23/09/2021

Chumbivilcas: La complejidad del conflicto socioambiental en el corredor minero

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En septiembre del 2019, Oefa emitió un informe sobre los impactos y afectaciones ambientales en el corredor minero provocado por el transporte de minerales. Además, las comunidades acusan al Gobierno de haber usurpado sus tierras para construir la vía. El 28 de agosto se instaló la mesa de diálogo.

Escribe: Helio Cruz – Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

Como resultado del proceso electoral, en el Perú hemos sido testigos de la forma de exclusión histórica a las comunidades campesinas y nativas. Les imputan ser ignorantes porque votaron por un rondero y profesor rural en vez de hacerlo por una candidata a su medida social, propio de ciudadanos aspirantes a primera categoría, como recuerdo que algún extraño dijo.

En la actualidad se ha hecho notable la forma de racismo estructural para mantener la exclusión social a los pueblos originarios.

Causas del conflicto

Desde el 2016, las comunidades campesinas originarias se encuentran exigiendo mayor transparencia y participación en las decisiones del Estado porque afectan sus territorios. El Estado hizo oídos sordos y desde el 2018 -hasta antes de la declaratoria de situación de pandemia- la población de Chumbivilcas fue sometida a convivir con la declaratoria de estado de emergencia y la militarización de todo el corredor vial minero, que buscaba brindar seguridad al tránsito de camiones mineros.

La madre del conflicto es la Resolución Ministerial 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que dispuso la “reclasificación definitiva de rutas”. Esta vía fue declarada como categoría nacional por el MTC, disponiendo arbitrariamente de tierras de propiedad privada de las comunidades campesinas de Chumbivilcas; es decir, el ministerio se apropió de tierras sin realizar el procedimiento de consulta previa, así como la adquisición o expropiación de tierras comunales.

Esta resolución tiene, entre otros argumentos, el considerando octavo que señala: “[…] se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los Gobiernos Regionales de Apurímac y Cusco, la Municipalidad Provincial de Cotabambas y la Minera Las Bambas S.A., cuyo objeto es desarrollar el proyecto denominado Proyecto Corredor Vial Apurímac – Cusco […]”.

Así mismo, en septiembre del 2019, Oefa emitió un informe sobre los impactos y afectaciones ambientales en el corredor vial minero provocado por el transporte de minerales. Oefa ordenó que el Estudio de Impacto Ambiental de MMG Las Bambas incorpore el corredor vial como componente minero.

Entonces, la falta de atención a los impactos directos ha generado como último recurso la protesta social, que lamentablemente fue reprimida por las fuerzas policiales.

Las protestas en Chumbivilcas

El pasado 23 de julio dio inicio a un paro preventivo de 48 horas. El 24 de julio se hizo compleja la protesta en la comunidad originaria de Huininquiri por la abrupta represión con el uso desproporcional de la fuerza policial o la criminalización en contra de integrantes de los pueblos originarios. 

La represión dejó como resultado al menos 17 personas con afectaciones a la salud a causa de los perdigones y bombas lacrimógenas que impactaron en sus cuerpos, y por la agresión física. Este evento terminó con la denuncia a dirigentes y pobladores por el delito de disturbios que se tramita en la fiscalía de Chumbivilcas.

El 28 de agosto se instaló la mesa de diálogo que apunta a resolver el conflicto. Las comunidades esperan soluciones concretas antes de diciembre de este año.

Acuerdos y falta de implementación

Ante la situación cada vez más compleja de la protesta, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, llegó el 2 de agosto al denominado corredor minero sector Muyuorcco, donde se comprometió a resolver el conflicto y pidió un plazo de 60 días.

Aquel día dijo que la solución se debe concentrar en forma provincial con proveer educación, salud, acceso a internet, reducción de pobreza, entre otros, lo que en realidad parece inalcanzable, porque son problemas que tienen una mayor complejidad por la continua política de exclusión y la falta de inversión por parte del Estado.

Las comunidades aceptaron el plazo para la instalación de la mesa de diálogo en periodos razonables a desarrollarse: en la primera semana la instalación de mesa de diálogo para señalar los puntos en agenda, en el primer mes la primera evaluación y ver posibilidades viables antes de los 60 días.

Sin embargo, 11 días después del 2 de agosto las comunidades no recibían información o noticias para iniciar con el proceso de diálogo que fue promesa del premier en Chumbivilcas. A esto se suma el alejamiento del diálogo de la empresa minera MMG Las Bambas con quienes se tenía ya un nivel de avance de negociaciones o conversaciones sobre el resarcimiento de impacto en el corredor vial minero.

Por esta razón las comunidades decidieron retomar su medida de protesta sobre el corredor vial minero con la misma agenda. Exigieron al primer ministro que cumpla con sus compromisos y se instale la mesa de diálogo con la mayor apertura. Ante este nuevo escenario, el primer ministro Bellido contestó a los periodistas que en el corredor minero se impulsa esta protesta motivada por asesores y abogados azuzadores, pretendiendo deslegitimar las demandas de las comunidades.

Luego de las declaraciones del premier, las comunidades respondieron cuestionándolo y exigiendo el mayor de los respetos, así como demandaron que cumpla sus compromisos.

Ante este escenario a la PCM no le quedó otra salida que emitir un comunicado señalando fecha de reunión de inicio de la mesa de diálogo.

El 21 de agosto, en la comunidad originaria de Cancahuani, del distrito de Ccapacmarca (Chumbivilcas), se desarrolló la reunión para fijar los puntos sobre la agenda. Hubo cinco acuerdos.

·        Que la PCM, en el marco de sus atribuciones, emita una resolución conformando la mesa de dialogo del corredor vial minero.

·        Se inicie con el análisis de nulidad de la Resolución Ministerial 372 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la que reclasifica a vía nacional.

·        Abordar sobre las afectaciones ambientales en el corredor vial minero, así como evaluar las posibles compensaciones e indemnizaciones a las 8 comunidades. Además, se implemente lo ordenado por Oefa para que las comunidades que habitan al entorno del corredor vial minero sean consideradas como área de influencia ambiental directa.

·        Como parte del ejercicio del derecho a beneficios de la actividad extractiva se tiene la pretensión de formar parte de la cadena de valor en forma de proveedores de bienes y servicios de la empresa minera Las Bambas.

·        Se conforme el subgrupo de trabajo de justicia y derechos humanos para abordar puntualmente las cuestiones de criminalización de la protesta como resultado de la represión o uso desproporcionado de la fuerza en la comunidad de Huininquiri, así como evaluar reparaciones para quienes resultaron víctimas del enfrentamiento.

Comunidades esperan soluciones

Luego de este primer acuerdo -que fijó los puntos sobre los que se va a trabajar en la mesa de diálogo y los objetivos que se discutieron en cada uno de ellos- se acordó que el sábado 28 de agosto, en la comunidad originaria Huininquiri, se haga público la resolución del Estado que reconoce la comisión de la mesa de diálogo y los subgrupos de trabajo. Así cómo que reconozca que la participación en el diálogo será de los representantes de las comunidades originarias, quienes -en el marco de su autonomía- convocarán a asesores para este proceso. La comisión de diálogo también la integrarán los diversos ministerios del Estado como Energía y Minas, Ambiente y Justicia y Derechos Humanos.

Como se puede ver, este conflicto socioambiental tiene una connotación de complejidad, por tanto, los funcionarios del Estado deben comprender bien el estado de la situación, saber quiénes son los interlocutores o defensores de las comunidades originarias, así como analizar el contenido de la agenda para ser atendida con una propuesta de ruta real y no ideal.

También se debe considerar los informes que el Ministerio de Energía y Minas tiene como parte de los avances del diálogo sostenido desde el 2019 para comprender la magnitud del problema, que el mismo Estado generó al reclasificar en una vía nacional con tierras de propiedad de la comunidad sin antes realizar procedimientos de adquisición o expropiación.

El principal beneficiario con esas medidas fue MMG Las Bambas, que a través de un Informe Técnico Sustentatoriocon aprobación del sector estatal, fue aprobado la variación de mineroducto a transporte terrestre en camiones mineros sin contar con la debida implementación del proceso de consulta previa y de la información sobre los impactos o afectaciones ambientales que en la actualidad son evidentes en los territorios que habitan en el recorrido del corredor vial minero.

Las comunidades esperan soluciones a la problemática con respeto a sus autonomías y derechos colectivos, contenidos en distintos instrumentos legales de índole nacional e internacional.

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