31/03/2023

Editorial: Sin equilibrio de poderes, no hay democracia

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El Perú lleva cinco años de constante inestabilidad política. Entre julio de 2016 y julio de 2021 el país vivió una de sus peores crisis políticas -a la que se sumaron la pandemia y la crisis económica- que condujo a la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski; a la disolución del Congreso por Martín Vizcarra y a la vacancia de este a manos del Congreso complementario; a la asunción y renuncia forzada de Manuel Merino de Lama en menos de dos semanas, y la transición turbulenta con Francisco Sagasti.

La campaña electoral agravó esta tensión y llegó a tal nivel que los perdedores intentaron con leguleyadas desconocer las elecciones, alegando sin pruebas que hubo “fraude en mesa”. Aunque la cabeza de esa “resistencia”, Keiko Fujimori, admitió a regañadientes su derrocha por tercera vez consecutiva y reconoció a Pedro Castillo como presidente, sus seguidores y otros grupos conservadores siguen insistiendo en la idea del “fraude” y azuzan la vacancia presidencial.

Lo peligroso de esto es que esos pedidos tienen eco en un grupo de congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Acción Popular (salvo algunas excepciones). A mediados de octubre, este parlamento aprobó por insistencia con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones la ley que regula el ejercicio de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. 

La norma ya está vigente, pese a que la modificación de la cuestión de confianza se hizo mediante una ley ordinaria, cuando debería haber pasado por un proceso de reforma constitucional en dos legislaturas ordinarias. La norma es claramente inconstitucional por esa razón y porque afecta el principio de balance de poderes.

La interpretación hecha de la cuestión de confianza señala que el Ejecutivo solo puede usarla en materias de su competencia y no en temas relativos, por ejemplo, “a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.

Los 79 congresistas ignoraron que el Tribunal Constitucional ya estableció que la Constitución no coloca ningún límite a las materias sobre las que puede hacer cuestión de confianza y que la denegación de esta puede ser de manera fáctica. Y es que de esa manera se garantiza el equilibrio de poderes. Así las cosas, el Ejecutivo queda bastante debilitado porque no puede presentar cuestión de confianza sobre ningún proyecto de ley ni sobre solicitudes de que no se censure a ministros. A esto se suma -revelación hecha por El Foco- que un grupo de empresarios está impulsado la vacancia presidencial financiando acciones de protesta de sectores como los transportistas de carga pesada y financiando medios de comunicación. La maquinaria vacadora está en marcha.