada en 1993, decenas de personas, mayoritariamente jóvenes, han salido a las calles a defender esa Carta Magna, con el argumento que ella es garantía del desarrollo y de la prosperidad, y que sustituirla generará el caos y el retroceso en materia económica, tratando de convencer a la gente que plantear una nueva Constitución es “hacerle el juego al comunismo”.

Como se ve, ninguna de las doce Constituciones que tuvo el Perú desde el inicio de su vida republicana ha surgido de movimientos socialistas o de ideologías de izquierda. El miedo al cambio parece seguir siendo el instrumento que agitan los que se oponen a mejorar las reglas de juego y a dotar al mercado de la responsabilidad social que permita mitigar los efectos de la pobreza.

La correlación de fuerzas en el Congreso de la República impide, por el momento, toda posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente que le entregue al país una nueva Carta Magna. La oposición a una nueva Constitución Política está en el empresariado, en los medios de comunicación y en el Parlamento.

Quienes levantan aún las banderas de una Asamblea Constituyente, han demostrado escaso peso político en el Congreso de la República, casi nula presencia en los medios y, por el momento, un inmovilismo social que puede acabar con el sueño de una nueva Carta Magna.

Por ello, probablemente entre tiras y aflojas, entre concesiones y confrontaciones, se termine maquillando la Constitución vigente, incorporando algunas reformas y aplicando el principio de “cambiar algo para que nada cambie”.

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